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Autor: Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública UCLM. Exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.

El análisis de la incidencia de los ingresos y gastos públicos ha sido una de las preocupaciones tradicionales de la economía pública; este análisis puede realizarse desde diferentes enfoques: se puede examinar la incidencia en la distribución personal de la renta, en la distribución intergeneracional, en la distribución regional, en la distribución funcional,…. Sin embargo, la mayor parte de los estudios se han centrado en los efectos de la actuación del sector público sobre la distribución personal de la renta, tratando así de dar respuesta a la cuestión de ¿Quién se beneficia? y ¿cómo se beneficia? ; concretado frecuentemente este quién y cómo en la forma en la que varía la renta disponible de los individuos debido a la incidencia de los impuestos y las prestaciones sociales en dinero, olvidando que los recursos del sector público sirven también para financiar otro tipo de gastos que benefician a determinados individuos en su calidad de utilizadores, activos o pasivos, de los servicios públicos

El objetivo último de las denominadas “Balanzas Fiscales” es el estudio de la incidencia espacial o territorial, que centra su atención en los individuos agrupados según el ámbito espacial en el que residen y pretende estimar los cambios en el nivel de renta o de bienestar ocasionados, en tales grupos, por la actuación de los poderes públicos; se trata en muchos casos de estudiar únicamente la relación entre los impuestos que paga cada territorio y los beneficios que recibe; en otros casos se pretende medir el impacto económico que las administraciones públicas ejercen sobre los ámbitos espaciales en estudio.

La realización de un ejercicio de imputación territorial de ingresos y gastos de la totalidad de la administración pública tiene un significado relativo: se trata de conocer cuál es la incidencia de la actuación del sector público en las diferentes regiones españolas; este planteamiento cobra un valor relevante cuando en nuestro país ciertos territorios gozan de un régimen fiscal especial; este método de territorialización global permite conocer cuáles son los beneficios o las pérdidas del régimen fiscal especial, tomando como término de comparación regiones de similar nivel de renta e incluidas en el régimen fiscal común.

Sin embargo, la obtención de datos de ingresos y gastos públicos de la totalidad de las administraciones públicas que permitieran realizar una distribución territorial, plenamente comparables entre todas las comunidades autónomas españolas, exigiría un enorme esfuerzo de homogeneización; habría que neutralizar además de los efectos de asimetrías competenciales e institucionales presentes cuando nos restringimos a la administración pública central, los efectos ligados a la diferencia de regímenes fiscales especiales. Sin embargo, estos estudios deben abordarse si verdaderamente nos preocupa la equidad territorial, haciendo que cobre pleno sentido el estudio de la incidencia regional de la actuación de las administraciones públicas en su totalidad.

Cuando las regiones están sujetas a un mismo sistema fiscal, el quién y el cómo de la actuación espacial de las administraciones públicas dependerá fundamentalmente de la renta media de los territorios; los pagos de los contribuyentes dependerán de su capacidad económica y quienes se benefician de los gastos serán individuos definidos en función de su nivel de renta. A nadie es ajeno que tanta actividad académica en un campo tan especifico de la economía pública, que además presenta problemas metodologicos y de obtención de información tremendos, y en el que es mínima la utilización de técnicas y modelos estadísticos refinados tan valorados en nuestros “curricula académicos”, está poniendo de manifiesto que el interés por el tema del cálculo de los saldos fiscales entre la  y las  trasciende el ámbito académico.

No desvelamos ningún secreto al afirmar que, al menos en un principio, una gran parte de las estimaciones de las balanzas fiscales regionales han sido la manifestación técnica de un debate continuado de carácter político sobre los criterios que han de regir la distribución territorial de los costes y beneficios de la actuación pública central; los resultados de estas investigaciones se han utilizado para documentar agravios comparativos y para proporcionar argumentos con los que apoyar determinadas exigencias territoriales basadas en una determinada concepción de la equidad espacial o más bien de la equidad interregional.

Desde nuestro punto de vista, no resulta razonable evaluar el conjunto de las actuaciones del sector público central en términos de su incidencia territorial, ya que no es posible plantearse el tema de la equidad espacial en función de si una región recibe más de lo que paga, sino que es un problema más amplio que en su mayor parte, debe abordarse en el ámbito de los individuos; son los ciudadanos los que pagan impuestos, perciben prestaciones y se benefician de los bienes y servicios públicos, porque son sus características personales y económicas las que resultan relevantes a la hora de discutir sobre la justicia del reparto.

Es evidente que, si se acepta el principio de igualdad de derechos y deberes entre todos los españoles así como la existencia de políticas públicas con objetivos redistributivos, debe admitirse que se transfieran recursos de los ciudadanos más prósperos a los más necesitados con independencia de su lugar de residencia; lo que nos lleva a no reducir la actuación del sector público, sea central autonómico o local, a sus implicaciones espaciales.