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Autora: Yolanda Ramírez Córcoles. Profesora de Contabilidad de la UCLM

La  (Auditoría par la Transparencia en el Sector Público) ha publicado el documento “Observatorio 2011 de la Transparencia de las Cuentas Públicas” donde se da a conocer la opinión de los ciudadanos españoles sobre el grado de transparencia de las cuentas públicas, así como sobre la buena gestión del gasto.

Entre las principales conclusiones obtenidas en dicho estudio cabe señalar que un 67% de los ciudadanos considera que las Administraciones y Entes Públicos informan poco -o nada (un 23%)- sobre en qué y cómo gastan el dinero de los impuestos. Además de ser escasa la información, el 53% de los ciudadanos opina que la poca información que reciben es poco o nada fiable.

En cuanto a la opinión de los ciudadanos españoles sobre la eficacia del gasto, tanto en la adecuación de su volumen, así como si las finalidades recogen la voluntad de los ciudadanos y acerca del buen uso que se da a los fondos públicos, se ha obtenido los siguientes datos:

  • Al 69% de los ciudadanos les parece que las Administraciones Públicas gastan demasiado.
  • Para el 84% de los ciudadanos el destino del gasto público no es el que quieren.
  • Los entrevistados gastarían, en el caso del  y Autonomías, más presupuesto en educación -77%-, sanidad -74%- y fomento del empleo -44%-, y menos en defensa -56%- y personal -38%-.
  • En cuanto al buen uso del gasto, el 85% de los ciudadanos considera que se gasta con poca o ninguna eficiencia.
  • El 69% de los entrevistados opina que el gasto público es excesivo, pero ello sólo lo comparten el 44% de los cargos públicos.
  • El nivel de corrupción en nuestro país es alto según los encuestados (un 59% opina que existe bastante o mucha corrupción).
  • El 82% de los encuestados cree que la transparencia, el control externo y la información al ciudadano dificultarían la corrupción.

Finalmente, cabe destacar que un 83% de los ciudadanos considera necesario que las cuentas de las entidades públicas se auditen anualmente, con lo que se conseguiría que la información que en ellas se plasmase fuese más fiable. Pero, para ello, es necesario que legalmente sea obligatoria la realización de la auditoría de las cuentas públicas, puesto que actualmente nos encontramos con la paradoja de que la regulación legal española obliga a las empresas a un mayor ejercicio de transparencia mediante la auditoría anual de sus cuentas anuales y, sin embargo, sólo un 11% de las cuentas de los 22 mil entes públicos españoles son auditadas. Asimismo, un 70% de los ciudadanos considera que el control externo de las cuentas públicas es insuficiente.

Todos estos datos nos llevan a abogar por la necesidad de promulgar una ley de auditoría del sector público como medio imprescindible para conseguir la necesaria transparencia y, por ende, más eficiente gestión de las entidades del sector público.

En este escenario parece más que oportuna la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y , la cual tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las Administraciones Públicas sean más accesibles para los ciudadanos y que los responsables de lo público respondan por su gestión. De este modo, dicha Ley viene a atender la necesidad de nuestra sociedad de contar con información acerca de la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos. Así, por ejemplo cabe señalar que en 2010 cerca del 30% de las entidades públicas no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se derivasen consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. Esperemos que esta Ley de Transparencia permita acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos.

Sin embargo, el actual Anteproyecto de Ley de Transparencia sigue manteniendo importantes excepciones para aportar información. Así, se añade una limitación al acceso a la información en el caso de que “exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación”, con lo que el criterio para autorizar o no el acceso a la información es bastante arbitrario. Tampoco se entiende muy bien por qué la , así como los partidos políticos y los sindicatos quedan excluidos de esta Ley, cuando son receptores de ayudas públicas.

En nuestra opinión, la transparencia informativa ayuda a los mercados y a los Estados a funcionar mejor. Así, gracias a la información macroeconómica que producen y publican los Gobiernos, los inversores, productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes. Además, la transparencia en los datos públicos permite una mejor coordinación entre los miembros del Gobierno, sobre todo en el proceso presupuestario. Finalmente, la transparencia refuerza la democracia (con un electorado bien informado las elecciones ganan valor), genera mayor confianza, mejora el rendimiento de los servicios públicos, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por todo ello, consideramos que cualquier proyecto a favor de la transparencia será una importante mejora en el actual opaco sistema español.