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Autor: Julián González Jaén

El pasado domingo asistimos a un cambio en la tendencia política en Francia con la victoria en las elecciones presidenciales de . Este hecho pone encima de la mesa el debate sobre las medidas a tomar en la Eurozona con el objetivo de solucionar la grave situación económica que se refleja, entre otras cosas, en la recesión existente en siete países -entre ellos España-.

La competitividad parece que es la variable a analizar en los países con dificultades con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos, de manera que la balanza comercial impulse lo que el consumo interno es incapaz de hacer. En este sentido, el sector exterior mitigó el desplome en la economía española en el 2011, gracias a un incremento en la facturación exportadora de las empresas en torno a un 15,5%.

La rebaja de los salarios -denominada “devaluación interna”- ha sido el camino escogido para tratar de mejorar la posición comercial de los países más débiles en toda la eurozona y en este sentido, las remuneraciones de los trabajadores acumularán entre 2010 y 2012 un recorte real que se encuentra en torno al 6% en España, siendo aún más elevados los ajustes en otros países europeos. El camino anterior, sin embargo, tiene un alto coste en términos sociales y un recorrido relativamente corto, tal y como se desprende de la última “Encuesta de Coyuntura de la Exportación”, realizada por el , en donde se pone de manifiesto que el empuje comercial derivado de las medidas anteriores se está desacelerando.

Para mejorar esta situación ya no es posible acudir a la herramienta clásica de la devaluación monetaaria, por lo que la alternativa a la rebaja salarial es la denominada “devaluación fiscal”: se trata de adoptar una serie de medidas cuyos efectos en la economía sean similares a los que tendrían lugar con una devaluación, pero lógicamente sin llevarla a cabo.

¿En qué se materializaría esta “devaluación fiscal”? Pues en un incremento del IVA y de los Impuestos especiales, acompañado por una reducción equivalente en las cotizaciones sociales de las empresas. Esto supondría una reducción en los costes laborales empresariales, lo que se traduciría en un aumento de la competitividad de los productos españoles. Esta hipotética reducción de precios de los productos y servicios compensaría la subida impositiva, por lo que el precio final no sufriría variación alguna y por lo tanto, el consumo interno no debería resentirse de manera muy significativa- aunque sin duda el encarecimiento de las importaciones como consecuencia del incremento impositivo rebajaría el volumen de las mismas- e influiría en el crecimiento y el empleo.

Las medidas sólo se tornarán eficaces en tanto que las empresas sean capaces de trasladar la rebaja de las cargas sociales a los precios de sus productos. De no realizarse, la realidad es que en el ámbito interno tendríamos un encarecimiento del producto final, lo que sumado a la “devaluación interna” previa, se traduciría en una reducción del consumo.

Los ajustes anteriores no son bien acogidos en amplios sectores de la sociedad, unido al hecho de que la aplicación de los mismas en la zona euro no ha podido, de momento, resolver los problemas existentes, aun cuando  afirma que hay un considerable reequilibrio en la UE que se deja notar en las balanzas comerciales.

Además, parece que el camino de las medidas anteriores podría afectar de manera negativa a ciertos países del núcleo duro del euro, entre ellos Alemania, por la dificultad creciente para colocar sus productos en el resto de los socios, que son una parte muy importante de sus exportaciones. ¿Existe alguna alternativa a la situación descrita? Algunas voces plantean un estímulo en el crecimiento precisamente a partir de la adopción de medidas en Alemania tendentes a permitir subidas salariales y reactivación del consumo interno.

El cambio político en Francia al que nos referíamos puede favorecer una modificación relativa de la receta alemana -devaluación interna y fiscal- y la posible entrada en una senda que haga posible la adopción de medidas estimuladoras de crecimiento que impliquen sobre todo al BCE -con un papel hasta este momento poco relevante en la gestión de la crisis- , que puedan reequilibrar las cuentas de las economías más afectadas, aun a costa de generar inflación.