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Autor: Jesús Ortuno Jimeno

La crisis, un invierno económico que ha congelado sueldos, ha helado los proyectos de abundantes empresas y ha dejado tiritando a los menos pudientes. Muchos son los que han querido ver señales de una primavera que no llega pero, hasta ahora, los brotes verdes han resultado ser poco más que un espejismo.

Y, en esta situación, mientras raro es el hogar que no se ve tocado, no para de incrementarse la cuantía de los completamente hundidos. En nuestro país se producen de media cada día unos 200 desahucios y el año pasado se alcanzó la cifra record de este drama con 58.241 familias que se quedaron en la calle (un 22% más que el año anterior). Todo en un país con más de 5 millones de parados de los cuales un 43% ya no recibe ayuda gubernamental.

Detrás de las cifras andan las historias de una joven pareja que tenía un trabajo aparentemente estable, de una familia que decidió mudarse porque el sueldo del padre en la empresa de construcción podía pagar una casa más amplia con jardín y piscina, la del anciano que, después de toda una vida de trabajo, decidía poner como aval su humilde piso para la hipoteca de la nueva casa de su hijo… En un ambiente de crecimiento y confianza fueron tejiéndose lazos cada vez más abundantes y despreocupados hasta que llegaron las vacas flacas y los convirtieron en sogas bien tensadas.

Al otro lado están los bancos que, como cada cual, reman en la dirección que les conviene. Hay trabajando en ellos gente buena que en un conflicto personal probablemente no se atrevería a ejecutar acciones que dejasen a una familia en la calle. La cuestión es que no son una suma de personas por separado sino una entidad colectiva detrás de la que se esconden para obtener su beneficio sin llegar al terreno personal y así esquivar los improductivos remordimientos de conciencia. Además está el hecho de que van con la ley por delante, la gente fue libre a la hora de obtener una hipoteca y aceptar las condiciones contractuales.

A la vista de esta clara contradicción entre la ley hipotecaria española y las garantías que otorgan la Constitución y los derechos humanos sobre el hecho de disponer de una vivienda digna, el actual gobierno ha decidido tomar medidas y llevar adelante un código de buenas prácticas bancarias que regule la dación en pago para aquellas familias con todos sus miembros en paro y que posean una vivienda no valorada en más de 200.000 euros. Se articula en distintas fases que contemplan la restructuración del pago de la hipoteca y, si no resulta suficiente, se prevé una quita de una parte de la deuda. Como último recurso se aplicaría la dación en pago con un posterior contrato social que permitiera a la familia vivir al menos dos años más en la vivienda pagando un importe anual del 3% de la deuda.

Es un asunto delicado ya que se trata de evitar los dramas y la marginación social a la que se exponen las personas afectadas y, al mismo tiempo, no frenar el sistema de funcionamiento de las inversiones y el crédito. Un banco busca su beneficio y pide para ello un aval de su inversión, no puede negársele de manera permanente esa compensación cuando se ha establecido que tiene derecho a ella pero sí que pueden regularse las condiciones y las cuantías para encontrar un punto de equilibrio entre la ley hipotecaria y la Carta Magna.

Se ha dicho que el código permanecerá, como mínimo, dos años. En mi opinión es algo positivo no convertirlo en algo permanente puesto que la historia podría volver a repetirse cuando vinieran años de bonanza. No debe generarse la sensación de que el colchón del Estado estará ahí siempre independientemente de lo arriesgadas que sean las prácticas que se lleven a cabo pero, sin ninguna duda, es necesario dar cobijo legal a tantas personas que lo están pasando mal ahora, cuando más llueve.