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Autora: Rosario Pérez Morote

Es inimaginable la capacidad de adaptación, que la clase media de la ciudadanía está demostrando, ante las medidas de recortes y restricciones económicas con las que no sentimos agredidos, casi a diario. Nos dicen que todas son necesarias para que la situación de crisis profunda, en la que estamos inmersos, se vaya disipando y podamos salir a flote.

Estas medidas no solamente no cesan sino que algunas de ellas están todavía por venir. No pasará nada, nos seguiremos adaptando. Si el IVA sube, nos privaremos de comprar aquellos bienes que no son tan necesarios, no iremos al cine, ni a las peluquerías, ni a las discotecas, pero iremos saliendo. Si nos quitan la paga extra, en teniendo los juguetes de Navidad para los niños, casi todo lo demás se podrá llevar.

Nos bajan nuevamente los sueldos, qué se le va a hacer, tendremos que aguantar. Si hay que pagar parte de las medicinas, todo sea por frenar el despilfarro. Si nos recortan en educación, vuelve a escocer, pero intentamos buscar soluciones. Si no hay comedor escolar, nuestros hijos se llevan la tartera; si algunos pueblos se han quedado sin transporte escolar, no pasa nada, los niños van caminando cruzando vías, carreteras y caminos impracticables; o bien sus padres desengrasan los carros y las mulas para llevarles al colegio, como hace poco hemos podido ver en la televisión.

Me sorprende la capacidad de adaptación que el ser humano tiene y demuestra, intentando seguir de forma aparentemente “normal” con su vida. Ahora bien, mi sorpresa llegó al límite cuando, hace unos días, se publicaba una resolución regional sobre los precios que, por parte de los centros sanitarios, se aplicarán a partir del próximo enero a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria, como es el caso de los sin papeles. Sí se les tuviera que hospitalizar e intervenir quirúrgicamente tendrían que pagar entre los 500 y 1.000 euros sólo los cinco primeros días. Si tuvieran que ser hospitalizados en el Servicio de  y Neonatos se barajan precios parecidos.

Hospitalizarles en la UCI o en la UVI les costará entre 1.500 y 2.800 euros sólo los cinco primeros días. Por supuesto, los precios están establecidos para cualquier consulta externa que tengan que realizar, tanto las primeras como las sucesivas; también toda la cirugía ambulatoria y la de urgencia. No hablamos de los precios a los que tendrían que hacer frente en tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Es evidente que el uso de recursos y la prestación de un servicio conllevan un coste, coste que es necesario conocer, pero… ¿cómo es posible que se hable de precios a cobrar a este colectivo, cuándo esta gente nunca podrá hacer frente a los mismos?

Carece de sentido. Estas personas no tienen nada, no tienen casas, no tienen trabajo, no tienen papeles, no tienen ninguna capacidad de adaptación ante la aprobación de tales medidas.

Reflexionemos y llamemos a las cosas por su nombre. Nuestra capacidad de adaptación es muy grande, pero no ilimitada.