La reciente reforma del mercado laboral (Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) establece entre las causas económicas de despido y de descuelgue de convenio colectivo que la empresa alegue “pérdidas previstas”. Así, en el articulado del Estatuto de los Trabajadores se establece que existen causas (objetivas) económicas para el despido “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”, añadiendo que “se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos” (artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores). Además, el Real Decreto-Ley 3/2012 también introduce la posibilidad de dejar de aplicar en la empresa las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo aplicable (conocida como descuelgue de convenio colectivo), cuando concurren las mismas causas económicas mencionadas anteriormente, con la particularidad de que en este caso la disminución de ingresos o ventas sólo se debe verificar durante dos trimestres consecutivos, en lugar de tres (artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores).

El despido por “pérdidas previstas” es uno de los puntos más controvertidos de la reciente reforma laboral. No obstante, cabe señalar que este aspecto ya se contemplaba en la anterior Ley 35/2010, de 17 de febrero, donde se introducía la consideración de las “pérdidas previstas transitorias” dentro de las llamadas causas objetivas de extinción de un contrato de trabajo.

En este artículo pretendemos explicar, basándonos exclusivamente en criterios de carácter técnico contable, las razones argumentadas por un numeroso grupo de profesores universitarios de contabilidad (entre los que se encuentra la autora de este artículo) para solicitar la retirada del concepto de “pérdidas previstas” de la actual legislación laboral.

Entre los argumentos que se exponen destaca el hecho de que la utilización de magnitudes contables subjetivas y previsionales, haciéndolas pasar por objetivas en situaciones socialmente sensibles, redundará en un descrédito de la actividad contable y de la auditoría de cuentas, extendiendo el manto de la duda sobre aquella información financiera que, en cambio, sí ha sido elaborada siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y sometida a una rigurosa auditoría de cuentas (Archel et al., 2012)2.

El actual Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad de 2007 (PGC-2007) establece entre los requisitos más importantes de la información financiera los de relevancia y fiabilidad, entendiendo por relevancia que “la información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas”, y por fiabilidad “que la información esté libre de errores materiales y sea neutral, es decir, esté libre de sesgos, y los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar”. Para ello la normativa contable se ha dotado del procedimiento de la auditoría de cuentas que permite revisar y verificar si la información financiera está elaborada de acuerdo con la normativa aplicable, al tiempo que expresa la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

En este sentido y según se recoge en el manifiesto, a la información que se utilice para justificar ajustes empresariales y dictar resoluciones judiciales se le debería exigir, al menos, los mismos requisitos de fiabilidad que a la información financiera que ordinariamente elaboran las empresas. Sin embargo, las “pérdidas previstas” son una estimación hipotética y subjetiva que no sirve como información empresarial fiable y auditable. Además, la inclusión de las pérdidas previstas introduce una visión sesgada en los principios jurídicos más básicos, al obligar a los jueces a fundamentar sus resoluciones en pruebas que no son de hechos ciertos, sino de sucesos en todo caso futuribles.

Por esa misma regla se debería de readmitir al trabajador con una compensación en el caso de que las “pérdidas previstas” no fueran efectivas y probadas en un tiempo delimitado.

En la propia Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley se señala que en la nueva redacción de la justificación del despido se han suprimido aquellas referencias que “incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba”, ciñéndose a partir de ahora a la “valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”. Sin embargo, la insistencia en la consideración de las “pérdidas previstas” como causa económica de despido contradice la lógica expresada en la citada Exposición de Motivos. El resultado previsto (beneficios o pérdidas) sólo puede estar basado en el establecimiento de una serie de hipótesis previas subjetivas, cuya definición puede provocar grandes oscilaciones en los resultados. El resultado previsto es una magnitud meramente hipotética, que dista de poder tener la consideración de hecho.

Por todas las razones expuestas, e independientemente de cuál sea nuestra opinión personal sobre el grado de flexibilidad que debe regular las relaciones laborales, los más de 200 profesores universitarios firmantes del manifiesto solicitamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados que se retire toda referencia en el Estatuto de los Trabajadores a las “pérdidas previstas” dentro de las causas económicas de despido y de “descuelgue” de las condiciones pactadas en convenio colectivo.


  1. El Texto del Manifiesto pueden consultarse en: http://manifiestosobreperdidasprevistas.blogspot.com.es/2012/02/manifiesto-de-profesores-universitarios.html 
  2. Archel, P., Carrasco, F., García, M.A. y Larrinaga, C. (2012): “Las pérdidas previstas y la neutralidad de la información financiera elaborada con fines externos”, Partida Doble, nº 242, pp. 58-67.