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Autor: Mª Ángeles Tobarra Gómez

Estoy segura de que ustedes como yo han escuchado o se han hecho esta pregunta unas cuantas veces en los últimos tiempos, con una frecuencia periódica que suele coincidir con los viernes. Cada vez que una nueva medida de recorte (o “racionalización del gasto”) se propone o se aprueba, surge la pregunta sobre qué cantidad de dinero se va a ahorrar con ella. De hecho, en muchos casos primero se anuncia la estimación de ahorro y luego se van detallando las medidas que se supone permitirán alcanzar el objetivo (como por ejemplo, los 10.000 millones extra en sanidad y educación). Otras veces se anuncian las medidas a tomar pero no se plantean estimaciones de ahorro (por ejemplo, las medidas sobre incremento en el pago de medicamentos).

Una primera reflexión es sobre “racionalizar” como eufemismo de “recorte”. Si racionalizar es organizar los recursos o la forma de producción de tal forma que se maximice el rendimiento o se minimice el coste, no se puede hablar de “racionalizar 10.000 millones de euros”. Lo que se racionaliza es el sistema, y mejor si es en su conjunto y basándose en estudios o análisis serios. Habría que revisar los objetivos de cada sistema (educativo, de sanidad, etc.), buscar la manera más eficiente de alcanzarlos (en términos de costes y beneficios), estudiar las posibilidades de implantación de los cambios necesarios (gastos, inversiones aún no amortizadas, plazos…), ponerlos en marcha y finalmente analizar los resultados para comprobar si se han alcanzado los objetivos y el ahorro ha sido el previsto (y si no, estudiar por qué). Ese proceso debería ser periódico, no sólo cuando falta el dinero, y debería formar parte de las obligaciones de todo gestor público. Conclusión: racionalizar es organizar de forma óptima, no es sinónimo de recortar, y no es sólo para las épocas de vacas flacas.

Todos sabemos (o nos tememos) como está la economía española en general y las finanzas públicas en particular. Así que entendemos que hay que reducir gasto y aumentar ingresos. En lo que cada cual discrepa con su vecino o cuñado es en cuánto y cómo. Y ahí entra el debate de cada semana sobre las medidas que se aprueban y su estimación de ahorro. “¿Cómo es posible que se anuncien los recortes sin decir cuánto se recorta?” “Tras anunciar que el objetivo es reducir el gasto en X millones, si las medidas propuestas no consiguen llegar a esa cuantía, ¿qué otras medidas se tomarán?”

No es que creamos que no hay nadie haciendo cuentas en todos y cada uno de los ministerios, departamentos o consejerías sobre cuánto supone esto o aquello. Es que no es fácil saber con precisión el impacto de cada medida. Y menos, si el impacto que se quiere conocer no es sólo el directo sino también las repercusiones indirectas que puede tener. A priori, parece sencillo: ¿cuánto se gastó el año pasado en esta partida? Pues si la reducimos en un 20%, ahí está el ahorro. En realidad, no es del todo así. Depende de otros factores, que no siempre se tienen en cuenta (a menudo porque se desconocen). Ejemplo: hay que reducir el déficit que supone el IMD en Albacete. Los costes son en su mayor parte fijos (y ya se han reducido todo lo posible, supongo), así que habrá que aumentar ingresos. Se suben las tasas. ¿Cuánto? Lo que haga falta para cubrir ese déficit. Bueno, en realidad, no. Para llevarlo al extremo, ¿qué ocurre si se doblan las tasas? Pues que se recauda el doble de dinero. Error: ¿qué pasa si al doblar las tasas sólo utiliza el servicio la mitad de las personas que lo hacían con anterioridad? Nos quedamos igual. No, nos quedamos peor porque tendremos el mismo déficit pero además sólo estarán disfrutando del servicio la mitad de las personas que antes, y pagando el doble. Es un ejemplo extremo, sin duda, pero quería ilustrar lo que pasa si nos olvidamos de que lo que se recauda por tasas públicas depende tanto de la tasa como de la demanda del servicio.

Explicamos a nuestros alumnos en el segundo mes de clase qué es la elasticidad de la demanda. Con elasticidad nos referimos a la sensibilidad de la cantidad que los consumidores demandan de un producto antes variaciones en su precio. Hay productos con demanda rígida: aunque su precio suba un porcentaje significativo, la cantidad demandada apenas se reduce. Las subidas del precio de la electricidad son mucho mayores que lo que puede caer la demanda, así que es de esperar que los ingresos aumenten bastante. Sin embargo, también hay bienes y servicios con una demanda elástica, de forma que incrementos en sus precios pueden llevar a importantes caídas en la cantidad demandada y vendida. Es importante entender que si la cantidad cae en un porcentaje mayor que sube el precio, los ingresos disminuyen en lugar de aumentar.

