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Autor: Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa. UCLM. Foro Independiente de Analistas Fiscales.

El Impuesto sobre el Valor Añadido se caracteriza por ser, desde el punto de vista de mecánica fiscal, un tributo relativamente sencillo. Una vez determinada la base imponible de una operación que no es otra cosa que la cuantificación del hecho imponible del impuesto, la cuota resultante se calcula mediante la aplicación del tipo impositivo correspondiente a la naturaleza de la entrega del bien o prestación del servicio realizada.

El IVA es un tributo que incide sobre el consumo directamente y no tiene en cuenta las circunstancias personales o familiares del contribuyente por lo que no suele afectar, al menos directamente, a comportamientos económicos estratégicos de los individuos como la oferta de trabajo, ahorro, inversión o asunción de riesgos empresariales o financieros individuales. Su efecto directo resulta evidente: una bajada de tipos puede producir un aumento del consumo al abaratar el precio final del mismo, con el consiguiente aumento en la producción y el empleo. Por su parte, una subida de los tipos puede tener un efecto disuasorio en el consumo, siempre que se repercuta totalmente al contribuyente, provocando un efecto contrario al previsto, es decir, una disminución no sólo del propio impuesto, sino también de otros tributos, al reducir la producción, renta y el empleo total. En cualquier caso, estos efectos dependerán del grado de elasticidad-precio de los bienes y servicios gravados.

En España, se aplican tres tipos impositivos (normal, reducido y superreducido) lo que facilita su aplicación ya que, en función del tipo de actividad, las empresas suelen aplicar sobre su volumen de ventas un único tipo, salvo el caso de grandes empresas con actividades diferenciadas. El RD-Ley 20/2012 ha modificado al alza los tipos general y reducido del IVA desde el 18 al 21% y del 8 al 10%, amén de una revisión de las operaciones sujetas a tales tipos, lo que ha supuesto que ciertas actividades pasen a tributar de golpe del 8 al 21%. La razón que se apunta en la exposición de motivos de la norma no es otra que coadyuvar en la reducción del déficit público para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas a medio y largo plazo. En su esquema de aplicación temporal y con este objetivo, se ha aplazado su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2012.Sin embargo, es previsible una reducción del consumo en un momento crítico de la posible salida de la situación de recesión económica, afectando especialmente a aquellos contribuyentes con mayor propensión al consumo que son los que menor renta y patrimonio tienen, por lo que, además, se trata de una medida profundamente regresiva e inequitativa, en términos generales.

Desde una perspectiva económico- empresarial, puede agravar los problemas financieros de nuestras empresas por varios motivos:

  • Si los empresarios pueden, por tener un control sobre el mercado en que operan, repercutir el impuesto al consumidor final, es previsible una subida generalizada de precios cuya cuantía dependerá de la existencia o no de impactos extraordinarioa adicionales en los precios de la energía. Las proyecciones establecidas para final de año sitúan al IPC en torno al 2,7%%, que se acelerará a partir de septiembre debido a la subida del IVA para acabar el año con una inflación en torno al 3%.
  • Si los empresarios no pueden trasladar el impuesto a los consumidores finales porque verían limitada su cuota de mercado al reducir su demanda, el impuesto se convierte en un coste más que limita su margen comercial con los efectos que esto tiene sobre producción, renta y empleo de las empresas afectadas. Asimismo, reduciría las posibilidades de autofinanciación empresarial en un momento en el que la financiación externa vía endeudamiento está fuertemente racionada.
  • El sistema de liquidación del IVA va a obligar a ingresar en la  unas cuotas superiores, aunque no hayan sido cobradas, dada la aplicación del régimen de devengo y no de caja en la imputación de las operaciones gravadas. Si este era un problema ya de por sí grave, se verá profundizado con el incremento de los tipos.
  • El incentivo al fraude fiscal que supone, por experiencias pasadas, la elevación de los tipos aplicados en este impuesto. Este incentivo que es, ya de por sí, importante en una situación de crisis como la actual se acentuará con la elevación de tipos. Este comportamiento puede reducir significativamente la previsión recaudatoria estimada por el Gobierno. En definitiva, puede suponer un incremento recaudatorio puntual y temporal para caer posteriomente debido a los efectos sobre consumo, producción, renta y empleo. La reciente experiencia pasada es tozuda. Pan para hoy y más hambre para mañana con peores perspectivas de salida de la crisis.