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Autora: Lucía Tornero Saiz (Estudiante de 5º curso del título de Doble Grado en Economía y Derecho, FCEE, UCLM)

Si bien los cambios de paradigma económico generan creación de riqueza para unos, también suponen la desaparición de actividades económicas para otros.

El avance tecnológico y la automatización están destruyendo millones de empleos y ocasionando numerosos enfrentamientos políticos, sociales y religiosos. De este modo, los políticos no solamente deben encontrar fórmulas para hacer frente a la creciente desigualdad y envejecimiento de la población, también deben planificar la transición hacia una economía digital.

Hasta ahora, los políticos han intentado recuperar tejido industrial con medidas proteccionistas, imposición de penalizaciones por deslocalización de la actividad industrial y subvenciones o deducciones fiscales para prácticas opuestas a las anteriores. Pero dichas fórmulas, como los ya famosos, aranceles a la importación de bienes de Trump a productos mexicanos o chinos, generarán represalias.

De hecho, los impuestos sobre la deslocalización y las deducciones fiscales son de dudosa eficacia en un mundo con libertad de movimiento de capitales en el que las empresas aprovechan para cambiar de domicilio fiscal y reubicar parte de su actividad productiva.

Todo ello repercute en la población generando una inseguridad que desata sucesos como el Brexit, la elección de Donald Trump y el auge de partidos populistas antiglobalización en Europa (Frente Nacional, Syriza o Podemos).

No solo es necesario que el problema se aborde a niveles nacionales. La UE debe también idear soluciones para evitar el creciente enfrentamiento entre los individuos del mundo rural-industrial. Así, mientras los primeros parecen cautivados por mensajes patrióticos debido a la dificultad de adaptación a la nueva situación, los segundos se encuentran embaucados por la innovadora economía digital.

Por otro lado, la revolución tecnológica genera una mayor brecha diferencial entre puestos cualificados bien pagados, y un creciente número de trabajadores que prestan servicios cada vez en peores condiciones. Y es que, aunque este cambio no deja de crear nuevos empleos, tampoco deja de destruir otros, y posiblemente termine por modificar todos.

Ejemplo de ello lo encontramos en plataformas como Deliveroo, donde la bicicleta se convierte en la única compañera, y que, además, es aportada por el propio trabajador. Así, si éste tiene algún accidente o la bicicleta se avería, el problema es solo suyo. Para justificar esta práctica las empresas aluden a la necesidad de minimizar costes, pero no es que minimicen costes, es que así no tienen ninguno.

A mi parecer, hablamos de un simple intercambio en el marco de esta economía colaborativa; por un lado, más libertad y flexibilidad en beneficio de la empresa, a cambio de menos seguridad en el trabajo, sirviendo por tanto las nuevas empresas digitales para restar derechos laborales a sus trabajadores.

Pero los cambios no afectan solo a los sueldos, los cuales han disminuido de tal forma que se sitúan en niveles similares a los dados en 1990, sino también al tipo de relaciones en torno al puesto de trabajo, pues el riesgo se ha trasladado de la empresa al trabajador

No obstante, he de puntualizar que no solo los trabajadores poco cualificados van a sufrir el impacto de la digitalización; de hecho, la robotización no supone un gran riesgo para estos, y sí para determinadas profesiones donde los algoritmos pueden ser eficientes. Es fundamental atraer y retener el talento, pero la certidumbre laboral es un activo muy importante que con la nueva situación aparece mermada.

La nueva economía muestra una vieja precariedad laboral. Algunos de los empleos surgidos con las nuevas tecnologías esconden en determinados ámbitos una precariedad laboral que se creía que estaba en vías de desaparición en las sociedades desarrolladas. El caso más ilustrativo es el de los repartidores de comida o de productos a domicilio.

Si bien inicialmente este tipo de trabajos ofrecen a priori condiciones bastante apetecibles (flexibilidad horaria, trabajas con la bici y no estás en un entorno cerrado), los conocidos como “riders” no cuentan con seguro de accidentes ni protección social y deben poner de su bolsillo los medios para realizar su trabajo: la bicicleta y un móvil de última generación con conexión a internet. Y es la propia empresa la que asigna los turnos en función de cómo “te hayas comportado” la semana anterior, pues se premia la disponibilidad.

De modo que, si bien encuentro aspectos positivos de la economía digital y la inteligencia artificial para el empleo, también advierto que en determinados trabajos se ha dado un cambio en cuanto a quién asume el riesgo inherente de la actividad económica. Antes, este riesgo estaba repartido entre la administración, el empresario y el trabajador; sin embargo, ahora se traslada todo al trabajador, quién además ha de sufrir las cotizaciones de autónomos, las cuales se pagan se cobre o no.

Concluyendo, la precariedad no parece ser consecuencia del nuevo marco económico, como muchas veces se nos hace creer, representado por iniciativas como Deliveroo, Uber o Cabify, sino más bien de la estructura del mercado laboral español, que empujaría a los jóvenes hacia este tipo de trabajos.