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Autor: José Baños Torres

El pasado Viernes de Dolores, víspera de Semana Santa se presentó el Proyecto de Ley de los PGE, para 2012. Sí, para 2012 (aunque estemos en ya terminando abril), que teóricamente serán aprobados en Junio y con un poquitín de suerte los clausuraremos, de facto, en Septiembre, porque se volverá a decir que no hay más dinero.

Algo que tampoco pilla muy de sorpresa, si tenemos en cuenta que la situación heredada ya, a estas alturas, todo el mundo sabe la que es y si no está el Gobierno para describirla por enésima vez.

Todo eso ya lo sabemos, es archiconocido. Sin embargo, cuando en Economía alguien habla de presupuesto, algunos tenemos una manía: pensar en el término planificación (que a nadie se le ocurra pensar en las economías planificadas de los países socialistas). Y cuando algunos, ya digo, individuos ‘raros’, pensamos en el término planificación, tendemos a plantear, de manea intrínseca, un proceso por el que nos anticipemos al futuro. En consecuencia, nos enfrentamos a diferentes cuestiones, a las cuales los encargados de gestionar (quizás también este término debería explicarse en qué consiste, pero quizás eso será en otro artículo) deben dar respuesta: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿quién ha de hacerlo?, ¿cuándo debe hacerse?.

Se supone, (al menos, se supone) que lo que establezcamos o definamos ahora, en el presente, debería tener sus consecuencias en el futuro. Pienso en este momento, tanto en la planificación y gestión de los antiguos dirigentes, como en la que llevan a cabo los actuales.

Retomando de nuevo, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, observo que a la primera cuestión ¿qué hacer?, se puede contestar de manera rápida y sencilla: Llegara al Déficit cero, de aquí a unos años. Eso sí, estaremos contentos con haber conseguido dicho objetivo, pero como el crecimiento y lo que se ha hecho por el mismo es nulo, no tendremos mucho que decir, ni hacer. Pero, es que, además, alguien debería explicar, porque tan solo unos días después de la presentación de los citados Presupuestos, se van añadiendo medidas adicionales, esta vez dirigidas a las Comunidades Autónomas, en forma de más y nuevos recortes. Y eso, al margen, de que para alcanzar el objetivo de déficit de este año (5,3%), las medidas, en teoría, previstas no es que sean demasiado clarividentes, más bien al contrario.

En este punto, desearía preguntarme (iluso de mi), cuando alguien se presenta a unas elecciones, ¿no se establece un vínculo en forma de ‘contrato voluntario’, en términos de Rousseau, entre el ‘elegido’ (que se supone regirá los destinos del país) y los ciudadanos. Y si ese contrato no se cumple, ¿puede hacerse algo al respecto?,

Digo esto, porque como llevamos un cierto tiempo en que se nos está diciendo, de manera continuada, que las finanzas públicas son cómo las de una casa, las de una economía doméstica, quizás estos ‘contratos’ también pueden ‘denunciarse’ por incumplimiento.

En este proceso de ir ‘añadiendo’ a los diferentes presupuestos (imagino que nuestras siempre queridas Comunidades Autónomas también estarán en la labor, aunque da un poco igual, ya que como el obscurantismo, si no cambian las cosas, seguirá al mismo nivel) recortes, los últimos son los que se refieren a Sanidad y Educación; por cierto, que desde hace muchos años, algunos venimos demandando que nunca deberían haber salido de la esfera del .

Me quedo, en este primer análisis con el famoso ‘copago farmacéutico’. Que el sistema es insostenible, no hace falta demasiada investigación, como para ver que eso es así. Sin embargo, escuchando a la Ministra de Sanidad hace unos días, parecía que la medida sería muy beneficiosa, porque, según sus palabras, era una ‘medida justa y equitativa’. Tengo entendido que equidad es tratar por igual a todos aquellos que se encuentran en igual situación (no sólo de renta) y de manera desigual a los que se encuentran en desigual situación.

Lanzo, en este marco, algunas cuestiones: ¿justas, para qué y para quién? ¿se tiene conocimiento de la cuantía de las pensiones (por qué a mí me da la sensación de que no, pero estaré yo en el error)?. Si el copago se encuentra en el tramo entre 8 y 18 €; es decir, en una relación algo superior a 2, ¿es conocido, por los supuestos ‘gestores’, que la relación entre las pensiones más elevadas y las más bajas, es muy superior a ese valor? ¿no estaríamos siendo, en ese caso, regresivos?

Y antes de ‘racionalizar’ este y otros apartados (que también son necesarios), ¿por qué no se cumple, previamente, el ‘contrato’, en relación con numerosos gastos, como las subvenciones a las televisiones autonómicas, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y se suprimen de una vez por todas?

En fin, que quizás es preferible ‘ocultar’ los capitales, luego pagar un 10% (que, a mi juicio, es ser demasiado optimista) y tener más recursos para cubrir las ‘necesidades básicas’.

Total, como los presupuestos van a tener una duración muy limitada en el tiempo, si no se cumplen, alguien pensará que no pasa nada.