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Autor: Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM. Exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.

El Fraude Fiscal constituye una de las lacras más obscenas de la sociedad española por lo que de injusticia social lleva aparejada. En España, se han usado dos métodos de estimación del fraude que arrojan resultados bastantes similares y concluyentes, me refiero a los métodos de contraste o contables y los métodos directos o monetarios. En mi opinión, lo más fiables serían los de contraste entre magnitudes macroeconómicas y fiscales. Pues bien, todo ellos convienen que el fraude fiscal en España se situaría en un entorno del 23-25% del PIB, lo que supone una cifra de alrededor a 250.000 millones de € que fluyen a través de la economía informal, sin controles, y sin pagar impuestos o cotizaciones sociales. Este dato nos sitúa en 10 puntos porcentuales por encima de la media de la UE, cuyo fraude estimado se sitúa en torno al 13% del PIB nacional. A partir, de aquí y haciendo un cálculo nada sofisticado, teniendo en cuenta que el nível de presión fiscal española está en un 34%, y que este dato puede considerarse como una “proxy” de lo que sería el tipo medio efectivo de gravamen del conjunto del sistema fiscal español, podemos estimar el fraude fiscal anual en España en unos 80.000 m€, por lo que si multiplicamos esta cifra por el período de prescripción que sería de 4 años, tendremos una cuantía de 320.000 m€ pendientes de ingresar en España por fraude fiscal. Reconociendo la dificultad de reducir a cero este fenómeno arraigado en nuestro país, solamente con aproximarnos a la media de la UE, es decir rebajando en 10 puntos el nivel de fraude hasta el 13%, podríamos conseguir en torno a unos 35.000 m€ anuales. La realidad es que el importe recuperado vías actuaciones de la inspección en los últimos años apenas alcanza el 10% de esta cifra. La estimación en Europa de pérdida de ingresos fiscales originadas por fraude fiscal se sitúa en 250.000 m€ por lo que España asume en torno al 32% del fraude fiscal de la UE.

Un dato adicional que permite calibrar el peso de la economía informal en España es el uso del dinero en metálico que supone el 10% de nuestro PIB, frente al 5% en Europa y el 6% en USA. Actualmente circulan en España más de 110 millones de billetes de 500€, siete veces más que en 2002), lo que representa el 64% del valor del efectivo en manos del público, esto es, el 30% del total emitido en .

Desde el punto de vista sociológico, según el CIS, el 82% de los ciudadanos considera que en España existe mucho o bastante fraude fiscal, mientras que un 80% considera que si la gente no engaña más es por miedo a la inspección. El 52% de los encuestados considera que casí todo el mundo engaña algo al pagar los impuestos y que la Admón cuenta con ello.

En los momentos que vivimos en España, resulta fundamental transmitir la idea de que el Estado de bienestar que nos hemos dado como sociedad moderna, democrática y civilizada depende dramáticamente de una financiación impositiva suficiente, eficiente y equitativa, pero también general donde todos los contribuyentes, sin excepción, contribuyan en función de su capacidad económica. Para ello, podríamos establecer dos tipos de escenarios en esta dinámica de lucha contra el fraude fiscal. Un escenario a corto plazo donde se dote de instrumentos suficientes de control y penalización de estos comportamientos a la Admón tributaria y otro a medio plazo, más en línea con cuestiones vinculadas a la sociología financiera, que permita una mayor y mejor educación fiscal como elemento clave de la educación para la ciudadanía y del compromiso social.

Respecto al primer escenario, debemos separar los ámbitos de la normativa fiscal de las cuestiones que afectan a la estricta gestión y el control tributario. Desde el punto de vista normativo, conviene destacar que gran parte de los estudios académicos sobre el fenómeno del fraude fiscal señalan que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los tipos impositivos de los impuestos principales, compensando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos hasta neutralizarlos, y que aumenta cuando la  mejora sus procedimientos de gestión y control. En USA, por cada dólar extra gastado en el IRS, aumenta la recaudación en 12 dólares. En España, según la , de cada 100€ recaudados sólo 60 céntimos son costes de gestión de la AEAT, por lo que se pone de manifiesto la rentabilidad.

