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Autora: Sandra Esteve Gualda

Primero Argentina, ahora . Estos dos países han sido los primeros en comenzar a nacionalizar empresas españolas estratégicas para sus intereses, pero tal vez no sean los últimos.

Ante la decisión de Argentina, y pese a las advertencias lanzadas no solo desde España, sino también desde Bruselas, se sucedieron diferentes opiniones ante el papel que España debería adoptar. Por un lado, los más radicales piden que desaparezca todo rastro de inversión española en el país gaucho y que a nivel político se rompan relaciones con el país. La postura opuesta es la que trata de llegar a un “acuerdo” que garantice los derechos y la seguridad del resto de empresas españolas allí asentadas y que respete el tradicional clima de armonía entre los dos países.

, ministro español de Industria y Energía ha afirmado que la decisión soberana de Argentina de expropiar un 51 % de la petrolera YPF es una “cortina de humo” para tapar la crisis en ese país. Así mismo, declaró el mismo día en que la noticia saltó a los medios que “Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España. Si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias”. De momento la mayor de estas feroces consecuencias a las que el ministro apelaba ha sido declarar que Argentina es un país amigo, hermanado con España con lazos culturales e históricos con el que no se debe romper relaciones.

Por si las relaciones entre España y Latinoamérica no fueran ya lo suficientemente tensas, desde el día uno de Mayo en el juego ha irrumpido un tercer jugador, Bolivia, que ha decidido expropiar las acciones que Red Eléctrica Española (REE) posee en una empresa transportadora de energía en Bolivia, teniendo en cuenta que Red Eléctrica Internacional posee el 99,94% del capital de la empresa boliviana . El motivo en esta ocasión ha sido que la compañía sólo ha invertido 81 millones de dólares en dieciséis años, cifra considerada escasa por el presidente boliviano.

España es el primer inversor extranjero en Argentina, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso -como Telefónica, Gas Natural Fenosa, , Santander,  y ACS, además de Repsol- en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía, entre otros. Diferente es la situación en Bolivia donde la inversión española se limitó a 2,7 millones de euros en 2011, frente a los 67,18 millones del 2008, y la inversión directa acumulada desde 1993 es de 238,34 millones.

Quizá la culpa de estos procesos intervencionistas que van en contra de la propiedad privada española sea de los gobiernos latinoamericanos, encabezados por políticos que se convierten en personajes casi satíricos y que toman decisiones de forma aislada, enfrentándose a organismos internacionales. O tal vez los responsables de esta situación sean los dirigentes de organismos y políticos del llamado primer mundo que no son capaces de tomar represalias acordes con las afrentas cometidas.

En cualquier caso, y dada la actual situación española, necesitamos más que nunca crear un clima de confianza y estabilidad para el sector empresarial, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera porque la única manera de salvar lo que todavía queda del modo de vida que disfrutamos cuando la situación económica era favorable es crear empleo. Y es que ante tales situaciones, el gobierno español y las autoridades comunitarias deben respaldar a nuestras empresas, y deben hacerlo con algo más que palabras vacías y amenazas que no llegan a cumplirse y que no consiguen siquiera devolver un mínimo de la desquebrajada confianza a los mercados. La principal pregunta que queda sin resolver es cuál será el siguiente país en atacar las inversiones de las empresas españolas. Hay varios candidatos sólidos.