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Autora: Sandra Cabrera López (Alumna de la asignatura “Dirección Financiera”, 4º de Grado en Economía, FCEE, UCLM)

La gran enciclopedia de la economía (http://www.economía48.com) define la competencia desleal en los siguientes términos:

“Competencia ilícita. Toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales. Actuación mercantil que con engaño o fraude pretende sacar provecho o causar perjuicio a terceros (consumidores, distribuidores y competidores).”

Si nos guiamos estrictamente por el significado anterior, difícilmente encontraremos razones que podamos aplicar para cuestionar el argumento del presente artículo. Pero el objetivo es poner en tela de juicio si siempre que se fija una norma o una ley, en este caso por el Banco de España, es adecuada para el interés general o para el interés particular de unos pocos.

En el BOE del 3/10/2015, el Banco de España publica una norma que prohíbe el cobro de una doble comisión al cliente en los cajeros automáticos, quedando el máximo de cobro en 0,65 €. Según el Banco de España, este cobro de comisiones desmesuradas por disponer dinero de otro banco diferente al emisor de la tarjeta era excesivo para los usuarios de este servicio, y representaba una barrera de entrada para otras entidades, como señalaba la Comisión Nacional de competencia, puesto que el cobro se realizaba al cliente y al banco emisor.

Si el cobro de comisiones, por parte de las entidades que disponen de cajeros a las que no los tienen, está considerado como un hándicap para estas últimas; la norma que elimina las comisiones ¿no es, sino, una competencia desleal para las primeras?

Las entidades poseedoras de cajeros han invertido en infraestructuras, han puesto a disposición del usuario una red de “oficinas” con servicio 24 Horas, y sobre todo han creado puestos de empleo indirecto: construcción, servicios de limpieza, personal de mantenimiento de los quipos, etc. como cualquier otra empresa que invierte sus capitales para obtener beneficios y captar clientes ofreciéndoles un servicio integral. ¿No es lógico que quieran amortizar estas inversiones? Efectivamente, el objetivo de una inversión no es otro que amortizarla cuanto antes y que genere máximos beneficios rápidamente. La mayoría de los grandes bancos han hecho su inversión y tienen los gastos consecuentes de ella, pero… ¿y los otros? ¿Qué pasa con los que no poseen esos servicios?: los que tienen pequeñas oficinas locales a las que acudimos por diversos motivos: porque no nos fiamos de internet, porque ofrecen una atención personal y no telemática, o simplemente porque algún familiar o amigo trabaja allí. El Banco de España prohíbe esas comisiones porque estos, entonces, están en desventaja ya que los clientes, cuando descubren que no hay oficinas dotadas de cajeros y que las comisiones van a ser tan altas, es muy probable que busquen otra entidad que les proporcione la comodidad de un servicio integral que incluya las tarjetas.

¿Es justo que el que ha hecho la inversión y el esfuerzo tenga prohibición de ponerle precio al uso de sus instalaciones a clientes de sus “competidores”?, ¿es justo que les impongan un precio mínimo por usar y disponer de sus capitales mientras que a los que no tienen la suficiente infraestructura se les deje la posibilidad de competir con sus “iguales” a través de la posibilidad de repercutir o no la comisión al cliente? Si se toman medidas de este tipo que cercenen la iniciativa privada, sea de un banco o de una empresa, difícilmente podremos avanzar hacia una verdadera economía de libre competencia.

Estaremos de acuerdo en que este tipo de medidas siempre tienden a favorecer al cliente, pues debemos considerar el asunto como un “interés de bien común”. Pero, si dejamos de pensar en el Banco con tedio y hastío, e intentamos verlo como es, una empresa, muy grande, sí, pero una empresa, con sus riesgos, sus problemas, sus beneficios y sus costes al fin y al cabo, son tiendas de vender dinero, eso sí, bajo las directrices y tutela del Banco de España; quien debe de velar, por los intereses del ciudadano, pero también por la viabilidad y expansión de “todas” las entidades.

Si le damos a esta cuestión un carácter empresarial y meditamos el caso, ¿nos parecería igual de justo defender los intereses de una parte, pero no de la otra? La idea populista de grandes empresas con grandes beneficios no es favorable y es muy criticada…pero, si nos gustan los contratos de trabajo que proporcionan esos por los que nos sentimos explotados sin necesidad de correr ningún riesgo. Planteémonos pues, que quizás esta disminución de ingresos haga necesario prescindir de algunos puestos de trabajo y planteémonos también que las entidades que no tienen oficinas físicas y las que adoramos por sus bajas comisiones, prescinden desde su inicio de todas estas personas que trabajan en las oficinas. Nada es gratis señores, no pretendamos la creación de más puestos de trabajo y de calidad si a la misma vez reducimos los ingresos de las empresas.