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Autor: Carlos Álvarez Aledo

Durante los últimos meses, el principal debate sobre cuestiones laborales y sociales se ha centrado en las posibilidades de prorrogar o no el denominado Plan Prepara, más conocido en términos de titular periodístico como “prorroga de los 400 euros para parados que han agotado el subsidio”. El debate social y la polémica entre gobierno y oposición (partidos y agentes sociales) sobre este tema ha presentado, ayudado por los medios de comunicación, características preocupantes de superficialidad, confusión y demagogia.

Tal y como lo ha entendido la mayoría de la sociedad, y apenas nadie se ha molestado en aclarar, se trataba de si, en el contexto del actual proceso de ajuste presupuestario, debía seguir concediéndose o no el programa establecido transitoriamente por el gobierno anterior de ayuda de 400 euros durante seis meses a aquellos parados que han agotado las prestaciones y subsidios de desempleo. Es decir, prorrogar o no para estas personas tal ayuda por otros seis meses y, a ser posible, antes del 15 de Agosto, fecha en que concluía el programa vigente para evitar que durante unos días se quedaran sin tal ayuda. Finalmente, el programa se ha prorrogado, aunque con algunos requisitos adicionales. Con tímidas objeciones de la oposición por esos nuevos requisitos, casi todos parecen haber quedado satisfechos y aliviados en sus conciencias. El gobierno actual por el esfuerzo presupuestario realizado y la asunción del plan del gobierno anterior. La oposición, por los resultados de la presión realizada. La opinión pública “respira tranquila” al haber forzado una solución, evitado un nuevo recorte y dado continuidad a una ayuda social presentada como esencial para luchar contra el desempleo y paliar la pobreza en España.

Pues bien, al respecto de esta visión que, no sería arriesgado considerar, ha sido mayoritaria, merece la pena hacer algunas aclaraciones poco escuchadas:

  1. La ayuda del Plan Prepara sólo se puede recibir “una vez en la vida”, es decir que su prorroga no supone que quienes la percibían puedan seguir recibiéndola por otros seis meses. Prueba de esa confusión es que muchos participantes en el programa han acudido a preguntar o demandar la posibilidad del mantenimiento de la ayuda durante más de seis meses. En realidad, sólo algunos de quienes más recientemente acaban de quedar sin cobertura pueden optar a conseguir la ayuda (por cierto, con un “retardo burocrático” en torno a 2 meses desde la solicitud). Sin embargo, hay parados de larga duración que agotaron esa ayuda hace ya más de un año, no reciben ya ningún apoyo de este tipo y no se tiene noticia sobre ellos.
  2. El Plan Prepara no está concebido como un programa de ayuda social sino un programa de recualificación de parados. Para un colectivo muy reducido de personas que cumplan una serie de requisitos se ofrece una subvención o renta de apoyo durante seis meses a cambio de un compromiso firme de búsqueda activa de empleo, fundamentalmente realizando acciones de orientación y formación ofrecidas por las Oficinas de empleo para mejorar su empleabilidad. Sin embargo, los ajustes presupuestarios realizados en el último año han reducido drásticamente los recursos para políticas activas de empleo y una parte de los orientadores laborales que servían de apoyo, por lo que el Plan se ha convertido en una ayuda social y no en una renta vinculada a acciones de empleabilidad. Sugerir dudas sobre el grado de compromiso de búsqueda de empleo de estos parados de larga duración que han seguido el programa en los últimos meses, porque apenas han realizado cursos de formación (cuya responsabilidad de oferta corresponde a la Administración) o por los escasos y decrecientes resultados en términos de inserción laboral (en un contexto de retorno a una grave recesión económica), representan argumentos políticos que sólo contribuyen a incrementar la confusión y la sospecha social.
  3. El Plan Prepara tiene un grado de cobertura muy reducido. En los últimos meses unos 200 mil parados estaban recibiendo esta subvención en España. Con su nueva configuración, más restrictiva aún, es posible que no alcance a más de 130 mil. Hay que recordar que en España hay más de 5 millones y medio de parados, de los cuales 2,6 millones no tienen ninguna cobertura. Además, según los últimos datos de la EPA un cincuenta por ciento del desempleo total (2,2 millones) son parados de larga duración. Es decir, hasta ahora, antes de su reforma, el Plan Prepara estaba cubriendo cada mes a un colectivo que suponía apenas un 9 % de los parados de larga duración y de los parados sin cobertura o el 4,5 % del desempleo total. En el mejor de los casos, el balance acumulado tras un año y medio desde su implantación en 2011, supone haber ayudado a un total de 500-600 mil personas (un 20 % de los actuales parados sin cobertura). Con la reforma, afectará sólo al 5 % de los parados sin cobertura y para un tercio de esos beneficiarios la generosa ayuda pasará de 400 de 450 euros. Según la estimación oficial, este último colectivo representará unas 34 mil personas (es decir, un 1,3 % del total de parados sin cobertura).

