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Autora: Andrea Andrés Montesinos (Estudiante de 4º curso del título de Grado en Economía, FCEE, UCLM)

El desempleo, también conocido como paro, se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo (por parte de los trabajadores) es superior a la demanda de trabajo (por parte de las empresas). Esta situación se produce cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo que puestos de trabajo disponibles.

A través de los datos extraídos del sitio web del periódico Expansión (https://datosmacro.expansion.com), la tasa de desempleo en España el pasado mes de agosto fue de un 13.8%, siendo más alto el porcentaje de mujeres desocupadas que el de hombres. A su vez, el sistema registró en septiembre 19.923.451 ocupados, lo que representa según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social «la mayor cifra de ocupación en este mes desde que hay registros»

Aunque el número total de demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es, actualmente, de 3.079.711 (según datos del SEPE), se han percibido subidas de los demandantes de empleo en los dos últimos meses. Dicha cifra supone un mal dato, pues es la cifra más baja en un mes de septiembre desde ek año 2008.

La política de empleo nace con el objetivo de alcanzar el pleno o empleo o, al menos, corregir los principales desequilibrios en el mercado de trabajo. Los medios para alcanzar dicho objetivo serian las políticas activas y pasivas. Las políticas pasivas son conocidas por promover una renta básica a desempleados o trabajadores en situaciones especiales; mientras que las políticas activas son aquellas en las que se toman medidas para que el desempleado pueda salir de esa situación y se convierta en empleado.

Al mismo tiempo estas políticas activas se deben diferenciar en dos tipos, de oferta y de demanda. Las políticas activas de oferta tienen como objetivo adecuar las cualificaciones del factor trabajo a las necesidades empresariales, mientras que las de oferta se centran en proporcionar subvenciones e incentivos fiscales a las empresas, sobre todo para aquellos grupos de desempleados con mayor dificultad a la integración en el mercado laboral, como son los jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración y discapacitados.

Las políticas activas favorecen la continua formación, con programas destinados a reducir el abandono escolar y a garantizar un mínimo de formación inicial, también a mejorar las cualificaciones de los trabajadores y a actualizar los conocimientos de los desempleados, para facilitar su entrada en el mercado de trabajo. Por otro lado, hablaríamos de las iniciativas locales que surgen para recuperar los recursos propios de un territorio y ponerlos en valor; un ejemplo de ello serían las escuelas talles: mediante subvenciones públicas se crearon dichas escuelas que tenían como fin restaurar edificios públicos en distintos municipios, lo cual suponía la adquisición de gran cantidad de conocimientos. Se lograba con ello en primer lugar restaurar un edificio público y, al mismo tiempo, generar empleo durante un periodo de tiempo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho una evaluación del gasto español en políticas activas de empleo y su eficiencia, cuyo resultado no es todo lo positivo que debería ser.

En total, España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros al año en estas políticas activas de empleo. El 40% del gasto se destina a incentivos de contratación y de los fondos restantes, el 25% se va a formación, un 15% a Orientación Laboral y el 20% restante se destina a otras iniciativas, como la creación de empleo público y apoyo al emprendimiento. La principal crítica que se hace a esta situación es que no hay una adecuada coordinación con las comunidades autónomas. En este sentido, AIReF declara que Aragón y Cataluña están entre las regiones con mejor eficacia en sus políticas laborales activas, mientras que Asturias, Andalucía y Castilla-La Mancha suspenden en este campo. En el caso aragonés, se considera un ejemplo de éxito su atención personalizada para la orientación laboral.

Quizás una de las soluciones sería reorientar el reparto de fondos de las políticas activas de empleo, y dar las ayudas una vez que se ha obtenido el resultado esperado. Esta forma de proceder se conoce como pago por resultados (implantado en países como Alemania) No es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr mayores incrementos de la productividad, la eficiencia y la calidad; en otras palabras, lo podríamos resumir como ganar de dinero por los resultados obtenidos. Otro medio para abordar el problema sería la formación orientada a la demanda de las necesidades presentes y previsibles de las empresas.

Por otro lado, las políticas pasivas de empleo son conocidas como las remuneraciones por desempleo. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social expusieron que los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.468,9 millones de euros el pasado mes de abril, un 5% más que en abril del pasado año. A su vez el periódico El Confidencial informó de que 2019 será el primer ejercicio en el que el gasto en desempleo vuelva a crecer. Esto se podría deber a la ralentización del mercado laboral, a la caída del paro de larga duración y, en última instancia, debemos apuntar que las reformas para aumentar la cobertura del desempleo han sido las causantes de que el gasto en desempleo vaya a subir este ejercicio por primera vez en seis años.

Una vez que hemos ahondado en la diferenciación de políticas pasivas y activas, así como el gasto destinado a cada una de ellas debo destacar y concluir con que una política activa no sustituye a una política pasiva, ni son incompatibles, aunque es cierto que ante una subida de las tasas de desempleo se debe hacer un trasvase de recursos presupuestarios desde las políticas pasivas hacia las políticas activas. Ambas políticas son complementarias, y, además, deben estar integradas, de manera que toda política pasiva debe contener elementos que incentiven al desempleado a la reinserción laboral y evitar la relación perjudicial que existe entre la cobertura del desempleo y la prolongación de la situación de inactividad laboral. Cobertura e incentivo al trabajo: una combinación óptima.