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Artículo de Patricia Jiménez Martínez. Aplicaciones de Microeconomía y Macroeconomía

La  define la democracia como el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”, de lo que se deriva que las decisiones adoptadas irán dirigidas a lograr el bienestar del pueblo en su conjunto. No obstante, resulta evidente que esto no siempre se cumple, a pesar de que debería ser inherente a una sociedad democrática, su esencia.

Desde hace décadas, la imparcialidad en la política se ha encontrado ausente, y a pesar de las redundantes declaraciones de intenciones de nuestros líderes políticos acerca de la lucha por la justicia social, por la igualdad de oportunidades y el apoyo a las clases sociales más débiles, lo cierto es que los gobiernos terminan llevando a cabo medidas que benefician a ciertos sectores, empresas o agentes. Se trata del problema de la captura del regulador.

Cuando los españoles oímos hablar de la gran influencia que la  ejerce en la política en , parecemos sorprendernos por cómo este grupo de presión puede poseer tal poder, quedando la seguridad ciudadana, en gran medida, condicionada por una simple organización. Sin embargo, en ocasiones no somos conscientes de que en nuestro país nos encontramos en una situación análoga. La política en España se encuentra sometida a presiones similares, contra las que aparentemente, no se puede lidiar. Sería absurdo ignorar el papel que los principales “lobbies” españoles, encabezados por el sector eléctrico y el bancario, asumen en la política española. Sólo tenemos que estudiar el giro profesional de las carreras de nuestros políticos cuando abandonan su cargo para darnos cuenta de que no puede ser casualidad que una buena parte de ellos terminen como altos directivos de las principales eléctricas, de grandes bancos o de empresas telefónicas.

Cabe destacar que la existencia de los grupos de presión no tiene por qué resultar negativa para el bien de una nación, siempre que se preste a cada uno la atención que merece, atendiendo a que los intereses de los grupos representen a una buena parte de la población, o bien a ciertos colectivos que estén en posición desfavorecida. Sin embargo, cuando las presiones ejercidas proceden de un limitado número de agentes, cuyas pretensiones son las de beneficiar a una ínfima parte de los ciudadanos, que habitualmente coinciden con aquellos con una posición económica muy destacada, en detrimento de los demás, el resultado no puede ser positivo para el país.

Las repercusiones de este tipo de comportamientos no sólo son de tipo moral y ético, sino también económico. La solidez de las instituciones es la base del buen funcionamiento de una economía, es una condición necesaria para que un país se desarrolle y prospere, es inherente al bienestar ciudadano. Si las instituciones políticas implementan medidas que benefician a una mínima parte de población, a cambio de empobrecer a la mayoría, fundamentalmente a las clases medias y bajas, están fomentando la ampliación de las desigualdades sociales, que constituye una de las principales lacras de una sociedad. Asimismo, la credibilidad institucional queda minada, perdiendo la confianza, que resulta fundamental para poder orientar una economía, especialmente en momentos de crisis. En palabras de Acemoglu y Robinson en su libro, Why nations fail, este tipo de comportamientos es propio de instituciones extractivas (instituciones que extraen rentas y riqueza de una parte de la sociedad para favorecer a otra), que conducen al fracaso de un país.

En conclusión, la captura del regulador es una realidad de esta sociedad, tanto pasada como actual, que entraña graves consecuencias para la correcta evolución y mejora de una comunidad en general, y de su economía en particular. En consecuencia, la captura del regulador debería ser un fenómeno en extinción en nuestro país. Tanto la ciudadanía como la élite política deberían tomar conciencia del deterioro que suscita este tipo de comportamiento antiético, adquirir un espíritu crítico y trabajar para que la política no quede desvirtuada, ni las medidas políticas sesgadas en favor de los “lobbies”, sino que estén dirigidas realmente al bienestar general.