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Autora: Cruz María Illán Pérez (Alumna de la asignatura “Dirección Financiera”, 4º de Grado en Economía)

La situación de España en materia de investigación y desarrollo (I+D) es preocupante. Dicha variable dista de la de nuestros socios europeos más desarrollados. En los primeros años del segundo milenio se superó la barrera de gastos en I+D del 1% del PIB. Sin embargo, esta mejora se halla a una distancia considerable del objetivo del 3% marcado por la Estrategia Europa 2020. Si observamos los datos de las patentes, éstos no son halagüeños. Asimismo, si diferenciamos el gasto en I+D según los agentes económicos, las empresas españolas son las principales responsables del menor esfuerzo tecnológico español.

Pero, ¿qué implicaciones presentan los datos reflejados sobre la economía española? Antes de intentar hallar respuesta a este interrogante, es importante destacar algunos beneficios y perjuicios de la I+D en cualquier economía. Por un lado, los aspectos positivos de la investigación y el desarrollo tecnológico son numerosos: en primer lugar, el gasto en I+D es imprescindible en este mundo globalizado dirigido por la competencia. Los productos de aquellas empresas que no innoven quedarán obsoletos, pasarán a formar parte de las últimas fases del ciclo de vida del producto y tendrán tendencia a desaparecer; en segundo lugar, estas inversiones en I+D permiten incrementar el crecimiento económico de un país; en tercer lugar, se crearán nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, entre las desventajas puede encontrarse que una investigación no implica la obtención de resultados positivos. Sin embargo, parece evidente que cuantos más recursos se dediquen a estas áreas del conocimiento, mayores posibilidades de éxito surgirán. Además, relacionada con la afirmación anterior, se encuentra la crítica de que este tipo de inversiones suelen dar resultados a largo plazo.

Con respecto a la situación dramática del mercado laboral y el gasto público en educación, cabe destacar que cada vez son más los universitarios que finalizan sus carreras y no encuentran un trabajo en nuestro país. Por tanto, ¿se están invirtiendo recursos en la formación de nuestros estudiantes o más bien se están despilfarrando? Aquellos individuos con formación superior tienen mayores posibilidades de encontrar un trabajo en el extranjero debido a la estructura económica de nuestro país (predominan las empresas de componente tecnológico medio). En consecuencia, si seguimos sin invertir en I+D, los universitarios formados con alto nivel de exigencia y calidad en las facultades españolas serán productivos en otros países. Además, con la crisis ha aumentado la denominada “fuga de cerebros” y también va in crescendo la sobrecualificación. Otro problema añadido que podría surgir en un futuro no muy lejano, debido a la emigración de nuestros jóvenes, es la saturación de los mercados laborales de los países que están absorbiendo trabajadores cualificados como los españoles.

Debemos tomar medidas con urgencia para intentar solventar esta incoherente situación. Es necesario un aumento de los recursos dedicados a I+D por parte del Estado, de las empresas y de las universidades. Además, sería muy beneficioso que estos agentes económicos incrementasen su vinculación para que la investigación se transforme en innovación, para que se traspase el filtro del conocimiento y los nuevos descubrimientos tengan aplicación en el mundo empresarial. Una matización adicional llevaría a cuestionarnos qué tipos de investigaciones tendríamos que llevar a cabo. Actualmente es imprescindible que gran parte de las políticas de I+D se dirijan a combatir cuestiones medioambientales y a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos (avances médicos, por ejemplo). De esta forma, en España se podrían crear nuevos puestos de trabajo, el gasto público en educación estaría mejor aprovechado y seríamos más competitivos a nivel internacional.

Ante esta situación, si todos conocemos los beneficios y puntos clave de la I+D, ¿por qué nuestros representantes políticos y nuestras empresas siguen sin dar importancia a esta variable? ¿Es posible que los intereses partidistas por mantener el voto provoquen una oleada de políticas cortoplacistas que enmascaran la realidad socioeconómica? ¿No deberíamos exigir un cambio de tendencia para que esta situación mejore?