¿Se están teniendo en cuenta las posibles caídas en la demanda de ciertos bienes y servicios públicos al subir su precio para el usuario? Se supone que sí, pero parece que la estimación de la elasticidad es muy diferente según quién la haga. Ejemplo: la empresa que realiza el servicio de transporte público en autobús en Albacete pidió unas subidas de precios de alrededor del 5%. El ayuntamiento las ha fijado entre un 20% y un 60%. Obviamente, el ayuntamiento piensa que la demanda de transporte público en la ciudad es bastante rígida, mientras que la empresa no debe estar tan segura.

La elasticidad también funciona al revés. Sin duda, es lo que tienen en mente en el ministerio de sanidad cuando hablan de ahorro en medicamentos. Más allá del incremento en ingresos al subir el coste para el paciente (de 0 a 10% para pensionistas, de 40 a 50% para la mayoría de los activos), es obvio que el ministerio de sanidad cuenta con que la subida de precio suponga una caída en la cantidad demandada de medicamentos. Ahí es de esperar que se produzca la mayor parte del ahorro, como ya han puesto de manifiesto las empresas farmacéuticas al quejarse de las caídas esperadas en sus ingresos.

Aún si conociéramos qué va a ocurrir con la demanda de servicios ante una determinada subida de precios o tasas, o cambio de condiciones de acceso, todavía hay una serie de factores que pueden trastocar las cifras estimadas de ahorro. Pongamos que se decide no compensar a los empleados públicos por bajas médicas de corta duración. Ejemplo: a una maestra con neumonía (vírica o bacteriana), habría que darle una baja de unos 10-15 días. Eso a ella puede suponerle unos cientos de euros menos al mes. Dado que las bajas de ese tiempo no se cubren, el sector público se ahorra ese dinero (otra cosa es cómo otro compañero la sustituye, o si los niños tienen que pasarse un par de semanas sin avanzar demasiado, no entro en el tema). De hecho, al proponer la medida se ha dicho que servirá no sólo para ahorrar sino también para reducir las bajas. Supongo que se refiere a bajas consideradas no esenciales, pero como la norma no hace diferencias (por lo menos de momento da igual si es una gripe, una pierna rota o un cáncer), queda a criterio del propio enfermo. ¿Voy enfermo a trabajar para que no me descuenten de mi sueldo? Quiero pensar que la maestra tendrá el sentido común de quedarse en casa. Pero, ¿y si no? ¿Qué pasa si contagia a un par de niños (no seamos catastrofistas, que bastante tenemos con los del calendario maya y similares)? Visitas al pediatra, medicamentos, alguien tendrá que quedarse a cuidarlos unos días. Al final nuestro ahorro (por no hablar de otras cosas aún más importantes) depende del criterio de una persona enferma con su sueldo amenazado.

¿Cuánto se reducirá quitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares? Sin duda depende de hasta dónde queramos llegar. ¿Tratamos a quienes estén infectados con VIH? ¿A los pacientes con cáncer? ¿A los que necesiten un trasplante? ¿O diálisis? ¿A quienes tengan enfermedades potencialmente contagiosas? Dejamos sin tratamiento a quien tenga una infección leve pero si se agrava lo suficiente, ¿le tratamos en urgencias? ¿Resultará eso coste-efectivo? Se le puede prohibir directamente acudir a ningún centro de salud y que sólo pueda llegar a urgencias como último recurso y después de haber sido examinado por un médico en centros asistenciales específicos para personas sin tarjeta sanitaria. Pero supongo que entonces también tendremos que pagar de nuestros impuestos alguna cantidad a Cruz Roja o a quien se encargue de dicho cometido. Eso sí, el tratamiento me imagino que será el mínimo y más barato disponible, porque si no, ya me dirán donde está el ahorro. Recalco que me limito a hablar de coste y no entro a considerar aspectos éticos o morales. Que cada cual discuta con su conciencia y decida dónde se debería, en su opinión personal, trazar la línea sobre quién merece recibir qué tratamiento, en las condiciones actuales o en general.

