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Autora: Juani Perona Rodrigo

El pasado 20 de julio de 2012 se firmó el “Memorandum of Understanding on Financial-Sector Policy Condicionality” (MoU) entre las autoridades españolas y europeas, el cual no era sino una consecuencia de la solicitud por parte de España de financiación externa para acometer la reestructuración y recapitalización de su sistema bancario.

En este “Memorandum” se incluyó el compromiso del  de realizar una revisión interna de sus procedimientos supervisores, con la finalidad de identificar deficiencias o errores cometidos y formular propuestas de mejora. En concreto, se presta atención a dos cuestiones. La primera consistiría en comprobar si los procedimientos utilizados actualmente por el Banco de España aseguran que las conclusiones de las actuaciones supervisoras se trasladan de forma efectiva y en un corto periodo de tiempo a la adopción de medidas correctoras; y, la segunda, en definir un sistema que asegure que la supervisión macroprudencial se incorpora adecuadamente en la supervisión microprudencial y en la toma de decisiones de política supervisora.

Pues bien, en los últimos días estamos viendo cómo han transcendido a los medios de comunicación una serie de afirmaciones contenidas en el documento presentado por la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España ante la Comisión Interna que se encarga de realizar esta revisión. Afirmaciones éstas que están levantando importantes dudas sobre la gestión supervisora y, supuestamente, independiente que el Banco de España ejerce sobre nuestras entidades bancarias.

Entre algunas de estas graves afirmaciones destacan que “la forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, que “los problemas se conocían, simplemente ha habido una falta de actuación”, que “los procesos de toma de decisiones son inadecuados y poco transparentes” y que “hay un excesivo nivel de filtros que sólo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección”.

De ser ciertas estas acusaciones de los inspectores estaríamos ante otro nuevo caso de manifiestas imprudencias o actuaciones legalmente cuestionables, que vienen conociéndose en nuestro país tras esta grave crisis en la que estamos inmersos. Casos que, como es lógico, están haciendo mucho daño a nuestra economía, y no hacen sino dificultar nuestra ansiada recuperación; además, como consecuencia de estas actuaciones, cuanto menos controvertidas, se están requiriendo cantidades más que importantes de recursos públicos. Recursos que, qué duda cabe, podrían, y deberían, ser destinados a prestaciones sociales básicas, que, precisamente, y ante situaciones de este calado, merman hasta extremos inusitados, generando, como es obvio, una indignación social en muchos casos justificada.

En definitiva, en sólo unos días, hemos visto como se ha echado por la borda la gran reputación del Banco de España y volvemos a preguntarnos ¿quién regula a los reguladores?

Ahora esta institución debe centrarse en recuperar la confianza, y debería demostrar de forma clara que no se deja influir por el Gobierno ni por ningún interés sobre las entidades supervisadas, ya que de no ser así nos quedarían suficientes dudas sobre su independencia como para poder confiar en que su gestión no nos llevaría de nuevo ante otros nuevos casos como el de Bankia, clave en la crisis financiera española.

En mi opinión, no debería quedarse este análisis en si existen los procedimientos adecuados para poder prever en un futuro actuaciones o gestiones no adecuadas de las entidades inspeccionadas, sino que deberían darse respuestas acerca de los errores ya cometidos y depurarse responsabilidades. Si bien me temo que ocurrirá lo que estamos acostumbrados a ver en este país, que no hay culpables, que estas gestiones “erróneas” o “equivocadas”, cuando no simplemente “delictivas”, no tienen consecuencias para quienes las realizan.