sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Autora: Juani Perona Rodrigo. Alumna de la asignatura “Dirección Financiera de la Empresa” (5º LADE)

Desde el año pasado raro es el día en el que nos despertamos y no hay una nueva noticia en relación a las participaciones preferentes. El gran aluvión de estas nos ha llevado cada vez más a hacernos una idea del gran número de pequeños ahorradores que se han visto inmersos en este problema y de la gran complejidad que supone la resolución de estos casos.

La mayor parte de problemas se están produciendo para aquellos “inversores” que poseen participaciones preferentes de entidades bancarias nacionalizadas, principalmente un gran número de ellos son afectados por las participaciones vendidas por Bankia.

Si recordamos, la financiación económica otorgada por  para acometer la reestructuración y recapitalización de estas entidades españolas con problemas supuso también la imposición de una serie de condiciones. A pesar de que el Gobierno inicialmente no quiso reconocerlas públicamente, sólo hacía falta echar un vistazo al documento publicado por  para saber cuáles eran. Entre éstas se recogía que los accionistas, preferentistas y poseedores de deuda subordinada de estas entidades debían asumir pérdidas en este proceso de reestructuración. En concreto, se ha fijado que los tenedores de preferentes deberán asumir quitas del 39%.

El problema estriba en que existen muchos clientes que eran poseedores de participaciones preferentes sin saber dónde estaban invirtiendo el dinero ahorrado durante toda su vida.

Fue principalmente en 2009 y 2010, cuando estas entidades, ante la necesidad de liquidez, comenzaron a comercializar masivamente estos productos, llegándose a ofrecer a una gran cantidad de pequeños ahorradores, con unas campañas de comercialización que dejaban bastante que desear, entendiéndose que existió “mala praxis” bancaria en este sentido, pues se omitió información y se incumplieron, en algunos casos, con las obligaciones legales, como por ejemplo la no realización del obligado test MiFID.

Fue el 1 de noviembre de 2007 cuando entró en vigor la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, más conocida como MiFID, que consiste en un test que evalúa los conocimientos del cliente para determinar si éste se adecúa al producto que va adquirir, y que, obligatoriamente, las entidades deben realizar. La finalidad de este test es mejorar la protección del inversor, en especial de los minoristas.

Es obvio que cada caso tiene sus particularidades, pero lo que principalmente ha puesto la alerta en este tema, es que se hayan vendido estos productos de alto riesgo y poca liquidez a personas que en principio deberían estar calificadas como minoristas y, por tanto, no podrían haber accedido a dichos productos financieros, lo que ha dejado al descubierto malas prácticas en su comercialización o falta de regulación y supervisión o control.

Consciente de este problema, el Gobierno está llevando a cabo una serie de medidas para intentar solucionarlos. Así, según se viene anunciando estos meses, se va a facilitar un procedimiento de arbitraje para que los afectados puedan tener una solución más rápida y flexible a este problema. Ahora bien, en primer lugar, todos los clientes tendrán que canjear, obligatoriamente, sus títulos por acciones. Además, dicho procedimiento de arbitraje debe ser aceptado por el banco, quien ha elegido a un asesor externo (en el caso de Bankia es la misma firma de abogados que la viene representando, lo que da una idea de su imparcialidad) para que filtre aquellos casos que se considere que pueden acceder a dicho arbitraje. No obstante, la desconfianza por parte de los clientes sigue existiendo y es lógica.

En cualquier caso, a esta labor del Gobierno de agilizar la resolución de estos casos problemáticos, habría que sumar el deber del órgano supervisor, la CNMV, de extremar la vigilancia para anticiparse y minimizar lo máximo posible este tipo de malas prácticas bancarias que perjudican al inversor, pero también, a la imagen de las entidades financieras.

Ya el pasado martes, 12 de marzo de 2013, se presentó el Plan de Actividades de la CNMV para 2013, donde se recogen, entre otros, tres objetivos estratégicos prioritarios cuyo fin es reforzar la protección de los inversores:

  1. Supervisión preventiva, iniciando acciones de vigilancia con voluntad de anticiparse en la detección de posibles problemas y atajar, en una fase temprana, futuros conflictos para los inversores.
  2. Reducción de los plazos de actuación con el fin de prestar un servicio más eficaz y ágil al ciudadano.
  3. Reforzar la política de comunicación para facilitar que los mensajes y decisiones relevantes de la institución lleguen al pequeño inversor y mejorar la confianza en el funcionamiento de los mercados.

También es interesante resaltar que la nueva ley en materia de comercialización de preferentes, introduce restricciones que exigen un tramo mínimo del 50% para inversores profesionales. Además, se requiere una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas. Y en el caso de que se trate de clientes minoristas no idóneos, éstos tendrán que escribir de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resultaba conveniente y que son conocedores de su alto riesgo.

Al margen de estas medidas para solucionar dichos problemas, con las cuales se espera que no se vuelvan a producir éstos, los clientes afectados tienen la posibilidad de acudir a los juzgados y solicitar la nulidad del contrato por vicio del consentimiento, así como reclamar los daños y perjuicios sufridos a fin de recuperar la totalidad de los importes invertidos. Deben perder su miedo o desconfianza y darle un margen a la justicia, que en muchos casos ya está fallando a favor de los pequeños ahorradores.

Si algo tiene de positivo el “escándalo de las preferentes” es que, al menos, servirá para crear cierta desconfianza entre los pequeños inversores, quienes tendrán más cuidado a la hora de seleccionar los productos donde colocan sus ahorros, permitiendo que en el futuro no vuelvan a darse situaciones como ésta, en las que miles de pequeños ahorradores se han visto estafados por una mala comercialización de productos financieros y por una falta de cultura financiera por parte de éstos.