O la ya famosa prueba del talón. Les aseguro que me he leído unas cuantas noticias, informaciones y hasta artículos médicos. Sorprenden las diferencias en supuestos costes del cribado neonatal ampliado que dan unos y otros, según defiendan o no la ampliación a más enfermedades a analizar (comparadas con las tres mínimas a las que tenemos derecho). Por si se lo preguntaban, hay laboratorios privados que analizan veintitantas enfermedades por unos 200€ (incluyendo kit de recogida y transporte) y más de cuarenta por 350€. Creo que es fácil imaginar que sale más barato al hacerlo en los centros públicos (el kit y el transporte ya van incluidos, no tienen necesidad de beneficios, y el número de pruebas es mucho mayor con lo que se amortiza la máquina mucho más rápido). Al final he encontrado esta presentación de un catedrático de bioquímica de la Universidad de Alcalá, que dice que el coste por proceso es de 8-10€ (supongo que por bebé y enfermedad analizada), que el coste por cada enfermo detectado es de 30.750€ y que el coste anual de cada enfermo no detectado por cribado es de 30.000-40.000€ (repito, anuales). Así que a mí me sale un cálculo de unos tres millones de euros de coste anual de la prueba ampliada para todos los bebés nacidos en Castilla-La Mancha, a comparar con el coste de no detectar precozmente a cuatro o cinco niños al año que pueden sufrir retraso mental y problemas en diferentes órganos, incluso la muerte. ¿Demasiado caro? Pues parece que no lo es para Madrid, Aragón, Andalucía, Murcia, Valencia, Galicia y Extremadura (por no hablar de la mayor parte de países europeos). ¿Serán más proclives a enfermedades metabólicas en esas regiones? De nuevo, no entro en temas éticos ni jurídicos (, de la Ftad. de Derecho, tiene un estudio al respecto, para quien quiera ampliar).

Y así, hasta el infinito. ¿Qué se considera enfermedad crónica? No tengo ni idea de los datos (entre otras cosas, porque no creo que se hagan públicos), pero me atrevería a apostar a que más del 70% de las recetas de nuestros pensionistas son para medicamentos contra la hipertensión, el colesterol, problemas de circulación, de tiroides, reumatismo, artritis, etc. Si todo ello se considera crónico (y me cuesta pensar de qué otra forma se puede considerar), queda fuera del copago del 10%. El ahorro no parece tan importante por esa vía. Pero sí que genera todo un gasto administrativo en clasificar medicamentos y recetas, pensionistas por renta (con su actualización todos los años, supongo que Hacienda se encargará de ello), nuevas tarjetas sanitarias, devolución del exceso por encima de 8 ó 18 € mensuales (¿a través de incrementos en la pensión seis meses después? No creo que se haya explicado), etc. Lo mismo en relación al copago del 60% del precio del medicamento para quienes superen una renta de 100.000 €. ¿Alguien ha hecho números sobre cuántas personas con rentas superiores a 100.000 € anuales siguen sus tratamientos en la seguridad social? Tampoco es de esperar un gran ahorro por ese concepto, si bien sería positivo tener datos para poder evaluarlo.

Todo lo comentado anteriormente se refiere a efectos directos y a corto plazo. De hecho, recortar gastos también tiene impactos indirectos, si bien la estimación de los mismos supone una permanente controversia entre economistas. ¿Qué efecto multiplicador tiene la inversión pública en infraestructuras? Se supone que es alto, puesto que emplea empresas que a su vez demandan bienes intermedios a otras empresas, genera o mantiene empleo en todas ellas, esos trabajadores a su vez consumen productos de otras empresas, que requieren también empleados, etc. Por otro lado, para financiar esa inversión hay que recaudar dinero. Subir impuestos también supone reducir la renta disponible de las familias, que consumirán menos, algunas empresas perderán esa demanda, despedirán trabajadores que a su vez verán reducida su renta, no podrán consumir tanto como antes, menos demanda para otras empresas, etc. ¿Cuál será el efecto neto?

Y aún nos quedarían los efectos de largo plazo. ¿De verdad creemos que recortar en sanidad y educación no va a tener efectos no sólo en estos años, sino también en los venideros? ¿Podemos reducir el gasto en investigación y retomarlo dentro de un par de años (intento ser optimista) y que eso sólo se note en esos dos años?

Como he dicho antes, todo esto es sin considerar aspectos éticos o morales, o de justicia. Una medida nos puede parecer muy justa aunque no ahorre casi nada. Y otra nos puede resultar tremendamente injusta, por mucho ahorro que suponga. Lo único que planteo aquí es que es necesario tener en cuenta, en la medida de lo posible, todos los potenciales beneficios y costes de las medidas (mejor antes que después de tomarlas). No sea que alguna de esas medidas que pueden parecer injustas a muchos ciudadanos sea además poco eficiente a la hora de ahorrar. Racionalizar no es lo mismo que racionar. Y a lo mejor también necesitamos un poco más de razonar.

Para terminar, tengo un compañero que me recuerda que cualquier presentación o exposición mejora de cara a la audiencia si empieza o termina con una anécdota, historieta o chiste (tiene razón y además él lo hace bien). Para el lector que haya llegado hasta aquí, ahí va. Proverbio chino antiguo: no sale rentable irse a la cama temprano para ahorrar en velas si el resultado son mellizos.