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Autora: Rosa María Cañaveras Perea (Estudiante de 5º curso del título de Doble Grado en Economía y Derecho, FCEE, UCLM)

Prácticamente desde que comienza nuestra vida se producen situaciones que originan el nacimiento de obligaciones tributarias. Allá por el año 1789 Benjamin Franklin afirmó que “En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”. Sin embargo, hemos de matizar esta afirmación porque las masas hereditarias siguen produciendo obligaciones tributarias tras el fallecimiento de las personas propietarias de estas.

En los últimos años, el impuesto de sucesiones y donaciones ha sido protagonista de numerosas sentencias y ha dado lugar a un arduo debate en el plano jurídico, económico y, sobre todo, en el plano social de nuestro país.

Para poder entender la problemática en su totalidad, debemos partir del artículo 31.1 de la Constitución Española “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Ahora bien, este artículo debemos ponerlo en relación con el artículo 3 apartado primero de la Ley General Tributaria, que regula los principios de la ordenación del sistema tributario “La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.

La actual regulación del impuesto de sucesiones y donaciones rompe con todos y cada uno de los principios nombrados.

En primer lugar, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto sumamente injusto puesto que supone el nacimiento de una obligación tributaria sobre un patrimonio que a lo largo de la vida del fallecido ha generado un gran número de impuestos. Para entenderlo, pongamos un ejemplo. Pensemos en nuestro coche, cuando lo compramos pagamos el Impuesto del Valor Añadido, el Impuesto de Matriculación y el Impuesto de Circulación. En determinados casos también tributará por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto del Patrimonio. Asimismo, al fallecer este bien será gravado por el incremento patrimonial que obtendrán nuestros herederos.

En segundo lugar, tal y como exponen Díaz-Ambrona y Gómez de Membrillera (2018) en sus artículos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, observamos la vulneración que se produce del principio de equitativa distribución de la carga tributaria y el principio de igualdad. El impuesto de sucesiones y donaciones se encuadra dentro de los impuestos cedidos totalmente a las Comunidades Autónomas, lo que significa que el 100% de su recaudación y cierta parte de su normativa se lleva a cabo por parte de las autonomías. Asimismo, teniendo en cuenta la singularidad del Convenio Foral de Navarra y el Concierto Económico del País Vasco, nos encontramos con 17 regulaciones distintas dentro del Estado español. Imaginemos una mujer soltera de unos 30 años que hereda bienes de su hermano por un valor de 800.000 euros, entre los cuales 200.000 corresponden a una vivienda y 600.000 euros son en efectivo. Como recogen De Portillo y Tahiri, Javier (2018), todo ello basado en datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), una mujer murciana pagaría 391.672 euros en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones al fisco, mientras que una canaria en exacta situación no pagaría más que 375 euros, lo que supone 391.297 euros de diferencia. Por tanto, dos personas en nuestro país en igualdad de condiciones no son tratadas de igual forma y el único motivo del trato discriminatorio es su lugar de residencia. Todo esto parece inconcebible en un Estado de derecho democrático y constitucional.

Esta situación ha hecho que la opinión pública sea muy sensible respecto a la regulación de este impuesto. Es más, según afirma el REAF, estas disparidades se han incrementado por la creciente competencia fiscal a la baja. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se bonifica el tributo con un 99% entre los herederos directos, lo que ha provocado que Comunidades como Andalucía y Extremadura hayan llevado a cabo rebajas en el impuesto. Los gobiernos autonómicos se han visto apremiados a realizar estas reformas no solo porque se acercaba el momento electoral, sino también porque se está produciendo lo que se conoce como el voto con los pies o éxodo fiscal, muchas veces más formal que real. Uno de los casos más sonoros de nuestro país ha sido el de la herencia de la duquesa de Alba, cuyos hijos querían pagar el impuesto en Madrid debido a que la diferencia de pagarlo en Madrid en vez de en Andalucía era astronómica.

En tercer y último lugar, como recoge Díaz-Ambrona (2018), el alcance confiscatorio del impuesto de sucesiones y donaciones es totalmente evidente cuando una persona se ve obligada a renunciar a la masa hereditaria, debido a que el capital que la conforma es inferior al pago del impuesto de sucesiones. Según el Consejo General del Notariado, en el año 2018 el porcentaje de renuncias a herencias alcanzaba el 10,89%, lo que supone dos veces más que en 2010, donde el porcentaje se situaba en el 5%.

Una vez vista grosso modo la regulación del impuesto de sucesiones y donaciones, podemos llegar a la conclusión de que es un impuesto que choca fuertemente con los principios constitucionales reguladores del sistema tributario español. Sobre si es constitucional o no, el único que podrá pronunciarse es el Tribunal Constitucional.

En el plano social, no deja de preocupar la aplicación de este impuesto. Detrás de toda la regulación hay personas que no pueden heredar los bienes de sus padres o hermanos por no poder pagar el impuesto y lo que es aún más injusto es que esta situación ocurre dependiendo del lugar de residencia. Lo verdaderamente preocupante es que los gobiernos autonómicos empiecen a estudiar este problema cuando se acerca el momento de las elecciones como una herramienta para ganar votos. Sabiendo que su erradicación es prácticamente imposible puesto que es una importante fuente de ingresos para el fisco, se debería al menos de plantear una regulación a nivel estatal del impuesto de sucesiones y donaciones para así acabar con la desigualdad que se vive en nuestro país.

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