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Autor: Carlos Álvarez Aledo

En medio de la actual tormenta sobre la reducción del déficit público a corto plazo ha quedado en segundo plano otro compromiso pendiente, no muy alejado en el tiempo. Hace pocos meses España se convirtió en el segundo país de la zona euro, tras Alemania, en introducir en su Constitución el compromiso de tender hacia un nivel de déficit público estructural igual o próximo a cero.

Este límite constitucional fue asumido por las dos principales fuerzas políticas del país en apenas tres semanas. Desde 2020, dentro de menos de ochos años, decisiones de gasto a largo plazo que puedan suponer un desequilibrio presupuestario relativamente moderado podrían ser recurridas como medidas anticonstitucionales.

Se trata de una regulación jurídica de la política económica, sobre la que apenas se ha debatido, que acabará con el último instrumento de gestión macro nacional de que disponía la economía española tras la pérdida de la política monetaria y del tipo de cambio al incorporarse a la Unión Monetaria.

Si se añade la prohibición de políticas de apoyo sectorial que no estén consensuadas a escala europea, todo intento de transformación económica y social o de estímulo del empleo sólo podrá consistir en procesos de liberalización o cambios de regulación de los mercados de trabajo, capital, productos y servicios. Es decir, lo que ya se está haciendo hoy, pero para siempre.

Independientemente de que sea factible o no que pueda llegar a cumplirse en la práctica, la argumentación de este principio y sus implicaciones deberían ser objeto de un poco más de atención, sobre todo si la teoría económica y los economistas aspiran todavía a ser de alguna utilidad para la sociedad.

Conviene recordar que el déficit cero o el objetivo de austeridad no aparece en los manuales de Economía ni está demostrado ser una eficaz medida de gestión macroeconómica. En el mejor de los casos, el equilibrio presupuestario se debe tomar como una referencia contable para saber a partir de qué cifras de ingresos-gastos es necesario recurrir a la emisión de Deuda Pública para mantener un esfuerzo sostenido del sector público a largo plazo. Sí existe, en cambio, una larga y consolidada tradición de argumentos, no solo keynesianos, que ahora se considerarían desfasados, a favor de la intervención pública para corregir fallos de mercado estructurales y aplicar medidas que aceleren el desarrollo económico.

También existe una larga tradición teórica monetarista en defensa de un control monetario y crediticio coherente con el crecimiento de la economía real como vía de estabilidad a largo plazo. Precisamente, su incumplimiento está en la raíz de la crisis económica actual. Parece olvidarse con demasiada facilidad que esta crisis se originó por una expansión financiera descontrolada y no por una expansión del déficit público que es consecuencia de la posterior recesión. Cuando el pasado año varios economistas del FMI publicaron un par de artículos para argumentar que la consolidación presupuestaria podía estimular el crecimiento económico, lo absurdo de la idea y el rechazo de la mayor parte de expertos en macroeconomía fue tan evidente que nadie con sentido común ha vuelto a insistir en ello.

La idea del déficit cero (con superávit en periodos expansivos), que ya se intentó aplicar hace diez años en plena expansión como demostración de salud económica, reaparece ahora en plena crisis de la zona euro como imposición de austeridad de algunos países europeos. Se trata de evitar que futuros aumentos del endeudamiento público de países “indisciplinados” obliguen a establecer planes de rescate y aumenten el déficit público y los impuestos de ciudadanos de países “disciplinados”. Representa la introducción de un discutible principio económico, sólo defendido en  y no en el resto del mundo, en el que se mezclan de forma confusa argumentos del liberalismo económico, críticas a algunos despilfarros en el pasado reciente y una coyuntura aparentemente obsesionada por la “prima de riesgo”. Su actual aplicación a corto plazo está además entre los factores que pueden estar alargando de forma innecesaria la crisis iniciada en 2008, olvidando también, de forma un tanto oportunista, que la caída de ingresos fiscales por la recesión ha sido la principal causa del déficit (coyuntural).

Argumentos del tipo “sólo se debe gastar lo que se ingresa” son, como mínimo, una obviedad que desafía importantes avances de la teoría macroeconómica, la política financiera, los principales modelos sobre desarrollo económico o los más recientes de elección inter-temporal. Pero, para entender qué supone la imposición de este criterio, ni siquiera es necesario recurrir a toda esta larga tradición teórica. Una vez más, basta el sentido común. Sería equivalente a si, una vez que una parte de la población ha terminado de pagar sus hipotecas, se estableciera para el resto una nueva regla según la cual, a partir de ahora, para comprar una vivienda no se puede pedir un crédito bancario (ni siquiera en una prudente proporción entre ingresos y deuda). Por tanto,habría que conformarse con comprar sólo lo que permitiera la renta salarial. Algo similar podría decirse de un empresario que quisiera ampliar su planta de producción y que sólo contara con los beneficios de años anteriores para llevar a cabo su nueva inversión.

Para un país como España, con niveles de bienestar social, investigación científica y renta per cápita inferiores a los países europeos más desarrollados, supone la renuncia a endeudarse en el presente para aumentar gastos por encima de los ingresos, reducir deficiencias estructurales y mejorar niveles de productividad y renta en el futuro. La economía española no puede permitirse aún, mucho menos después del deterioro económico y social derivado de esta crisis, ese objetivo tan “avanzado” del déficit cero. Sólo al alcance de países ya sin hipotecas tales como un desempleo del 24 por ciento, un porcentaje de fracaso escolar del 30 por ciento o universidades y empresas con un “modesto” nivel de competitividad e I+D. Ello sin contar con que otros cambios, tales como el envejecimiento de la población, generarán inevitablemente una obligación social de déficit estructural.

Toda esta equivocada estrategia defendida por los “apóstoles de la austeridad”, como los denomina Krugman, llevaría a plantear además otras muchas cuestiones. Dos ejemplos: 1. ¿Tiene algún sentido establecer, como principal plan de futuro para esta década, conseguir el objetivo, poco creíble en plena recesión, de reducir el déficit al 3 % para pasar a continuación al “reto” de reducir el déficit estructural hasta el 0 %? ; 2. Si lo que se plantea es que no debe haber ya ninguna política macro nacional ni soberanía en tal materia, ¿qué ventajas o diferencias hay entre la situación nacional actual y la pertenencia a una Europa federal?