Parece que el origen de la expresión “Con la iglesia hemos topado” se remonta al siglo XVI cuando el poder de la Iglesia era absoluto y producía terror el hecho de verse envuelto en un litigio contra ella. Hoy en día el significado se ha extendido y se utiliza cuando la persona que la pronuncia, muestra su dificultad e impotencia a poder hacer algo, debido a que existe una instancia superior ó autoridad, ya sea el gobierno, el jefe ó la dirección de una empresa ó incluso su propio padre, que se opone a ello.

Y digo esto porque, a mi juicio, esta frase refleja con toda claridad cuan complicado resulta, en nuestro país, realizar cambios legislativos que conciernen a la  y mucho más, si sus consecuencias son contrarias a los postulados por los que se rige. El último ejemplo ha sido con motivo de la propuesta del  de que los ayuntamientos cobren el Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) a los locales que no sean de culto de todas las confesiones.

Aunque inicialmente esta exención del I.B.I. se aplicaba en el ámbito de la Iglesia Católica desde el acuerdo de asuntos económicos del Concordato con la Santa Sede de 1979 a día de hoy se aplica a todas las confesiones relevantes. Este concierto afecta a los lugares de culto y los anejos a los mismos dedicados a actividad pastoral. Incluye también, y cito textualmente, a los lugares de habitación de los clérigos con cura de almas, a los seminarios y locales de oficinas y, finalmente, a los conventos y similares. Y nada más.

A pesar de que se especifica que sean de todas las confesiones, las reacciones a favor y en contra que han trascendido, se ciñen principalmente a la Iglesia Católica, porque es la que mayoritariamente se profesa en nuestro país y es la que clara y tradicionalmente ha tenido mayor influencia y repercusión en muchos ámbitos.

El argumento en contra de esta medida defendido por la Conferencia Episcopal sobre que “la  hace gestos reales y diarios a favor de las personas que lo necesitan”, en mi opinión, no tiene peso suficiente. Hay muchas personas voluntarias que realizamos labores de ese tipo, sin ánimo de lucro, dentro y fuera de la iglesia y no por ello eludimos nuestras responsabilidades fiscales. Y decir que si “tienen que pagar el I.B.I., lo pagarán aunque ello afecte a otras acciones de la Iglesia, como la que desarrolla Cáritas” tampoco se sostiene. Evidentemente con menos recursos, cualquier ciudadano ó cualquier asociación ó institución puede realizar menos actividades que pudieran repercutir en beneficio de todos. Y no olvidemos que la Iglesia Católica también se mueve por un objetivo importante de evangelización y por un interés por extender sus principios al mayor número de personas, que le permita mantener una posición aventajada frente a otras confesiones ó frente a aquellos que defienden un estado aconfesional puro.

Con referencia a la idoneidad de que el principal partido de la oposición presente esta moción, hemos oído decir al presidente del gobierno, que “con lo que está cayendo, se empeñe en denunciar un tratado que está en vigor desde 1979 y que hay que intentar ser serios y no buscar problemas que dividan a la gente”.

Efectivamente, con la que está cayendo, con la cantidad de ajustes, recortes, redistribuciones, subidas de impuestos, de tasas municipales y de recibos, bajadas de sueldos, pérdidas de derechos, descrédito de los empleados públicos, una reforma laboral que solo contenta a los empresarios, copagos, repagos y medidas de todo tipo que estamos sufriendo, sus argumentos me parecen pueriles. Primero, porque los acuerdos no son perennes, también se rompen y más, si las circunstancias en que se firmaron han cambiado. Además no se trata de romperlo, sino de revisar y comprobar si ha habido arbitrariedad al aplicar las condiciones del mismo. Aquí estamos hablando de viviendas particulares de religiosos, incluida la del propio presidente Sr. Rouco, de locales y edificios en alquiler y de tierras que tienen en propiedad y que claramente no se ajustan a ninguna de las características nombradas en el acuerdo.

Pero es que aunque quieran justificarlo de otras maneras, lo cierto es que nuestro actual gobierno ofrece claramente un trato de favor a la institución católica. Cuando a todos los ciudadanos se nos está pidiendo responsabilidad y esfuerzo para salir de esta situación crítica, nos preguntamos cómo es posible que se exima de pagar el IBI a la Iglesia ó por qué se mantiene la asignación económica que recibe esta institución religiosa cuando todos sabemos que los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado incluyen una altísima reducción de las partidas presupuestarias de todos los ministerios.

Pero no solo se le beneficia económicamente, sino que no debemos olvidar que el partido del gobierno tiene recurrido en el  la Ley de matrimonio homosexual y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de  y Reproductiva, ambas aprobadas en la legislatura anterior y que sólo han tardado cinco meses en sustituir la asignatura Educación para la ciudadanía por otra llamada Educación cívica y constitucional, cuestiones todas ellas ampliamente rechazadas por la Iglesia Católica y que generaron un claro enfrentamiento con el gobierno del partido socialista.

Yo no cuestiono la labor social de muchos representantes de la Iglesia Católica y de otras confesiones, y más en un periodo tan prologando de crisis que está generando tantas necesidades en las gentes de muchos países, entre ellos, el nuestro. Pero también es cierto que en nombre de las diferentes religiones, se han cometido a lo largo de la historia y se siguen cometiendo actos tremendamente reprobables, que incluso hoy serían calificados como crímenes contra la humanidad. Y donde, además y en muchos casos, las mujeres llevamos la peor parte: ablaciones, uso del gurka, lapidaciones por adulterio ó la estricta moral católica de tiempos no tan lejanos que determinaba un papel secundario de la mujer frente al hombre y que limitaba su posición en la sociedad única y exclusivamente en el cuidado del hogar y de la familia y que determinados sectores de la iglesia siguen defendiendo en la actualidad.

Y es que con los años transcurridos de democracia, ya tendríamos que haber sido capaces de separar el Estado y la Iglesia. El hecho de profesar una religión debería reducirse al ámbito personal y estrictamente privado de cada ciudadano. Y, por favor, que los que abogamos por este cambio, no seamos calificados como reaccionarios ni contrarios a que se practique una determinada religión.

No es tarea fácil y es que aún son muy visibles las influencias de la religión católica en muchas instituciones del Estado. Además, cuando alguien ha ocupado una situación privilegiada en España durante muchos años, no creo que esté dispuesto a renunciar a ello. Y a la vista está que, con este gobierno, pueden estar tranquilos en ese sentido.