La Ley de Dependencia fue aprobada en diciembre de 2006. Se trata de una ley a la cual se podían acoger todos aquellos ciudadanos españoles que no podían valerse por sí mismos. Con esta Ley se pretendía mejorar el cuidado de las personas, que por discapacidad física y/o psíquica, veían muy limitada su autonomía personal. Para ello, el Estado, a través de las Comunidades Autónomas, dotó de unos recursos y prestaciones a los que podrían acogerse todas aquellas familias que cumplieran una serie de requisitos establecidos en dicha Ley.

Todo lo anterior no fue sino una definición que se le dio a esta ley, pues surgían una serie de interrogantes: ¿todas las personas a las que se les concedía dicha ayuda cumplían los requisitos?

Al año y medio de entrar en vigor la Ley, la aplicación de la misma en las distintas Comunidades Autónomas estaba siendo muy irregular. La Junta alardeaba de sus datos, del número de valoraciones que había realizado a esa fecha, en definitiva, de lo bien y rápido que estaban llevando a cabo la aplicación de la Ley. Se estaban dando muchas prestaciones sin justificar. El número de personas a las cuales se les concedían las prestaciones se salían de la media. Sobretodo llamaba la atención el alto número de cuidadores familiares no profesionales que estaban recibiendo una prestación por el cuidado de una persona dependiente. La prestación al cuidador familiar no dependiente viene recogida en el art.14.4 de dicha Ley, por el que «El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención». Después de este tiempo podemos ver como muchas de estas prestaciones se han concedido sin asegurarse de que efectivamente se estaba cuidando a la persona dependiente. Ha habido casos en los que, posteriormente se ha corroborado que el cuidador, ni siquiera vivía en la misma localidad que la persona dependiente, que supuestamente estaba cuidando.

En este tiempo hemos podido ver como el derroche que se ha venido realizando años atrás es un condicionante de la situación actual a la que tienen que hacer frente estas familias.

Con el nuevo gobierno los cálculos incluyen un recorte en la financiación de los 287 millones acordados, además de una rebaja del 15% en las pagas de los cuidadores familiares desde julio de 2012. También se ha dado una prórroga de dos años para poder cobrar los atrasos en las ayudas y el aplazamiento hasta 2015 de la atención de los 300.000 dependientes moderados.

Pienso que ni era adecuada la “barra libre” que se estaba dando con el anterior gobierno, pues se estaban concediendo prestaciones a personas que no cumplían con los requisitos que se exigían, pero tampoco tantos recortes como los que se están dando ahora. Se debería volver a valorar cada situación particular, actuación que está iniciando el actual gobierno regional, para estudiar a aquellas personas que obtuvieron la prestación por discapacidad y la prestación por cuidado familiar y conceder solamente a aquellos que realmente estén cumpliendo lo que dicta la Ley.