Más allá de estos detalles, el caso de esta reciente polémica sobre el Plan Prepara es sólo una muestra más del deficiente nivel de debate económico, político y social, así como de la falta de propuestas de mayor calado para identificar prioridades y soluciones. Tras cinco años de crisis, dos gobiernos de signo político distinto y, por contraste, novedosas y sofisticadas soluciones en el ámbito de los problemas financieros, merecería la pena, al menos, hacerse algunas preguntas más relevantes, quizá incomodas, sobre dónde estamos en el ámbito del empleo y la desigualdad en España.

Algunas sugerencias: ¿La única o principal solución al creciente aumento de las situaciones de desigualdad y dificultades sociales es un programa de cobertura minoritaria, casi simbólica, de ayuda social disfrazada de compromiso de búsqueda de empleo para que nadie critique su concesión?; ¿Tiene, desde el punto de vista económico y social, alguna lógica establecer oficialmente la posibilidad de pedir una subvención de 400 o 450 euros como si se tratara de una “beca de formación”, cuando en realidad los perceptores lo necesitan para gastos básicos en alimentación o en el pago de la hipoteca o el alquiler? ¿Un programa de ayudas que cuesta 50 millones de euros al mes es la mejor o principal respuesta a escala nacional que puede ofrecer la cuarta economía de la zona euro como nueva estrategia de reinserción y recualificación de los desempleados y personas con riesgo de marginación para paliar los efectos de la mayor recesión desde los años 30 y de una tasa de paro que se mantendrá en torno al 23-25 % en los próximos tres años, al menos? ¿ Ese escaso volumen de recursos económicos dedicados al programa, aunque bien rentabilizados en términos mediáticos, no es en la práctica una renuncia a hacer algo para conseguir algún efecto significativo sobre los problemas del mercado de trabajo y la desigualdad ?; ¿Por qué si hay una gran preocupación por la situación de millones de personas y familias que no tienen empleo desde hace ya varios años no se refuerzan (o se presiona para que se refuercen) las redes de ayuda social pública para atender de forma directa y razonada situaciones de necesidad?; ¿ Por qué, en su lugar, con escaso eco mediático, se están reduciendo o atrofiando las áreas de bienestar social a escala autonómica y municipal, disminuyendo los recursos económicos y casi anulando la capacidad de actuación, e incluso el número de trabajadores sociales, para gestionar ayudas a familias para alimentos, vivienda o dependencia ?.

Con demasiada frecuencia somos arrastrados por efímeros “debates de actualidad” y, en cambio, apenas se escuchan propuestas alternativas más amplias, profundas, rigurosas y creíbles de análisis de la realidad y de políticas económicas para estimular el empleo, evitar la descualificación profesional por la inactividad laboral y paliar el proceso de deterioro social. Propuestas que, sin demagogia, pero también sin miedo a la crítica por plantear estrategias de empleo o medidas de ayuda social, permitieran un uso limitado aunque suficiente de recursos públicos para enfrentarse a este tipo de problemas que, a largo plazo, van a tener efectos tan devastadores o más que los protagonizados por la crisis financiera y bancaria.