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Autor: Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Hacienda Pública – Foro Independiente de Analistas Fiscales

El diseño y articulación de la Política Presupuestaria en 2013 siguen marcados por una situación excepcional que se mantiene ya durante varios ejercicios. Se hace necesario y urgente un ajuste fiscal importante en un contexto de esfuerzo continuado en un período de recesión económica intensa y con un alto grado de desconfianza sobre la capacidad de España para hacer frente a este reto que, en sintonía con lo que está pasando en otros países de la UE, puede condicionar el futuro de la eurozona.

La solución pasa, sin alternativa, por la reducción estructural del gasto. Los gastos son controlables, ciertos y su inercia es alcista, acentuada por la necesidad de cubrir necesidades sociales en situación de crisis económica y social, amén de la presión que ejerce el envejecimiento de la población sobre partidas fundamentales como Pensiones y Sanidad. Los ingresos, por el contrario, son inciertos y su inercia es bajista en fases de crisis, especialmente si las estimaciones no asumen con realismo el comportamiento de la actividad económica del país.

Las previsiones presupuestarias se han formulado bajo un escenario macroeconómico que contempla una reducción del PIB del 0,5% para 2013. Estas previsiones, según el consenso de instituciones nacionales e internacionales, parecen muy optimistas. El FMI en su informe de primavera de 2013 prevé un caída del PIB español del 1,6%, tres veces superior al previsto por la autoridades españolas, lo que compromete seriamente el cumplimiento de los objetivos presentados en los PGE13 y exige una revisión de los compromisos de déficit público con la UE a partir de un nuevo programa de Reformas que justifique un aplazamiento en la consecución de los objetivos de déficit en el período 2013-2016.

La solución a las cuentas del conjunto de las AA.PP debe pasar, inexorablemente, por adaptar el nivel de gasto al nivel de ingresos ordinarios, estables y permanentes, evitando ajustar el gasto a niveles extraordinarios de financiación pública, como ocurrió en el pasado, con el boom inmobiliario, que permitió incrementar los ingresos públicos debido a situaciones excepcionales por la multiplicación exponencial y errática de las transacciones inmobiliarias y por un consumo basado en plusvalías especulativas y endeudamiento fácil y sin criterio.

Esta reducción del gasto debe plantearse desde una realidad cruel pero incontestable: sólo el 30% del gasto público total corresponde a partidas distintas a pensiones, subsidios de desempleo, sueldos de empleados públicos e intereses de la deuda pública. Dado que los intereses de la deuda nos vienen dados por las necesidades de financiación pasadas y presentes, será difícil acometer un ajuste fiscal sólido, consistente y estable a medio plazo sin tocar tales partidas. Por su parte, dos terceras partes del gasto público consolidado del conjunto de las AA.PP. excluidas las prestaciones sociales (desempleo, básicamente) e intereses, corresponden a las AA.TT, por ello no es posible definir un escenario de consolidación fiscal sin su consideración y compromiso efectivo.

En este contexto, las líneas de trabajo a acometer son múltiples y variadas, aunque se podrían resumir en tres perfectamente complementarias:

  • Imprescindible frenar el crecimiento de la Deuda Pública que se come cada vez más una mayor parte del Presupuesto. España ha duplicado su nivel de deuda pública en términos de PIB en los últimos cuatro años. Sin ser llamativo el nivel de la deuda pública española, si lo es la vertiginosa velocidad de crecimiento que ha ido en paralelo a las crecientes necesidades anuales de nueva financiación por los déficits crecientes a partir de 2008, al crecimiento de sus costes (España se financia ahora a 10 años en torno al 5% mientras que Alemania lo hace al 1,5%, cuando en 2008 ambos pagábamos un 4%) y a la contracción económica que ha ralentizado el crecimiento del PIB. La reducción de la carga financiera de la deuda española pasa por reducir los niveles de déficit público de la economía. El reducido margen de subida de impuestos, su efecto depresivo sobre el crecimiento y la incertidumbre siempre existente en relación a la recaudación efectiva, que depende de unas expectativas macro casí siempre muy optimistas, nos llevan a que los esfuerzos en reducción del déficit debe realizarse fundamentalmente por la reducción del gasto. Aquí es donde encajan las reformas estructurales que pueden hacer que el gasto público estructural se reconduzca a una senda de sostenibilidad a medio y largo plazo. En este sentido es necesario seguir avanzando en la reforma de las pensiones (casi un cuarto del gasto de las AA.PP.), especialmente incorporando el factor de sostenibilidad que permita ajustarlas a los condicionamientos demográficos y económicos; la lucha contra el desempleo y contra el fraude en la prestación de subsidios, en línea con las mejores prácticas a nivel internacional ; el control de la masa salarial de las Administraciones Públicas y el control de las cuentas de las Administraciones Públicas Territoriales, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de déficits previstos para el conjunto de las AA.PP.
  • Reducir la penalización a nuestros títulos ganando credibilidad en nuestros compromisos con los ajustes presupuestarios y de disciplina fiscal que hagan posible un escenario de absorción de nuestros desajustes financieros. Los esfuerzos del BCE respecto a la creación de mecanismos de actuación en el mercado de deuda conviene leerlos en clave de solución parcial y coyuntural ante situaciones críticas, pero no como elemento permanente de estabilidad de los costes de la deuda pública.
  • Favorecer el crecimiento económico en todas sus facetas. Sin embargo, favorecer el crecimiento económico pasa por equilibrar las cuentas públicas del país. Es cierto que la fuerte contracción económica dificulta el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y puede generar una espiral recesiva, pero también es cierto que una economía no puede financiar indefinidamente sus gastos corrientes con deuda pública ya que, tarde o temprano, la situación se haría explosiva. Por ello, una senda de ajustes fiscales adecuados y acompasados al comportamiento de la actividad económica es la mejor garantía de éxito en ese esfuerzo titánico en el que se encuentra inmerso la economía y la sociedad española, con la ayuda y comprensión de las autoridades europeas, a la que apelamos, como garantes de la estabilidad financiera de la eurozona.