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Autora: Ángela Triguero Cano

“No llores por YPF, España” este es el titular que aparecía en un diario de tirada nacional el pasado 29 de abril. Mi primera sensación fue pensar que el periodista había acertado utilizando el título de la canción porque, efectivamente, España tiene razones más importantes por las que llorar (las últimas cifras de paro de la EPA y algunos disgustos más). Sin embargo, en estos tiempos de crisis, el proceso de expropiación de YPF-Repsol tampoco nos es indiferente porque es una prueba más de que “Al mundo le falta un tornillo”.

El pasado 16 de abril la presidenta de Argentina, , anuncia la expropiación de YPF-Repsol y el envío al Congreso de un proyecto de ley que declara de utilidad pública y expropia el 51% del capital de esta empresa. Las reacciones de la empresa matriz y el gobierno español no se hacen esperar. Dicha decisión rompe el denominado “orden económico internacional”. El  correspondiente da prioridad al biodiesel europeo sobre el argentino y tanto  como el G-20 realizan una declaración “genérica” de apoyo a la necesidad de seguridad jurídica de las inversiones extranjeras realizadas en el exterior. Sin embargo, el gobierno argentino no tomó dicha decisión de la noche a la mañana. Para entender mejor el presente hay que retroceder veinte años.

“Caminito”

En 1992, el Presidente Menem dentro de su programa de reformas económicas envía al  el proyecto de Ley de Privatización de Activos y Acciones de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), por el cual el Estado y las provincias vendían las acciones de las que eran titulares. En dichas fechas fue el difunto marido de la actual presidenta () que era gobernador de una de las provincias petrolíferas (Santa Cruz), uno de los defensores más acérrimos de dicha privatización. Al día siguiente de conseguirse, la foto del mismo Kirchner aparecía en primera plana con el titular: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”. El proceso de privatización de YPF tenía como objetivo la atracción de capital y el autoabastecimiento petrolífero del país. En 1999, la inversión de 15.500 millones de dólares por parte de Repsol permite que el gobierno argentino cumpla el primer objetivo. Repsol ahora podría corear “De todo te olvidas”. Sin embargo, el déficit comercial de combustibles en 2011 alcanza los 3.029 millones de dólares. Este es el principal argumento utilizado por la presidenta y sus seguidores para declarar de interés público la compañía, pero no el único. Detrás de dicha decisión está la voluntad de retomar el control de un recurso natural que se encuentra en su subsuelo y que de alguna manera considera, por derecho propio, de su exclusiva propiedad.

“Si Buenos Aires no fuera así” (no sería Buenos Aires)

Pero las cosas nunca son tan sencillas porque hay muchos intereses en juego detrás de dicha decisión. YPF era una empresa estatal fundada a comienzos del siglo XX. Tras la inversión de Repsol se convierte en la primera gran compañía petrolera verticalmente integrada del mundo. Pero no es una empresa cualquiera. YPF genera más de 46.000 empleos en Argentina (14.000 directos y 32.000 indirectos) y tiene una contribución fiscal considerable en dicho país. De hecho en los noventa, la operación YPF-Repsol fue uno de los mayores éxitos de la internacionalización de las empresas españolas en Latinoamérica y ambas partes celebraron su consecución. Sin embargo, las cosas con el tiempo han cambiado.

Argentina acusa a la petrolera de despojar de sus recursos al país. Repsol acusa al gobierno argentino de expropiar su filial para tapar la crisis económica y social. La empresa considera la nacionalización “ilegal” y tiene intenciones de demandar a Buenos Aires ante el . Argentina piensa que se está haciendo “justicia”.

Según algunos expertos, lo que Menem y Kirchner deberían haber hecho en los noventa, es ceder los derechos de explotación y no vender dicha empresa al mejor postor. De este modo, YPF seguiría en manos argentinas. Desde mi punto de vista, es bueno enmendar los “errores del pasado” pero sin poner en peligro muchas cosas más. No se debería haber entrado en conflicto con España ni alarmar a la comunidad internacional. Parece ser que Repsol estaba al corriente de las intenciones del gobierno argentino mucho antes. De hecho, su participación en la empresa se había reducido con anterioridad con concesiones al segundo accionista (el grupo Petersen, propiedad de la familia argentina Eskenazi). Argentina podría haber conseguido el control de una forma menos “violenta” porque parece ser que los verdaderos intereses de la compañía española están en Méjico y Brasil.

“Adiós pampa mía”

El proceso puede ser largo. La demanda se llevará al Banco Mundial y el pleito tendrá que solucionarse en el CIADI ( sobre Diferencias relativas a Inversiones), donde otras compañías españolas presentes en Argentina llevaron sus quejas en el pasado (Telefónica, , Gas Natural y Aguas de Barcelona). Lo cierto es que lo que ha sucedido no es el óptimo para ninguna de las dos partes y se debería haber buscado un “second best”. Alguien que lea estas páginas, pensara que es lógico que ésta sea la opinión de alguien con pasaporte español pero créanme, no es así. Aunque el gobierno argentino logre atraer divisas sólo con el objetivo de ceder el uso y la gestión de sus reservas de petróleo, los resultados pueden ser distintos a los esperados. Supongamos que se resuelve el problema de la desconfianza de los inversores extranjeros y son capaces de atraer capitales, necesitaran la entrada de inversores extranjeros con suficiente capacidad tecnológica (que más da que dicha compañía se llame Repsol o no). Además, hay serias dudas de que los mercados obvien el riesgo asociado a la incertidumbre que genera un cambio en el marco normativo de un país.

En algún foro de internet he visto que se menciona el artículo 128 de la Constitución española donde se afirma que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. En dicho artículo, también se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante dicha ley se podrá reservar al sector público recursos o Servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo, acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Parece coincidir con el argumento que está esgrimiendo el gobierno argentino pero no es así. En el entorno de globalización que se ha alcanzado desde finales del siglo pasado, la seguridad jurídica de las empresas (y de los accionistas que apoyan a dichas empresas confiándoles sus ahorros) debe estar preservada. Toda la actividad económica de un país desarrollada por empresas, familias, entidades financieras, sector público, ONGs, etcétera lógicamente es de interés general de un país, pero el debate no es interés privado versus interés general sino Mercado versus Estado. Es entendible que se defienda un cambio en el modelo de desarrollo de un país (por ejemplo, un modelo estatal de explotación petrolífera versus la privatización de empresas públicas) pero hay que garantizar cierto orden en las relaciones económicas a nivel internacional. En realidad, ¿cuál es el principal problema? ¿La pérdida de valor de las acciones de YPF en Bolsa? ¿El mensaje de inseguridad jurídica que Argentina está mandando a la comunidad internacional? No. El problema es mucho más grave. Desde mi humilde opinión, el precedente que supone en dicha región. Una de las zonas geográficas de mayor emergencia y proyección en el plano económico internacional. Entre tanto, una de las noticias del día me da un poco la razón: “ expropia la filial de  en Bolivia”. Solo me queda terminar con el título de otro tango: “Al mal tiempo buena cara”.