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Autor: Alejandro Ojeda Jiménez

La empresa que gestiona el hospital de  reclama a la Administración una compensación económica al considerar que sus beneficios no son adecuados y amenaza con recortar la calidad de la atención a sus ciudadanos.

Hace 3 años las compañías  y  comenzaron a gestionar el hospital de Manises, en Valencia. Estas empresas implantaron el modelo PFI.

El modelo de “concesión sanitaria” o PFI, iniciativa de financiación privada, ha sido usado en nuestro país para la construcción de otro tipo de infraestructuras. Por ejemplo este modelo se ha utilizado para la realización de grandes obras públicas como autopistas, aeropuertos, embalses…. El objetivo del modelo PFI es dar entrada al capital privado en el sector público sanitario, asegurándole rentabilidades durante varias décadas.

Las administraciones públicas que abogan por la imposición de este modelo en el sector sanitario lo presentan como una idea beneficiosa para el sector, justificando la utilización del modelo PFI porque el gasto dedicado a los pagos anuales de los arrendamientos a las empresas privadas no computa como gasto público a efectos contables aunque realmente sea dinero público.

Bajo el modelo PFI, los proyectos de construcción de hospitales son financiados por el sector privado de forma que un grupo de empresas privadas, en el caso del hospital que hemos tomado como ejemplo, el de Manises, las empresas Sanitas y Ribera Salud, financian y construyen un nuevo hospital.

Las rentabilidades que obtienen estas empresas y que hemos comentado anteriormente se basan en que la Administración paga un alquiler o arrendamiento durante un plazo de hasta 50 años al grupo de empresas propietarias del hospital, que está encaminado a cubrir gastos de construcción, el alquiler del edificio, el gasto de servicios de soporte y los riesgos transferidos al sector privado.

En estos días la empresa Sanitas, que es la única adjudicataria actual del hospital, considera que esas rentabilidades no son las esperadas y exige a la Administración un aumento del pago realizado. La compañía reclama 76 millones de euros al gobierno valenciano.

Como contrapartida argumentan que si no se satisface esta deuda, se prorroga el contrato, se amplía la población a la que se dirige el hospital o aumentan los servicios clínicos, el servicio sanitario prestado en el hospital se devaluará.

Como se puede observar poco le importa a la empresa adjudicataria la situación de los enfermos que atienden en su hospital, ya que si no obtienen los beneficios esperados de la Administración reducirán la calidad del servicio prestado.

Con este ejemplo se puede observar que el modelo de concesión sanitaria o PFI está basado en la búsqueda de rentabilidad por parte de la empresa adjudicataria, dejando de lado la atención a los pacientes, que bajo mi punto de vista debe ser el aspecto prioritario en la gestión de un hospital.

Por lo tanto considero que el modelo PFI no es el más indicado para la gestión de la sanidad, ya que, las empresas buscan obtener rentabilidades, en vez de la prestación más adecuada del servicio sanitario a los ciudadanos.

Un hospital debe estar enfocado a la atención correcta a los ciudadanos. Este es un derecho básico de los ciudadanos españoles que no se deben perder. Mediante las privatizaciones se buscan rentabilidades y estas rentabilidades esperadas son incompatibles con la maximización de la atención y por lo tanto del bienestar social de la población objetivo.