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Autor: Carlos Marín Gallardo

El establecimiento del Euro como moneda única supuso importantes ventajas para los países miembros como la profundización en la integración europea creando una zona monetaria autónoma e influyente en el mundo, la eliminación del riesgo de tipo de cambio (que tantos problemas acarreó con la crisis del Sistema Monetario Europeo en 1992) o la facilitación de las transacciones entre países miembros con la eliminación de los costes de conversión.

Sin embargo, nuestra unión monetaria dista mucho de ser una verdadera unión económica. El hecho de aunar distintas economías con diferentes patrones de crecimiento y considerables diferencias estructurales hace que existan objetivos de política económica, en muchos casos, divergentes. En esos casos, el encaje de políticas comunes beneficiosas para todos los miembros resulta realmente difícil. Más aún cuando sólo se dispone de un instrumento común: la política monetaria.

Como se muestra en el primer gráfico, el BCE ha cumplido su principal objetivo, es decir, mantener la inflación de la zona euro en el entorno del 2% durante toda la década (hasta el estallido de la crisis). No obstante, para conseguir este objetivo se han aplicado políticas que, aun siendo óptimas para el conjunto, no lo son para sus componentes. Así, la inflación de países como España ha estado sistemáticamente por encima del objetivo del 2% mientras que otras economías como Alemania han permanecido con tasas a menudo inferiores al objetivo.

¿Cuál es la implicación de éste patrón? Que economías como España, Grecia, Portugal… con tasas relativamente altas de inflación hubieran necesitado políticas monetarias más contractivas mientras que países como Alemania, Países Bajos o Finlandia deberían haber precisado políticas ligeramente más expansivas.

La consecuencia de este conflicto de intereses es que se han generado desequilibrios estructurales que han conducido a una respuesta asimétrica a la crisis actual. En primer lugar, el diferencial de inflación entre países ha provocado una pérdida de competitividad en términos reales de España o Grecia con respecto a Alemania o Países Bajos. Es cierto que éstos últimos ya eran más competitivos antes del establecimiento del Euro pero, como muestra el último gráfico, estas diferencias no han hecho más que ampliarse. En segundo lugar, las distintas tasas de inflación han generado, en los llamados PIIGS, tipos de interés reales excesivamente bajos (en muchos casos negativos) con lo que, durante el periodo expansivo (2002-2007) dichos países han atraído grandes flujos de capital y una mayor predisposición para el endeudamiento con lo que se ha contribuido a la generación de burbujas en los precios de los activos inmobiliarios en países como Irlanda o España.

En definitiva, la acumulación de dichos desequilibrios ha influido en el diferente impacto de la actual crisis en los distintos países de la eurozona. Ante este escenario ¿cuáles deberían ser las líneas de actuación para revertir estas asimetrías? En primer lugar se debería tender a una unión económica real y no sólo monetaria. Dado que los países menos competitivos no tienen capacidad de llevar a cabo una devaluación, deberían emprender reformas estructurales que hagan sus economías más dinámicas y con una mayor capacidad exportadora. Cabe recordar que dada la acumulación de deuda pública y privada en dichos países, se está llevando un proceso de desapalancamiento que mantiene (y mantendrá) la demanda interna totalmente deprimida.

Por otro lado, el cambio estructural de una economía es un proceso largo. En el corto plazo, medidas como la llamada devaluación fiscal (bajar las cotizaciones sociales subiendo el IVA) llevan a aumentar el precio de las importaciones (y del consumo en general, vía IVA) y reducir el precio de las exportaciones (y de la producción en general, vía cotizaciones). También la profundización en la integración fiscal con el establecimiento de los llamados Eurobonos puede relajar las tensiones financieras y evitar shocks asimétricos.