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Autor: Francisco Jareño – Profesor Titular de Universidad – Dpto. de Análisis Económico y Finanzas

Desde hace un tiempo a esta parte, circula con mucho más brío un e-mail cadena que refleja un sentimiento general de la sociedad española y que, en estos momentos, tiene más vigencia que nunca. Se trata de aquel que habla sobre lo indignantes que resultan los recortes que está llevando a cabo el gobierno, y la necesidad de ahorrar en otras partidas, como son las relativas a los privilegios que ostentan los políticos (senadores, diputados y demás cargos políticos).

Antes de nada, me presento, soy Fran, un apolítico convencido… y “políticamente” correcto en la mayoría de los ámbitos de mi vida. Sin embargo, hoy quiero servir de portavoz de aquellos que no lo son y que se sienten indignados con la situación que estamos viviendo.

Además, en este artículo no quiero reflejar exactamente mi opinión, sino aquella que tienen cientos de miles de españoles. Por ello, esta reflexión se debe entender, más que como una opinión personal, como un “sentir” general de los españoles.

Hay mucha gente que se pregunta hasta qué punto depositamos todo nuestro futuro en personas que, en muchos casos, el único mérito que tienen es haber militado en un partido político, y que, además, tienen el “honor” de gestionar el dinero de todos los ciudadanos, sin ofrecernos mucho más a cambio… bueno, sí, una dudosa gestión en muchos casos (con independencia del color político que haya detrás) que después queda impune, sin asumir ninguna carga por los “deslices” cometidos (¿tendremos que aprender de Islandia?…).

Además, hay que recordar que la clase política goza de unos privilegios que el resto de españoles no tiene, cuando la sociedad piensa que muchos políticos han demostrado “bien poco” para llegar a ostentar esos cargos tan privilegiados. Se trata de puestos que no requieren ningún filtro (o, al menos, ninguno que sea transparente), como pueden ser las oposiciones a las que se enfrentan los funcionarios que, a pesar de la controversia que en muchos casos generan, son una prueba totalmente objetiva.

Este tipo de personas suelen tener (teóricamente) una gran capacidad de dialéctica, argumentación, “charlatanería” (dirían muchos), que se basa, principalmente, en hablar en exceso y no decir prácticamente nada. Aún así, nos encontramos con que muchas de estas personas tan preparadas para hablar en público tienen que seguir el guión escrito en un discurso que leen “al dedillo” o necesitan tener el texto escrito en el teleprompter, cual presentador de informativos.

Esta clase política debería destacar en ciertas competencias que, desde la Universidad, exigimos a todos nuestros estudiantes de Grado. Sin embargo, los privilegiados políticos, en muchos casos, suspenderían la evaluación de este tipo de competencias profesionales, como puede ser el dominio de idiomas, saber comportarse en público, trabajar en equipo, liderar un grupo, etc.

¿Qué tipo de medidas está reclamando el pueblo y la clase política hace oídos sordos?

Algunas de estas exigencias se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. La clase política (diputados, senadores, ministros, etc.) debería percibir un salario (quizá más homogéneo con el del resto de los ciudadanos españoles, sin intentar converger a la media europea, sino a la media de nuestro país) únicamente durante el tiempo que ocupe un determinado cargo.
  2. La clase política no debería percibir una jubilación sólo por el hecho de haber ostentado un cargo político/público, con independencia del tiempo que haya trabajado.
  3. La clase política debería contribuir a la Seguridad Social, sin contar con un fondo de jubilación aparte, que se nutre de los propios políticos y de los Presupuestos Generales del Estado.
  4. La clase política debería dejar que el pueblo votase la subida o bajada de su sueldo, en función de cómo estén gestionando el país.
  5. Además, la clase política debería rendir cuentas al finalizar su gestión, y recibir los halagos pertinentes, si lo ha hecho bien, o sufrir las consecuencias oportunas en caso de una mala gestión.

La mayoría de los españoles votaríamos a favor de este tipo de medidas, no tengo la menor duda. Además, estos mismos españoles opinan masivamente que los políticos son ciudadanos que no deben ostentar privilegios distintos a los del resto y que deben luchar por el buen funcionamiento del país. Por otro lado, si se han equivocado en su gestión, deben asumir las consecuencias.

Finalmente, creo que el sentir general de todos los españoles clama que los políticos deben arrimar el hombro y ser los primeros en sufrir los recortes oportunos en sus numerosos privilegios, así como reducir el excesivo y nutrido grupo de integrantes de la clase política española.

¿Algún político se atreverá a dar ese paso? ¿Otro alguien lo secundará?…

Parece una utopía, pero esperemos que se convierta en realidad.