sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Autora: Mª Emilia García Pérez – Profesora Titular de la Facultad de C.C. Económicas y Empresariales

En el primer artículo que firmé para este periódico en el mes de Abril, ya adelantaba que, basándome en múltiples declaraciones perfectamente establecidas y orquestadas por miembros del gobierno central y de gobiernos autonómicos sobre su profesionalidad, no corrían buenos tiempos para los empleados públicos. Casi tres meses después, justo cuando las últimas medidas aplicadas a este sector, junto con la correspondiente letra pequeña, se han publicado recientemente en el B.O.E. (Sábado 14 de Julio) coincidirán conmigo en que nuestra situación ha empeorado mucho más.

En las tertulias radiofónicas del fin de semana anterior al anuncio del presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados del que se ha calificado como “el mayor recorte de la historia de la democracia”, ya se adelantaba que una de las exigencias de Bruselas para aprobar el rescate a la banca y conseguir una prórroga de un año en la corrección del déficit, era la reforma del sector público. No es solo una cuestión de equiparar en materia de complementos a los empleados públicos de Régimen General de la Seguridad Social con el que es de aplicación en el sector privado, en cuanto a horas semanales trabajadas, días de asuntos propios ó retribuciones en situaciones de incapacidad temporal. Ahora ya se está empezando a hablar de despidos de trabajadores eventuales, interinos y, por primera vez, de laborales, en concreto, de 690.000 empleados laborales, la mayor parte adscritos a las comunidades autónomas.

De nada sirven todas las voces que se han lanzado en contra de todas las medidas de ajuste emprendidas por este gobierno desde su toma de posesión. Hay funcionarios que se sienten criminalizados por este gobierno y por la sociedad, que lanzan sus cartas a través de las redes sociales exigiendo que no se les culpe de la crisis. Y también los que se están manifestando a diario en los alrededores del Congreso como señal de protesta a esos recortes. En unos pocos años hemos pasado de ser estúpidos porque nos conformábamos con sueldos que estaban muy por debajo de los que podríamos obtener en la empresa privada, a ser unos parásitos privilegiados, que suponen un lastre para salir de esta maltrecha situación.

También han surgido escritos de apoyo de figuras relevantes del mundo de la Judicatura, como Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional, que hace una defensa del funcionariado porque tiene su razón de ser precisamente para garantizar la independencia de la Administración frente a la voluntad del gobernante de turno. Ó como José-Torné Dombidau, Profesor  de Derecho Administrativo que añade que la estabilidad del funcionario en el empleo público contribuye a que el ciudadano debe de obtener una más imparcial y objetiva resolución de sus asuntos ante la Administración pública. Ayer mismo se ha sabido que jueces y fiscales se suman a la manifestación del próximo jueves y queda pendiente la convocatoria de huelga de los primeros. E incluso, la  (A.U.M.E.) se reunirá esta semana para decidir su estrategia de protestas contra los recortes.

Y es que somos muchos los que pensamos que, a pesar del empeño del presidente del gobierno y sus ministros en disfrazar su forma de proceder, como decisiones técnicas o inevitables por la situación heredada, realmente son claras opciones ideológicas, que no han sacado a la luz hasta que no se han visto arropados por su mayoría absoluta.

Frente a lo que dijo el presidente Rajoy en el Congreso el día 11 de que “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”, sí que hay otras alternativas. Alternativas que pasarían, por ejemplo, por quitar privilegios, eso sí son privilegios, a ex-altos cargos públicos y a políticos, por eliminar empresas públicas que no se sabe muy bien para qué están y que solo son una fábrica de colocación a dedo de amiguetes y familiares de los políticos de turno, por perseguir el fraude fiscal (¿Cómo puede decir el Sr. Montoso que se ha tenido que elevar el I.V.A. porque sabe que hay mucha gente que prefiere no pagarlo? Él mismo se está declarando incompetente para resolver un problema de ese calado), por establecer mayores impuestos a las grandes fortunas, por eliminar las SICAV y que tributen como el resto de contribuyentes, por obligar a los clubes de fútbol a cancelar sus deudas con Hacienda con los consiguientes intereses de demora y por eliminar televisiones autonómicas y locales con enormes déficit, por eliminar asesores y personal de confianza de presidentes, por limitar sueldos de los cargos públicos. Es decir, medidas para mantener los mecanismos del Estado Social, a través de la financiación de los sectores más acomodados y para que, desde las instituciones públicas, se apliquen medidas redistributivas que estimulen el consumo, en lugar de penalizarlo.

Y si el escenario está muy convulso a nivel nacional, otro tanto está pasando a nivel regional desde que el  empezara a gobernar en nuestra comunidad en Junio del año pasado. Desde ese momento, todos los paquetes de medidas anunciadas por la presidenta Mª Dolores. Cospedal para reducir el déficit autonómico, han tenido consecuencias para las condiciones laborales de los trabajadores del sector público.

Además, recordemos que a primeros de Diciembre de 2011, la presidenta anunció un recorte sin precedentes para la  del 33% para este año 2012. Ya había sido un año complicado y duro para esta institución y lleno de incertidumbre debido a que se finalizó el ejercicio con una deuda pendiente de la Junta de Comunidades de 100 millones de euros. Ante la falta de información por parte de responsables de la Junta de Comunidades, el equipo rectoral optó por reducir en un 25% todas las partidas presupuestarias.

