La descentralización en España –medida como porcentaje de gasto público-, es comparable a la de otros países de estructura similar, según datos disponibles de la . Concretamente, la ordenación de gastos en 2011 en España fue la siguiente: : 21,6%; Gobierno regional: 34,3%; Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%. La descentralización en España ha tenido, por tanto, como grandes protagonistas a las Comunidades Autónomas, responsables además de una parte significativa del gasto registrado en la Seguridad Social, en especial en materia de educación y sanidad. Las Entidades Locales, en cambio, se han mantenido al margen del proceso descentralizador. En definitiva, España es un país fuertemente descentralizado, pero el afán descentralizador se agota en el nivel regional, sin alcanzar al local.

Este proceso de construcción del Estado de las Autonomías ha acarreado en nuestro país un crecimiento importante del gasto público total debido a la existencia de solapamientos en los gastos de los niveles central y subcentrales de gobierno. Sin ir más lejos, los ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma no comparten la idea de que los gastos que se realicen por el Gobierno subcentral tengan que ser sufragados por sus impuestos, lo que conlleva a una falta de corresponsabilidad fiscal en cada territorio. Además, la tendencia de las Comunidades Autónomas es la de expandir el gasto de forma continua por el modelo de financiación basado en transferencias y en un sistema que cada cinco años se renueva con un aumento de las aportaciones por parte del Gobierno Central, de forma que muestra un patrón creciente a lo largo de los años junto con el déficit y el endeudamiento.

Desde mi punto de vista considero que la adjudicación de competencias a los Gobiernos Locales supondría un tamaño menor de sector público que en un Gobierno centralizado y resultaría más eficiente que el actual modelo, pero esta consideración está lejos de cumplirse como muestra la evidencia empírica de numerosos estudios, ya sea por los elevados costes de financiación de algunos servicios por razones de escala o por modelos de financiación que no incentivan el ahorro. Para cualquier bien o servicio, la descentralización local permitiría un incremento en el nivel de bienestar social, siempre que no se den efectos externos entre jurisdicciones y economías de escala en la provisión que anulen las ventajas de la descentralización.

La provisión de bienes centralizada es uniforme y, por tanto, es incapaz de adaptarse a las necesidades de cada jurisdicción. Si las preferencias de los individuos son distintas entre territorios, la diversidad de las ofertas subcentrales atendería a la variedad de forma más eficiente. Cuanto más homogéneas sean las preferencias individuales dentro de una jurisdicción y más diferentes entre territorios, mayores son las ganancias que se asociarían a la descentralización.

El problema surge cuando los beneficios de los bienes que se producen en una jurisdicción pasan de una a otra, de forma que la primera esta desincentivada a producir la cantidad óptima del bien de manera que se originarían ineficiencias en la asignación. Estos efectos los puedo relacionar con los llamados efectos spillover, pues al fin y al cabo, son externalidades que surgen a raíz de una determinada gestión. Otras ventajas importantes de la organización descentralizada local serían la mayor transparencia y el aumento apreciable en la calidad de los servicios. La financiación de la descentralización local supone un obstáculo considerable, pues los municipios cuentan únicamente con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el sistema de transferencias del Estado como bases de financiación estables y cabe decir que han mostrado tradicionalmente un grado de corresponsabilidad superior a las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, si las Comunidades Autónomas transfirieran competencias de gasto a las Entidades Locales, este proceso debería ir acompañado de los recursos financieros necesarios y debería realizarse un balance entre las ganancias de eficiencia derivadas de la provisión local con las posibles ineficiencias derivadas de la gestión. Sin embargo, los esfuerzos de reducción del gasto público no proporcionan un marco propicio que permita redefinir de forma duradera la delimitación competencial estatal-autonómico-local, si ello es a causa de la transferencia de más recursos financieros a la . Sin ir más lejos, la presencia de las Entidades Locales en los tributos autonómicos apenas se ha llevado a la práctica, debido a la debilidad de la tributación propia de las Comunidades Autónomas y a la continua revisión del sistema de financiación autonómica al que se someten los tributos cedidos por el Estado. Además, es una realidad que la descentralización no es preferencia política y que las Entidades Locales sólo preocupan a los políticos y a la ciudadanía cuando se produce algún problema que les afecta, ya sea por escándalos de corrupción, transfuguismo, problemas financieros de todo el sector de las Administraciones Públicas, etc.

En definitiva, son muchos los problemas que se ponen de manifiesto en nuestro modelo de organización territorial descentralizado, resultado de la falta de capacidad para imponer una coordinación en la implementación de determinadas políticas de gasto, pero ello no quita que sea una opción propicia para nuestro país asignar más competencias a la Administración Local y, en ciertos casos, delimitar las competencias de las Comunidades Autónomas, bien sea delegando en gobiernos locales o devolviendo jurisdicciones al Estado Central. Es una tarea difícil pero no imposible. Quizá sea un buen momento para reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿deberían jugar un papel más relevante las Entidades Locales en el conjunto de la ?