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Autora: Rosario Pérez Morote

Uno de los principales debates, tanto en el plano político, económico y social, que el escenario de crisis económica actual plantea, se refiere a la necesidad de afrontar un cambio en la estructura de la  de nuestro país y concretamente de la . En esta semana está prevista la celebración de la cumbre de diputaciones de la Comunidad Valenciana, en la cual se tratará, a petición del , los beneficios e inconvenientes derivados de la fusión entre municipios.

La coordinación de dicho proceso recaería sobre las Diputaciones y se enmarcaría en un clima de absoluta voluntariedad de los municipios implicados, afectando sobre todo, a aquéllos cuya población fuese inferior a 1.000 habitantes.

Haciendo un recorrido por los países europeos vecinos más avanzados en los últimos años, puede observarse como tanto en Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña y Alemania la fusión de municipios redujo el número de éstos entre un 66% y un 75% en aquellos tramos de población más bajos. En nuestro país, según fuentes oficiales del INE (2011) existen 4.862 municipios de menos de 1.000 habitantes, concentrados en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla León y Castilla la Mancha principalmente. Entre las tres se localiza el 66,12% de estos municipios. Concretamente en la comunidad castellano‐manchega se han censado 622 municipios de menos de 1.000 habitantes que reúnen una población global cercana a los 90.000 habitantes.

Mientras los países europeos mencionados, sobre todo el país germano, se han caracterizado por reaccionar ante las crisis acrecentando la flexibilidad de sus estructuras administrativas, buscando fórmulas de consenso político para lograr una mayor cooperación y reducir entidades locales poco viables, en España los intentos de fusión local que se plantean por primera vez en 1860, han tenido poco éxito. A la vista de los cambios demográficos irreversibles y de las ventajas que un proceso de fusión podría albergar, nos encontramos en un punto histórico en el que debe ser la Administración la que se adapte a la sociedad y no al revés. Dicho proceso de fusión constituiría un proceso lógico siempre y cuando se realizara por un interés mutuo entre los municipios, voluntariamente, apostando por la mejora y el incremento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Podría plantearse en situaciones en las que separadamente los municipios carecieran de capacidad o recursos para la prestación de los servicios obligatorios mínimos; los núcleos de población se confundieran como consecuencia del desarrollo urbanístico o cuando se considerara necesaria por motivos demográficos, económicos, administrativos o de cualquier otra índole.

Es cierto que hasta el momento actual, las mancomunidades se han articulado como la fórmula idónea para la prestación de determinados servicios, que sin necesidad de un marco organizativo superior, exceden la capacidad aislada de los municipios. No obstante, éstas son útiles en aquellos municipios cuya sostenibilidad está garantizada y siempre y cuando dispongan de los recursos y medios necesarios transferidos desde los ayuntamientos que las integran. En este sentido, para los municipios y núcleos de población que por razones demográficas, económicas o de cualquier otra naturaleza, estuviera en cuestión su existencia y sostenibilidad, podrían encontrar en la fusión la respuesta para la garantía de su permanencia.

Las principales ventajas de la fusión municipal quedarían reflejadas en el medio plazo en una mejora de los servicios como consecuencia de una mayor racionalidad de los recursos empleados. Los gastos de personal y de explotación se verían disminuidos evitando redundancias y duplicidades. Ahora bien, dicho proceso siempre debería ir acompañado por un profundo análisis donde se recogieran también aspectos de conjunto, referentes a cuestiones culturales, geográficas e históricas que extralimitan las meramente económicas.

En base a esto y teniendo en cuenta que dicho proceso de fusión implicaría la supresión de los municipios afectados, es de ley preguntarse cómo esta idea puede ser aceptada por los ciudadanos, teniendo en cuenta la primacía del principio de autonomía municipal y siendo el municipio la administración pública más cercana a la que el individuo se dirige en primer lugar para plantear sus necesidades.

Entre la opinión pública no está muy clara la aceptación de esta idea por parte de los vecinos. Impera la idea de que el despilfarro y mala la gestión de los servicios no depende del número de habitantes de un municipio; una parte importante de la ciudadanía defiende la viabilidad de los municipios pequeños resaltando los grandes escándalos por corrupción y las altas cifras de déficit público que han marcado a municipios de gran tamaño.

En definitiva, en el contexto actual y teniendo en cuenta lo ocurrido en los países vecinos, es inevitable empezar a plantear y afrontar la reestructuración de la , eso sí, ésta no será posible sí no va acompañada de una gran dosis de diálogo, pactos y solidaridad entre las partes implicadas.