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Autor: Francisco Jareño, Profesor Titular de la UCLM – Dpto. de Análisis Económico y Finanzas

Aunque parezca mentira, después de varios meses de crisis y de ver miles de hogares destrozados, por fin parece que las instituciones dan un paso al frente y empiezan a preocuparse (con medidas concretas) de la pobre gente que está perdiendo su casa por los excesos (cometidos por unos y otros) en épocas de bonanza.

Quién nos iba a decir que sería el actual gobierno el que iba a poner encima de la mesa soluciones y propuestas concretas para ayudar a las personas que se encuentran en una situación límite y que están al borde de perder su casa, como califica el gobierno: “familias en riesgo de exclusión”.

En los últimos años, las ejecuciones hipotecarias se han disparado alarmantemente, sin parecer importarle a nadie (al menos a quienes debería, que son los que pueden poner remedio a esta situación). Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la banca embargó 93.622 viviendas en 2010, dato similar al de 2009, pero que respecto a 2008 supuso un aumento del 59%, en plena crisis inmobiliaria. En total, alrededor de 150.000 familias han sido desahuciadas de sus casas como consecuencia del impago de sus hipotecas.

Según un informe elaborado por Cáritas, 1.400.000 hogares españoles tienen a todos sus miembros sin trabajo y el número actual de familias sin ingresos, por parte de ninguno de sus integrantes, asciende a 580.000 hogares, un 34% más que en el año 2007. ¿Es posible ignorar a todas estas personas? Parece que no…

Como todos sabemos, hemos vivido muchos años de burbuja inmobiliaria que ha supuesto un crecimiento descontrolado en el precio de las viviendas. Parecía que esta burbuja inmobiliaria nunca explotaría, y se iba hinchando poco a poco (o “mucho a mucho”) como un globo con el que juega un niño, y que los demás se van apartando porque saben que, de un momento a otro, va a explotar. Sin embargo, éste sigue y sigue echando aire… pensando que ese momento nunca va a llegar.

Exactamente ésa era la sensación que teníamos muchos de nosotros… Que el plástico de ese globo (que suponía la burbuja inmobiliaria) se estaba estirando demasiado y que, en el momento menos esperado, iba a ceder y todo el aire acumulado dentro se llevaría por delante lo que encontrase a su paso, cual tsunami, afectando y siendo mucho más virulento con los más débiles.

Y, efectivamente, llegó el momento y, como esta burbuja era tan y tan grande, produjo un tremendo estruendo. Se llevó por delante a los bancos, a los inversores que habían encontrado en el “ladrillo” una forma de rentabilizar sus muchos o pocos ahorros, y, fundamentalmente, a la clase obrera que, con muchos esfuerzos, había depositado su “nómina” en el banco para poder hacer frente a la hipoteca y poder tener así una casa que poder llamar “suya”.

Las diferentes instituciones aprobaron una serie de medidas, conducentes a sostener a las entidades financieras más afectadas por el “ladrillo”, con medidas que han supuesto (suponen y supondrán) miles de millones de euros. Sin embargo, parece que nadie se ha acordado, hasta ahora, de las familias que se están quedando sin su hogar, sin un lugar donde poder vivir y llamar “casa”.

El actual gobierno parece que ha empezado a poner remedio a esta situación. Quizá sea sólo un parche, quizá sea sólo una medida “populista” o quizá sea sólo una bonita propuesta para que la opinión pública le dé una “palmadita en la espalda”, pero esto supone un primer paso y un arranque hacia nuevas y buenas medidas para proteger a los principales afectados por la crisis financiera. Esos son, sin lugar a dudas, los cientos de miles de familias que, con la bajada del valor de las viviendas, se están viendo afectados hasta tal punto que, si por la crisis pierden su trabajo o simplemente merma su poder adquisitivo y no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca, pierden toda su vida: su vivienda.

Las medidas que propone el gobierno, en mi opinión, no van a arreglar los problemas de cientos de miles de familias españolas, pero sí que, en cierta manera, van a permitir ayudarles. Además, suponen un primer y esencial paso hacia una situación más justa a la hora de afrontar los problemas que nos está planteando la actual crisis.

Los ejes centrales de dichas propuestas tienen como objetivo fundamental proteger a las familias más desfavorecidas, sin ingresos por parte de ninguno de sus miembros, y con elevado riesgo de exclusión social.

El periódico “Cinco Días” resume así las medidas plateadas por el gobierno: “Economía promoverá un código de buenas prácticas invitando a la banca a que instaure la dación en pago para familias sin ingresos, aplique una moratoria de dos años en la ejecución del desahucio y a hacerse copartícipes de la depreciación de los inmuebles. A cambio, el Gobierno ofrece incentivos fiscales en caso de pérdidas.”

En realidad estas medidas suponen un “Código de buenas prácticas” para las Entidades Financieras, lo que quiere decir que éstas pueden decidir libremente si se acogen o no a esta forma de actuar, pero se les anima a ello.

¿En qué consisten estas buenas prácticas? Pues en dar facilidades a las familias anteriormente mencionadas, familias muy desprotegidas y que viven situaciones límite. En esos casos se alienta a los bancos a que, en caso de impago de la hipoteca, se les pueda aplicar la dación en pago, es decir, puedan entregar su vivienda al Banco y, de esa forma, salden su deuda. Además, se les insta a que la ejecución del desahucio no se haga de forma inminente, sino que se pueda prorrogar durante un periodo de dos años.

Parece lógico pensar que toda esa gente que ha apostado fuerte por tener un “hogar” propio y las circunstancias le han jugado una mala pasada, tenga que devolver su vivienda en caso de que no pueda hacer frente a los pagos comprometidos. Quizá esas personas llevaron su situación al límite y ahora ésta les ha pasado factura. Pero, ¿no sería coherente pensar que con perder su vivienda ya debería estar saldada su deuda y ya habrían “pagado su culpa”?… Evidentemente, sí (desde un punto de vista moral y humano).

Sin embargo, desde el punto de vista financiero hay que considerar otros aspectos. Los bancos que apliquen estas medidas podrán tener determinadas deducciones y ayudas por parte del gobierno, debido a un hecho innegable si realizamos un análisis financiero, y es que el valor de las viviendas ha caído considerablemente, por lo que el valor que ahora tienen los inmuebles no sirve para compensar la deuda que se contrajo con el Banco.

Esta reflexión daría la razón a las Entidades Financieras. Sin embargo, la mayoría pensamos que es justo y necesario tener en cuenta cómo se ha llegado a esta situación y qué causas la han provocado. Actuar en consecuencia supone que todos debemos ser copartícipes de los errores cometidos en el pasado y no dejar toda la carga sobre las débiles espaldas de los más desfavorecidos.

Sin querer echar las culpas a nadie, quizá sea justo y humano ayudar, no sólo a las grandes Entidades Financieras, sino también a los pequeños ciudadanos de “a pié”, que pusieron toda su ilusión y su vida en la compra de una vivienda y ahora ven cómo están perdiendo “todo” y se están quedando literalmente en la calle.

Por eso, mi respuesta a la pregunta inicial es un rotundo SÍ. La dación en pago es una obligación moral que reducirá muchos dramas humanos. Esperemos que la fórmula surta efecto.