Así pues, es necesario un replanteamiento integral de la política contra el fraude fiscal como un elemento estructural de salida de la crisis económica que nos asola. Existe una clara conciencia de los sectores donde se está produciendo masivamente este inmersión de la actividad económica: Agricultura, transporte, sector inmobiliario, actividades profesionales en general y prestación de servicios básicos, sector financiero, juego, sectores industriales intensivos en mano de obra como el calzado, el textil, etc, el sector informático y comercio electrónico, o el sector naútico en zonas costeras.

Respecto al ámbito de actuación de la Administración Tributaria, resulta necesario incidir en un conjunto de medidas que permitan potenciar el papel de la Administración Tributaria como garante, en última instancia, del cumplimiento tributario y dotarla de instrumentos eficaces de acción inmediata sin menoscabo de la seguridad jurídica del contribuyente. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos destacar:

  • La necesidad de un definición clara y precisa del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación real y el objetivo estratégico de las medidas planteadas y sus indicadores de seguimiento dentro de un Plan Integral de Lucha contra el Fraude a medio plazo.
  • Cambios en los procedimientos de inspección habilitando fórmulas efectivas de control exante de las grandes operaciones financieras, inmobiliarias, etc.
  • Revisión, en función de la experiencia, del concepto de delito fiscal o de defraudación.
  • Mayor autonomía profesional de la , con una dotación suficiente de recursos humanos y materiales adecuada a la alta función que se le asigna y dada la alta rentabilidad recaudatoria de la inversión realizada.
  • Creación de una  de lucha contra el fraude, elevando el rango y las competencias de la ONIF y coordinando sus actuaciones con algún tipo de policía especializada en materia fiscal.
  • Mayor coordinación entre la inspección tributaria y la de trabajo.
  • Especialización de jueces y fiscales en materia fiscal dadas las cada vez mayores complejidades de la delincuencia fiscal.
  • Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria, agravando las sanciones en supuestos de resistencia a la inspección, no aportación de información fiscal y ofrecimiento de servicios sin factura.
  • Profundizar en el marco normativo de la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones en entramados y diseño de ingeniería fiscal fraudulenta.
  • Revisión del sistema de módulos para mejorar el control de facturación evitando la emisión de facturas falsas o sin impuestos, sin penalizar económicamente a los beneficiarios de buena fe del régimen.
  • Utilización de signos externos como indicios de posibles situaciones fraudulentas.
  • Enfoque de los recursos de inspección de la Agencia hacia el descubrimiento de posibles bolsas de fraude, y no tanto al control de los contribuyentes registrados que pueden ser controlados con los procedimientos de gestión.

A más largo plazo, para alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones específicas de una Administración Tributaria y que esos estándares puedan ser mantenidos en el tiempo, las funciones básicas de la misma, como son la aplicación, la gestión, control e inspección de los tributos, deben ser apoyadas y complementadas con estrategias de información y educación fiscal del contribuyente actual, pero también de los futuros. A las estrategias de control e inspección consustanciales al fenómeno tributario, se impone la necesidad de transmitir a la sociedad los beneficios sociales derivados de la recaudación tributaria e inculcar en nuestra juventud la idea de que el fraude fiscal atenta contra los derechos económicos de toda la sociedad al hurtar a esta los medios para lograr una auténtica vertebración social.

Para el logro de estos objetivos se necesita la participación de un actor social como es la Escuela ya que se constituye como la institución central en la dispersión del conocimiento. Los contenidos ligados a la temática tributaria deben formar parte de ese conjunto de conocimientos de los cuales debe apropiarse el individuo en su proceso de socialización. No obstante, estos contenidos no figuran, por regla general y de forma explícita, en los diseños curriculares. Este enfoque entronca plenamente con la concepción de la sociología financiera como tópico de trabajo de la Hacienda Pública clásica.

Si este trabajo de concienciación social planteado a medio plazo tiene éxito, lograremos que, de forma autónoma y responsable, los ciudadanos, por compromiso ético y social, adopten actitudes de condena a la corrupción, evasión, contrabando y economía sumergida y conseguiremos incorporar al acervo emocional del ciudadano la idea de que el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias bien establecidas es una responsabilidad básica que nace de la convivencia en comunidad.