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Autor: Juan José Rubio Guerrero – Catedrático de Hacienda Pública

La hipotética secesión de Cataluña del resto de España tendría una serie de consecuencias algunas previsibles y otras imprevisibles que afectarían a la capacidad de crecimiento y bienestar social tanto de la región segregada como del conjunto del Estado. La razón principal es que se perderían los efectos de escala en la producción y distribución de la mayor parte de los bienes y servicios privados y se incrementarían en ambos territorios los costes de la prestación de los servicios públicos, sin olvidar las turbulencias financieras derivadas de la transición del euro hacia otra moneda nacional en Cataluña. Grosso modo, los efectos inmediatos se producirían en una triple línea:

  • Aparición de fronteras fiscales e incluso físicas entre Cataluña y con el conjunto de los países de la UE, incluido España, teniendo que aplicar aranceles de comercio al tráfico que se produce pasando de ser operaciones internas de un país comunitario a un país tercero no miembro de la UE. Es difícil cuantificar este efecto en estos momentos pero resulta evidente una pérdida de actividad y empleo, y una deslocalización de múltiples empresas de un territorio que no permite operar en el mercado intracomunitario.

    Es previsible que, a partir de los derroteros que está tomando la petición secesionista y la implicación en ella de algunos partidos más institucionales, muchas empresas puedan iniciar un procedimiento formal o informal de evaluación de estrategias futuras contemplando como algo posible el abandono de Cataluña mediante el traslado de sus actividades productivas o de la sede social a otras regiones de España o al extranjero. Un segmento especial de esta dinámica sería el de los inversores extranjeros lo que produciría un empobrecimiento en las posibilidades de intercambio tecnológico y de la internacionalización de amplios sectores productivos. Cataluña, por el peso y la dirección económica que representa en España, ha sido siempre un importante receptor de inversión directa extranjera que podría reducirse significativamente ante el nuevo escenario.

  • Reducción de los flujos comerciales entre ambas partes que depende del sesgo comercial español del comercio catalán. Cataluña, en estos momentos, comercia 10 veces más con el resto del Estado que con otros territorios y, en torno, al 60% de la producción catalana se consume en el resto de España. Parece evidente que los flujos comerciales de Cataluña con el resto del Estado son de difícil sustitución y que la hipotética secesión, como ha ocurrido en otras experiencias, llevaría aparejada la caída de la producción, conduciendo a una situación de estancamiento o recesión. Esta ha sido la experiencia de separaciones como Chequía y Eslovaquía; la Repúblicas Bálticas de Rusia y qué decir de la experiencia balcánica.

    La mayor parte de las empresas catalanas se encuentran estrechamente vinculadas al mercado nacional español, hasta el punto de que una buena parte de ellas tiene instalaciones productivas y de distribución en ambos territorios. Las empresas son muy sensibles a las posibles turbulencias políticas en cuanto a sus decisiones de inversión y localización más allá de factores de demanda, cambio tecnológico y coste del capital. Parece razonable la inquietud de muchos grandes y medianos empresarios catalanes ante el Plan secesionista.

  • Deberá asumir el coste económico que supone la construcción de una organización básica de un Estado y de las competencias estatales en que se expresa la soberanía (relaciones internacionales, defensa, sistema judicial integral, instituciones financieras y supervisión, Banca central, etc.) al mismo tiempo que deberá garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar, lo que supondría un incremento de las cargas fiscales de los catalanes, probablemente muy por encima de la transferencia de recursos para mantener la solidaridad interterritorial a nivel de España en función del modelo actual de financiación autonómica, aún reconociendo que es necesario ajustar la financiación per cápita que, en estos momentos, penaliza a Cataluña. Pero entre esa realidad y la secesión hay muchas posibles soluciones intermedias que generen mútuo beneficio y, probablemente, no sea el Pacto Fiscal una de ellas.

    Especialmente grave, en mi opinión, son los aspectos de Seguridad Social y pensiones. Dado el comportamiento demográfico y laboral de Cataluña, el sistema de pensiones del que actualmente disfrutan los pensionistas catalanes no es sostenible en un Cataluña independiente o, dicho de otra manera, la garantía de los derechos adquiridos por los pensionistas sólo la proporciona su integración en la caja única de la Seguridad Social española, pues dentro de él son posibles transferencias territoriales entre las CC.AA en los que los recursos excedan de los gastos y los que, como ocurre en Cataluña en este ámbito, son deficitarias.

  • Necesario abandono del Euro como patrón económico dando lugar a un aumento de la estabilidad macroeconómica. Una Cataluña independiente ser vería obligada a crear su propia divisa pues la tentación de mantener de forma unilateral el Euro, de cuya área no formaría parte, no sería sostenible debido a las rigideces que introduce, básicamente, porque no puede fijarse un tipo de cambio acorde con la situación del sector exterior y porque sería muy complicado que el Banco Central catalán pudiese actuar como prestamista en última instancia del sistema financiero.
  • Aunque inicialmente la autoridad monetaria catalana trataría de mantener la paridad de su moneda con el Euro, las tensiones sobre el sector exterior acabarían forzando la elevación de los tipos de interés y la devaluación de la divisa, dejando flotar el tipo de cambio y produciéndose un aumento generalizado de la incertidumbre en un escenario de inflación, altos costes de capital y déficit exterior. En estas circunstancias, Cataluña no podría integrarse fácilmente en la zona € pues, aún salvando las restricciones políticas para ser admitida en un espacio que se construye cediendo soberanía de los Estados a la Unión y no de los Estados a las Regiones, tendría que cumplir unos rígidos criterios en la UEM. La adopción de una nueva moneda supondría unos costes de adaptación que, sólo en los sectores bancario y comercial, superaría los 1.000m€, así como de costes de transacción por comisiones de cambio , que, en conjunto, podría llegar al 20% del PIB anual catalán. Sin olvidar, de nuevo, el aumento general de la incertidumbre sobre la sostenibilidad del tipo de cambio entre la divisa nacional y el Euro, lo que afectaría a las exportaciones y la recepción de capitales extranjeros.

En definitiva, la aventura secesionista no es un camino a la prosperidad. Una Cataluña independiente pasaría por serias dificultades económicas que originarían una enorme pérdida de bienestar para los ciudadanos, especialmente para los más débiles ya que habría menos posibilidades de empleo, servicios públicos más modestos con mayores impuestos, amén de un estado de bienestar y, especialmente las pensiones, seriamente recortado. Pero el resto de España también tendría su propia cruz. Los economistas hablamos de óptimo paretiano cuando dos agentes ganan y nadie pierde, esto sería un “pésimo paretiano”.