En el pasado mes de Marzo el rector Miguel Ángel Collado, a través de un informe detallado, explicó la situación económico-financiera de la UCLM y pidió que la subvención nominativa que el ejecutivo autonómico aporta a la Universidad regional, no bajara del entorno de los 125 millones de euros. Esta petición fue refrendada posteriormente por el Claustro Universitario y por el Pleno del  de esta universidad.

Sin embargo, en los tres últimos meses hemos asistido con cierta perplejidad a numerosos llamamientos del propio rector para que hubiese una confirmación oficial del compromiso de la Junta a conceder esa cantidad. En diferentes medios de comunicación el Consejero de Educación, Cultura y Deporte Marcial Marín aseguraba esa asignación pero en los presupuestos aprobados el pasado jueves solo se recogían para la universidad regional 98 millones de euros. Hay un desfase de 5 millones de euros respecto a la cantidad inicial asignada que está previsto que se recauden por el aumento de las tasas universitarias. Finalmente hemos sabido que habrá unos fondos adicionales procedentes de Europa gracias al desbloqueo de 23 millones de euros relativos a  y que la universidad tenía asignados desde el año 2007, que vendrán a paliar la diferencia entre lo demandado y lo que definitivamente se ha concedido.

Pero las últimas declaraciones del Consejero regional han generado gran revuelo en la comunidad universitaria. El Sr. Marín nos da un tirón de orejas porque no hemos hecho suficientes esfuerzos para ajustar nuestro presupuesto a la cantidad inicial asignada pues define los fondos adicionales europeos como una situación extraordinaria de este año. Por primera vez, y para evitar posibles desviaciones que un exceso de gastos en la universidad podría generar sobre el déficit previsto para toda la región, informa de que se ha formado una Comisión Mixta, que se reunirá periódicamente, formada por la Consejería de Hacienda y la de Educación, Cultura y Deportes. Nos hace una clara advertencia de que si en los próximos ejercicios no cumplimos con lo establecido, la Junta podría dejar de pagar la asignación nominativa. Además sugiere que para reducir el gasto, las medidas podrían ir encaminadas hacia el cierre de titulaciones muy repetidas o aquellas con una demanda inferior a 30 alumnos.

No voy a discutir ahora si ésta es la mejor forma de dar a conocer una medida de estas características a la comunidad universitaria por parte del Consejero Marín, pero sí que creo que hay que analizar la situación a la que nos enfrentamos. Justo el lunes pasado y a tenor de estas declaraciones, el Vicerrector de Profesorado convocó a las organizaciones sindicales para debatir sobre las perspectivas de futuro de la universidad. Realmente no hay nada nuevo que contar de esa reunión. La estructura actual se puede mantener con un presupuesto de 125 millones de euros. Con menos presupuesto, esa estructura es inviable. Se ha intentado que los 100 millones de euros que la Junta nos adeuda, se repartan proporcionalmente en los próximos tres años para, de nuevo, paliar esos 28 millones de diferencia; pero sorprendentemente esa deuda no se reconoce por el equipo de gobierno regional.

Es resumen, estamos como estábamos y además, intervenidos por mucho que nuestro rector diga que no necesitamos tutela. No conozco personalmente al Sr. Marín, pero sí es público que su perfil profesional nunca ha estado vinculado a la actividad docente. No recuerdo haber escuchado ó leído declaraciones suyas sobre qué modelo de universidad le gustaría tener. Hablarle a estas alturas de la calidad de la enseñanza ó de la necesidad de grupos reducidos en el aula para la implantación de los nuevos grados de acuerdo a la filosofía de la Declaración de Bolonia, creo que lo tiene superado. Si permite que niños de 3 años estén hacinados en aulas que ni siquiera se ajustan a unas condiciones apropiadas de seguridad y elimina los profesores de apoyo a los niños con problemas del Ciclo Infantil, yo creo que podemos ir asumiendo ya las circunstancias a las que nos enfrentamos. Pertenezco a FETE-UGT desde hace muchos años y he sido miembro de la Junta de PDI en tres ocasiones. Me duele todo lo que está pasando con la educación en todos sus ciclos, tanto a nivel regional como estatal. Creo y apuesto por una universidad pública y universal de calidad y no me gusta que los actuales gobernantes la consideren como un gasto en lugar de una inversión a futuro. Por supuesto que hay en juego mucho dinero de todos los españoles y castellano-manchegos que debe ser controlado por los responsables, pero no acepto que prime el sentido mercantilista sobre el sentido de calidad de un servicio público. Sin embargo, por encima de todo, soy realista y soy consciente de los mensajes que desde la Junta de Comunidades nos están llegando. Como nadie pone encima de la mesa la posibilidad de exigir por vía judicial a la Junta la cantidad que nos debe del año 2011, tenemos que reducir el presupuesto sí ó sí, queramos ó no queramos y eso pasa por tomar decisiones que sabemos que no gustan a nadie. Deben ser decisiones duras, muy meditadas y en la medida de lo posible, consensuadas (que esta palabra parece que últimamente ha desaparecido del diccionario español) e intentando conseguir el mal menor. Y digo esto con conocimiento de causa, porque en parte de mi entorno más próximo e incluso me atrevería a decir que bastante generalizado, no veo excesiva preocupación. Cuando se producen declaraciones importantes del rector ó del consejero hablamos sobre ello, pero yo tengo la sensación de que se mira para otro lado, como si no fuésemos los principales afectados y confiando en que el equipo rectoral encontrará una solución a última hora, como la lotería que, según el Sr. Marín, nos ha tocado este año con los fondos europeos. Creo sinceramente que es un grave error seguir así. Decisiones de este calado no se pueden improvisar.