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Autora: Rosario Pérez Morote

El pasado viernes día 13 de Julio el  presentaba un anteproyecto de ley que afecta de lleno a la reforma estructural de la . Dicho anteproyecto pretende modificar la Ley de Bases de  para, entre otras cuestiones, poder establecer los mínimos de calidad que los Ayuntamientos deben cumplir para garantizar sus servicios.

Es imprescindible que la calidad de los servicios quede asegurada, ahora bien, la propuesta que, en dicho informe se realiza para aquellos municipios menores a 20.000 habitantes, en relación al traspaso de competencias a las Diputaciones en detrimento de las mancomunidades, requiere un análisis muy profundo.

Bien es cierto que las Diputaciones han jugado el papel habitual de asistencia, asesoramiento y cooperación con los municipios. El hecho de atribuirles la competencia de prestar los servicios públicos que las mancomunidades han venido prestando, requiere una reestructuración de las mismas que no será factible sin una afluencia de recursos gestionados de acuerdo a criterios de economía, eficiencia y eficacia. El control en la gestión de los servicios no puede obviar la realización de planes estratégicos que ordenen la canalización de los recursos atendiendo a las prioridades y demandas de los ciudadanos. Todo esto no es posible sí no se trabaja lo más cerca posible del individuo.

El municipio es la figura más cercana con la que el ciudadano se identifica, distanciar ciudadano y administración pública puede generar retrasos en la percepción de las necesidades ciudadanas, retrasos en la designación de recursos para su prestación así como en la prestación en sí misma. Se corre el riesgo de que ante esas dificultades los servicios pasen a ser prestados por entidades privadas con la repercusión que ello conlleva ante la igualdad de oportunidades para la ciudadanía.

Es necesaria sin duda una reestructuración de la Administración Local, y ello implica plantearse todas las fórmulas posibles encaminadas a no distanciar al cuidadano de la

entidad prestadora. Sería ideal que los propios municipios fueran los que prestaran sus propios servicios, marcaran sus tasas y precios públicos en función del coste incurrido y atendiendo a las necesidades locales detectadas.

En España existen muchos municipios con población inferior a 5.000 habitantes, algunos con no mucha distancia geográfica entre sí, que podrían aprovechar las sinergias derivadas de los ahorros de coste que las fusiones podrían conllevar. En algunos países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, la fusión de municipios ha sido una de las fórmulas más utilizadas a lo largo del tiempo para incrementar la racionalidad en la gestión pública. Ello requiere un consenso y un cambio en la forma de pensar de todos, tanto ciudadanos, gestores y políticos. Requiere realizar concesiones por parte de cada uno de los municipios que se fusionan para aprovechar las ventajas derivadas y resultantes de la fusión municipal.

Sin duda las Diputaciones podrían jugar un papel muy importante en llevar adelante estos procesos de fusión y garantizar la viabilidad de los mismos.