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Artículo de Patricia Jiménez Martínez (Alumna de la asignatura “Dirección Financiera”, 4º de Grado en Economía)

Parece evidente que el entorno institucional resulta imprescindible para el desarrollo adecuado y equilibrado tanto económico como político y social de un país. En España, este factor todavía constituye una asignatura pendiente en ciertos aspectos.

Uno de nuestros principales problemas es la corrupción y el fraude, que se mantiene como la segunda mayor preocupación de los españoles, según el  (CIS), sólo por detrás del desempleo. Los continuos casos de corrupción desvelados están generando un sentimiento de desconfianza y aversión de la población hacia la clase política. Aunque podría parecer que estos problemas se encuentran poco vinculados a la economía del país, se hallan íntimamente relacionados, y es que, en cierto modo, la crisis económica lleva aparejada un componente de crisis ética y política de gran profundidad y gravedad. En muchas ocasiones, los dirigentes políticos de importantes instituciones han actuado más guiados por sus intereses personales que por el bien común, y estas actuaciones no pueden conducir sino a la desvirtuación del fin político, que se debería reducir a la maximización del bienestar ciudadano, mediante el manejo justo y eficiente de los recursos recaudados.

Ciñéndonos al caso español, los escándalos que se están sucediendo están poniendo de manifiesto la magnitud del problema, que no sólo atañe a políticos, sino también a grandes empresarios, ejecutivos, sindicalistas… lo que denota que se trata de un problema generalizado. El fraude que se ha estado cometiendo supone un ataque frontal hacia la ciudadanía honrada, y el efecto lógico que se transmite es una desconfianza extrema por parte de la población hacia las instituciones, alejando al ciudadano de la fe en la política, lo que resulta nefasto para nuestra sociedad. Parece inevitable reflexionar acerca de que si el dinero defraudado se encontrase en las arcas públicas, probablemente los recursos para afrontar la crisis económica habrían sido más abundantes, la capacidad para abordar las políticas de empleo y sociales, tan necesarias en estas circunstancias, habría sido mayor, y no habría sido necesaria tal cantidad de recortes en materias tan relevantes como educación, sanidad o investigación científica.

Resulta indiscutible que la aceptación a este tipo de conductas poco éticas se encuentra muy asentada en la sociedad española, teniendo en cuenta que la economía sumergida ronda el 25% del . La consecuencia inmediata de este hecho es una pérdida ingente de recursos por parte de la Hacienda Pública, perjudicando la redistribución de la renta, la equidad, lo que agudiza todavía más el resentimiento y la frustración de la mayoría honrada, que todavía ve más inútil el esfuerzo llevado a cabo para intentar construir una sociedad justa.

Este tipo de conductas repercuten muy negativamente sobre la economía. Las expectativas juegan un papel muy relevante en la conducta de los agentes económicos, y la pérdida de confianza en el gobierno genera un clima de crispación en los agentes del sector privado que no incita ni al incremento del consumo ni de la inversión, y por consiguiente, ni al crecimiento económico ni al aumento del empleo.

Si consideramos el sector exterior, el problema se agrava. España, como uno de los principales receptores mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED), se ve muy perjudicada por la pérdida de confianza en el país, dado que las expectativas son un factor fundamental e imprescindible para atraer inversores. La importancia para el Estado de mantener un nivel de confianza de cara al resto del mundo se puso de manifiesto con las cifras récord de la prima de riesgo en el verano de 2012. Por antonomasia, este ejemplo es el reflejo de la pérdida de credibilidad del sector público en los mercados internacionales de deuda, y de la presión a la que se vio sometido el país para abordar medidas estructurales de forma urgente. Otra evidencia clave de esta realidad es que, el pasado 14 de noviembre, Standard & Poor´s, la agencia de rating internacional, declaró que la fragmentación del entorno político en España, de cara a las elecciones autonómicas y generales, implica notables riesgos para las finanzas públicas, en materia de objetivos de déficit y deuda pública, así como para el crecimiento económico.

En conclusión, la carencia de unos pilares institucionales sólidos no sólo actúa socavando la moral de la ciudadanía española, sino que también afecta al panorama económico, tanto nacional como internacional, constituyendo trabas al crecimiento y al desarrollo efectivo y potencial. Por lo tanto, éste es un asunto que se debe abordar firmemente y con carácter inmediato, para así tratar de arraigar la confianza y credibilidad en nuestra nación y en sus instituciones, aspectos que resultan inherentes a nuestro progreso económico y social.