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Autora: Susana Peinado Castillo (Alumna de la asignatura “Dirección Financiera”, 4º de Grado en Economía, FCEE, UCLM)

A apenas un mes de las elecciones generales fijadas para el 20 de Diciembre, las medidas tomadas por el actual Gobierno en materia de empleo dejan mucho que desear. Si observamos el número de parados del tercer trimestre de 2011, esta cifra se sitúa en torno a los 5 millones de parados en nuestro país, se trata de un dato algo mayor al registrado en el tercer trimestre de 2015, que se sitúa en 4,85 millones de parados en términos absolutos según la EPA.

El hecho de que el desempleo presente una cifra menor se debe principalmente a la reducción de la población activa, ya que desde 2011 a septiembre de este año, ha disminuido en 598.000 personas, provocado especialmente por la emigración de jóvenes a otros países en busca de un empleo más acorde a su cualificación, así como al retorno de un alto porcentaje de los inmigrantes que residían en nuestro país a sus lugares de origen.

Desde noviembre de 2011 se han destruido cerca de 440.000 empleos fijos y a jornada completa y los empleos creados son, en su mayoría, temporales y a jornada parcial.

En cuanto al número de ocupados, según los datos proporcionados por la EPA en el tercer trimestre de 2015 se han registrado 436.000 ocupados menos que en el mismo trimestre del año 2011.

También se ha de incidir en el alarmante aumento del número de parados de larga duración. Es un hecho muy preocupante, puesto que cuanto más tiempo se esté fuera del mercado de trabajo más difícil será encontrar otro empleo; se produce una pérdida de habilidades laborales que está provocando el deterioro del capital humano en nuestro país, afectando sobre todo a los grupos de edad más avanzada.

Si hablamos del mercado laboral debemos hacer referencia a la reforma laboral implantada en 2012, que no parece haber sido muy acertada o al menos eso muestran las cifras antes mencionadas. Esta reforma tenía como algunas de sus medidas principales la implantación de un despido más barato que requiere menos requisitos para ser efectivo y que afecta a todos los tipos de contrato. Esta reforma también ha supuesto dar más facilidades al empresario para establecer cambios en determinados aspectos, como pueden ser el salario o las vacaciones; y ha permitido que se puedan realizar despidos colectivos en administraciones públicas, destacando estos aspectos como los más relevantes.

Pero no todo son malas noticias, parece verse algo de luz al final del túnel. Hay que destacar que el ritmo de creación de empleo es superior al del tercer trimestre de 2011 (aunque exista un menor número de ocupados), creándose en su mayoría en el sector de la hostelería, por lo que el paro, aunque lentamente, se está reduciendo en todos los sectores, especialmente en el sector servicios y para el colectivo masculino. También es una buena noticia que cada vez exista un menor número de hogares en los que todos los miembros computables estén en paro.

Es necesario continuar con reformas que permitan mejorar la competitividad de las empresas españolas, fundamentalmente las PYMES, lo que permitirá la reactivación de la economía española. Pero, de forma paralela, deberán tomarse también medidas que no estén exclusivamente destinadas al éxito empresarial, ya que, como todos sabemos, éste depende de los consumidores. Es necesario mejorar el poder adquisitivo de los hogares a través de cambios en las políticas de redistribución y de ayudas sociales, para poder acercarnos poco a poco a los niveles de consumo previos a la crisis, ya que es el aumento del consumo lo que permitirá incrementar la inversión de las empresas y alcanzar una senda de crecimiento a la economía española.