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Autor: Carlos Marín Gallardo

El objetivo (desde el punto de vista económico) de todo sistema de organización territorial debería ser, por un lado, promover la eficiencia en la administración de los recursos de cada territorio, alcanzando más altas cotas de progreso y, por otro, intentar reducir las desigualdades territoriales logrando un proceso de convergencia efectiva entre regiones.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, es más que cuestionable que el estado autonómico planteado como tal haya logrado dichos objetivos.

En términos de eficiencia, está claro que los factores determinantes en el crecimiento económico no se han visto favorecidos con la implantación de las comunidades autónomas. El ejemplo más flagrante es la educación. La transferencia mayoritaria de las competencias de educación a las comunidades autónomas no ha supuesto un incremento en el rendimiento de los estudiantes ni una disminución del fracaso escolar. Año tras año, los informes PISA demuestran cuál es la realidad de la educación en España, en donde caen en saco roto todas las recomendaciones constantes de la  y otros organismos como aumentar el número de horas de asignaturas clave como matemáticas, lengua e inglés, mejorar y hacer más exigentes los contenidos de los programas y preparar y ayudar al profesorado para implementar de manera real (y no sólo nominal) un sistema de educación completamente bilingüe. Mientras tanto algunas CC.AA., en vez de promover la excelencia, han fomentado la simplificación de contenidos hasta llegar a un estado de ignorancia generalizada, o el localismo más absoluto donde algunos libros de primaria llegan al absurdo de explicar que los ríos de la CC.AA. nacen a partir de la frontera con otra región.

Respecto a otros factores determinantes del crecimiento en el largo plazo como podría ser la inversión en I+D+i y el establecimiento de un sistema fiscal-administrativo business-friendly o favorecedor de la generación de nuevas empresas, inversiones y exportaciones, está claro que España no puede ser calificada otra cosa que de estado fallido. De hecho, las CC.AA. no han ayudado tampoco a este respecto sino que han introducido un nivel adicional de burocracia (especialmente dañino para la creación de nuevas empresas) o el establecimiento de nuevas trabas para las inversiones en comunidades autónomas distintas a la de origen.

En cuanto a la reducción de las desigualdades territoriales el balance no es del todo concluyente. Mientras que es cierto que la convergencia en PIB per cápita se ha visto relativamente mejorada a nivel general (tanto en términos de beta-convergencia como de sigma-convergencia), no todas las CC.AA. menos desarrolladas han salido favorecidas. Sirva de ejemplo Castilla-La Mancha cuyo PIB per cápita en 2000 era del 78,6% de la media española y 10 años después su PIB per cápita había retrocedido relativamente hasta el 76,4% sobre la media de 2010. Por lo tanto las diferencias con el resto de España han aumentado. Lo mismo ha ocurrido con otras CC.AA. como Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia que se siguen alejando de la media nacional. Si consideramos otros indicadores como la tasa de desempleo, las desigualdades no sólo no han aumentado sino que España ha quedado literalmente partida en dos como muestra el mapa adjunto. Un Norte en el que el desempleo, a pesar de ser muy alto, no pasa del umbral del 23% para ninguna CC.AA. y un Sur en el que encontramos hasta un 41% de tasa de desempleo en Ceuta o un 35% para Andalucía. Si esta tendencia continúa podemos acercarnos a niveles de desigualdad territorial parecidos a países como Italia donde el norte industrial y desarrollado nada tiene que ver con el depauperado sur.

En este artículo sólo he analizado aspectos relativos a la eficiencia y la equidad desde el punto de vista del desarrollo regional, el escenario es aún más catastrófico si consideramos el papel de las CC.AA en la desviación de los objetivos de déficit público, el despilfarro de los últimos años (aeropuertos fantasma, macroproyectos…), la corrupción generalizada (mal también de las otras administraciones) o su rol en la destrucción de las cajas de ahorro como entidades financieras (que habían funcionado desde siglo XIX) debida a la politización y mala gestión de dichas entidades.

Ahora bien, la solución no pasa por la vuelta a un estado completamente centralizado sino por la asunción de manera efectiva del federalismo fiscal (nada que ver con el federalismo político) donde las regiones tengan un nivel de gasto acorde con los impuestos que recauden y que cada nivel de la administración se ocupe de aquellas competencias en el que se alcance un más alto grado de eficiencia (sea local, regional o estatal). Por otro lado, es importante que el Estado fije de manera completamente objetiva las transferencias necesarias que anualmente se tienen que dar entre CC.AA. para garantizar la solidaridad interterritorial y la convergencia efectiva de las regiones.