Durante el período de la Guerra de la Independencia (1808-1814) ocurrieron cambios económicos que impedirían un regreso a situaciones anteriores. Los privilegios de la Mesta, por ejemplo, fueron desafiados con continuas ocupaciones de espacios previamente prohibidos. Los diezmos dejaron de pagarse, así como numerosos derechos señoriales. Otros cambios se produjeron en tierras concejiles, cuya ocupación fue frecuente ante distintas necesidades de los particulares. Los mismos ayuntamientos promovieron ventas de sus tierras, o la legitimidad de usurpaciones, ante la necesidad de ingresos. El proceso bélico provocó cambios efectivos inmediatos, políticos, y otros en las mentalidades que no fueron reversibles cuando se instauró el absolutismo. Muchos de esos cambios quedaron redactados en los artículos de la constitución; otros fueron origen de futuras transformaciones.

Las distintas formas de establecer tributos también fracasaron en una economía de guerra. Los liberales trataron de establecer el monopolio fiscal del estado así como principios hacendísticos modernos: generalidad y capacidad de pago. Una contribución directa que fuera proporcional a la riqueza, un sistema fiscal acorde a los principios del liberalismo. Fueron intentos que fracasaron por la situación de desorden y conflicto. Las cortes trataron regular también este aspecto suprimiendo privilegios en el pago de tributos a determinadas clases sociales. Se trató, por tanto, de elaborar una constitución solvente, digna de la sociedad que la construyó. La Constitución de Cádiz fue, así, un marco amplio donde desarrollar otra legislación rompedora. Fue clave para decretar la abolición del régimen señorial, una jurisdicción que pasara a formar parte del estado, la supresión de mayorazgos y diezmos, así como la libertad de comercio e industria.

Los principios siempre destacados de la Constitución del 1812 son la soberanía nacional y la división de poderes. La aportación clave reside, en mi opinión, en el nacimiento de la nación formada por hombres libres e iguales ante la ley. Ciudadanos a quienes no les bastaba nacer en un determinado entorno para tener determinados privilegios, sino ciudadanos que lo son, y a quienes se valora por sí mismos. Y la división de poderes, tan defendida por los ilustrados, y cuya más efectiva consecuencia debería ser, de nuevo, la justicia y la igualdad ante la ley. Es cierto que la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano no se encuentra expresamente descrita como principio elemental, pero se respira en muchos de los artículos que constituye esta obra legislativa: libertad civil, la propiedad, libertad de escribir, imprimir y publicar ideas políticas, por ejemplo.

Una lectura detallada de los artículos de la constitución nos presenta una clara apuesta por aspectos que aparecían ya en los escritos de los pensadores de la ilustración. Los principios de la fisiocracia y los del liberalismo económico se filtraban por las fronteras. No obstante, las propuestas prácticas de ese tiempo fueron menos avanzadas, quizá por el compromiso de los gobernantes con el , y por una situación económica difícil, con un déficit público creciente a finales del siglo XVIII y las dificultades de supervivencia de la población ante las crisis agrarias.

La Constitución de 1812 bebe de la innovación de las constituciones estadounidense y francesa. El estallido de la Revolución en Francia en 1789 imprimió una transformación de las estructuras políticas y económicas cuya representación más visible fue la elaboración de constituciones europeas que, con mayor o menor vigencia, indican ese cambio de rumbo necesario para la sociedad. Así, Francia disfrutó de una temprana constitución en 1791 donde se instauró una monarquía parlamentaria. Es necesario destacar que previamente Estados Unidos había aprobado los principios de su constitución política, en vigor desde 1790, en la primera legislación común a todos sus estados. En Estados Unidos la apuesta fue beneficiosa. La apuesta por la defensa de la propiedad privada, de los contratos privados o la conveniencia de una moneda única, dieron a este país una seguridad jurídica que hizo atractivas muchas inversiones y que provocó una llamada a trabajadores de la vieja Europa. Las enseñanzas de la Constitución americana fueron el punto de partida de reformas que fueron implantándose en Europa.

Y nuestro país no estuvo al margen de tales movimientos. La ideología liberal, partidaria de la libertad individual y social en lo político, y de la iniciativa privada en lo económico, tuvo rápida manifestación en España en la Constitución de 1812. El siglo XIX español se caracterizó por una corta vigencia de la vida de constituciones que fueron dictándose al abrigo de gobiernos más o menos provisionales. Pero el sustrato de la Constitución de 1812 permaneció, unas veces reconocido en las instituciones del estado, otras en quienes la defendieron, a la espera de una nueva oportunidad. España tuvo siete cartas constitucionales redactadas en el siglo XIX; dos más en el siglo XX. La de 1812 se manifiesta como el inicio de un muy difícil recorrido, con graves interrupciones, hasta la consolidación de la actual.

La Constitución de 1812 permitió transitar a un nuevo régimen pese a los retrocesos del absolutismo de 1814 y 1823. Despertó mayor creencia en la solución de unos problemas que requerían algo más que un marco adecuado y favorable. Eran necesarias, también, actuaciones valientes y arriesgadas. La constitución permaneció como modelo de libertad, muchas veces una libertad soñada.

Quiero destacar esa libertad que supuso su proclamación, pese a lo limitado de su vigencia. Quiero, asimismo, destacar la esperanza que supuso su redacción y puesta en marcha, tantas emociones que debieron verse vertidas en ella y que pudieron ver la luz. Fue poco tiempo de implantación, es cierto, como también lo es que estuvo de algún modo presente en tantas otras redactadas durante el complejo siglo XIX. Se avanzó por un camino difícil de ignorar, imposible de desandar. Sus principios quedaron como un símbolo para generaciones futuras, como una esperanza de libertad.