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Autora: Isabel Pardo García

Los informes de población de las Naciones Unidas y de  muestran que se ha producido un incremento en el número de personas mayores que continuará a lo largo del siglo XXI. En toda la Unión Europea desde 1960 se ha incrementado la esperanza de vida en 8 años y se prevé un incremento de entre 5 y 6 años más para el año 2050. Este hecho tiene diferentes implicaciones económicas, sociales y sanitarias. El incremento de personas mayores supondrá un volumen superior de gasto público en pensiones, salud y cuidados de larga duración. En la medida que el proceso de envejecimiento también implica el incremento de las tasas de dependencia, en los próximos años uno de los problemas prioritarios será afrontar los cuidados de larga duración. Como además se han producido cambios en las estructuras familiares y se ha incrementado la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no se puede asumir la hipótesis de que los cuidados de larga duración sean afrontados por el cuidado informal.

Para resolver este problema, la tendencia actual de los gobiernos es desarrollar sistemas públicos de financiación de la dependencia que traten de suplir las carencias mediante asignación de cantidades económicas dependiendo del grado y nivel de dependencia o servicios formales según las necesidades. En este contexto en el año 2006 se aprueba en España la Ley de Promoción de la  Personal y  a Personas en situación de Dependencia en la que se enmarca el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Normalmente para evaluar la necesidad de servicios sociales y de salud, así como el estado funcional de un sujeto y, por tanto, su grado y nivel de dependencia, se analiza si puede realizar un conjunto de actividades de la vida diaria. El problema es que este sistema no permite valorar en coste o tiempo la cantidad de ayuda que necesita la persona evaluada y, sin embargo, esta medida es fundamental para valorar las necesidades de atención en estos colectivos.

El trabajo “Análisis empírico del coste del tiempo dedicado a mayores dependientes”, de los profesores Escribano Sotos, Moya Martínez y Pardo García, publicado en la revista Presupuesto y Gasto Público, nº 66, 2012, valora el coste, tanto formal como informal, de los cuidados que precisa una persona dependiente. Los costes estimados se refieren al coste de los cuidados en distintos grados y niveles de dependencia, la prevalencia de las enfermedades más frecuentes en distintos ámbitos (instituciones y hogar) y el uso de tratamientos. Para ello, es necesario obtener el tiempo que supone cuidar a una persona dependiente. Mediante la técnica  se valora el tiempo dedicado a las actividades en las que una persona puede ser dependiente. Una vez conocido el tiempo de cuidado requerido se puede asociar el coste. Mediante la selección de una muestra aleatoria de 860 personas que han sido baremadas y tienen prestación asignada a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha estimado el coste de los cuidados de las personas con dependencia El análisis empírico muestra que el coste medio de los cuidados asciende a 33.162,32€/año (IC95% 32.884,77-33.439,87€). Estimamos en 16.449,61 millones de euros (M€) el coste anual del cuidado de los dependientes españoles en 2009. Esta cantidad es 2,6 veces el esfuerzo presupuestario realizado por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado en el año 2009 que asciende a 6.220,83 M€. En general, las estimaciones obtenidas en este trabajo son acordes con los estudios previos.

Además de aportar información acerca del coste de la dependencia, también encontramos que la mayor parte de las personas dependientes residen en sus casas y que los que están institucionalizados es predominantemente por enfermedades muy discapacitantes como Alzheimer u otras demencias. En la misma línea, encontramos que las personas valoradas reciben mayoritariamente tratamientos farmacológicos y que el porcentaje de tratamientos psicoterapéuticos y rehabilitadores es significativamente mayor en aquellas personas institucionalizadas. Una causa puede estar relacionada con la mayor prevalencia de personas con demencias en las instituciones pero el hecho de que también los tratamientos rehabilitadores sean significativamente mayores en las instituciones nos hace pensar que las personas dependientes tienen más accesibilidad a estos servicios estando institucionalizados. Este punto refleja la carencia de servicios sociales orientados a la dependencia y que existen diferencias significativas entre las Comunidades Autónomas.

En general, se puede indicar que los costes reales de la dependencia son bastante elevados y más aún si incluyéramos sus costes de gestión. A pesar de que una de las principales intenciones del SAAD es mantener a las personas dependientes en sus hogares mediante la creación de servicios que puedan permitirlo, existe un fuerte sesgo hacía las prestaciones económicas que lo imposibilita.