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Autor: Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Economía Aplicada. Hacienda Pública – Universidad de Castilla-La Mancha

La economía española se encuentra en un proceso de crisis profunda que dura ya más de cuatro años y sobre la que no se atisba salida inmediata. En esta situación confluye un conjunto de desequilibrios que se retroalimentan y fortalecen:

  • Una crisis fiscal, que se manifiesta en el hecho de que nuestras finanzas públicas han pasado de un superávit del 1,9% en 2007 a un déficit del 11,11% en 2009 y del 9,2% en el 2010, para acabar 2011 con un 8,2%, muy alejado de los compromisos del Plan de Estabilidad de España con la UE que situaban el déficit a final de ese año en el 6%. Es decir en poco más de dos años, el déficit ha supuesto en términos absolutos pasar de un ahorro de 20.000 millones de € a un déficit de 110.000 millones de €. Estos déficits han hecho que nuestra Deuda Pública haya crecido exponencialmente en los últimos años, pudiendo alcanzar a final del 2011 el 70,1% del PIB, según el FMI, cuando en 2007 se situaba en el 37%. Es decir, en 4 años se ha incrementado el nivel de endeudamiento público en 300.000 millones de €. Esta absorción de recursos financieros por parte del Sector Público ha expulsado de la financiación al sector privado que ha visto, no sólo reducido el volumen de financiación disponible, sino que la escasa financiación canalizada lo ha sido a un mayor coste.
  • Una crisis del empleo, debida a la paralización del crecimiento económico que ha puesto en toda su magnitud las carencias, desequilibrios y rigideces de nuestro mercado de trabajo. El impacto de la recesión no se ha podido solventar con moderación salarial y flexibilidad interna en las relaciones laborales, por lo que el ajuste se ha producido a través de la destrucción del empleo. A finales de 2011, la tasa de desempleo en España ha superado el 22%, duplicando la media de la UE y con una tasa de desempleo juvenil del 48,5%, en una situación donde los parados de larga duración suponen el 48,2% del total. Conviene no olvidar que la cobertura de estas situaciones suponen una presión limite a la Finanzas Públicas (en 2007, las prestaciones por desempleo suponían alrededor de 9.000 m€, mientras que en las actualidad superan los 32.000m€).
  • Una crisis inmobiliaria, que ha conllevado una pérdida de actividad importante que ha supuesto una reducción del empleo del 44,4% desde el año 2007. Además, se ha producido una bajada importante en el precio de los inmuebles, el 16,6%, según el . Existe un enorme stock de viviendas nuevas pendientes de colocar (687.523 a finales de 2010, según Fomento) que aplazan la posible recuperación del sector que sigue siendo crucial en la economía española. L a demanda de viviendas se ha desplomado debido a la situación de desempleo de posibles compradores, especialmente la jóvenes generaciones, pero también por las restricciones crediticias.
  • Una crisis del sistema financiero, que se manifiesta en un deterioro de los balances de gran parte de las instituciones financieras debido a la digestión de los activos inmobiliarios cuyo coste de mercado es muy inferior al valor en libros. Esta situación que obliga a recapitalizaciones y aprovisionamiento masivos ha llevado a algunas entidades a padecer restricciones de financiación de los mercados mayoristas de capitales, que les obligan a luchar encarnizadamente por la liquidez y el pasivo de los clientes y, en última instancia, a endeudarse con el BCE, con el fin de mantener saneados sus balances. Esto implica que la financiación se usa con fines de propia supervivencia de las instituciones, sin que se canalice hacia las empresas a través de la concesión de nuevos créditos. El efecto sobre la economía española es de un estrangulamiento financiero como consecuencia de la restricción y el encarecimiento del crédito (credit crunch).
  • Una crisis del sector exterior que se manifiesta en un continuo y permanente déficit exterior. Aún en una fase tan crítica como la actual, el 2011 se va a cerrar con un déficit del 3,8%, que pone de manifiesto un problema de competitividad exterior que limita nuestras posibilidades de crecimiento y profundiza nuestra necesidad de financiación externa.

Precisamente, la financiación exterior es uno de los elementos diferenciales de la crisis económica española frente a otros países como Italia. En 2010, nuestra posición deudora neta frente al resto del mundo era, según el BdE, del 85% del PIB, frente a un 60% en 2005. Esta carga se ha convertido en una restricción fundamental que nos hace especialmente sensibles a cualquier movimiento de retracción de la financiación internacional. A este respecto, el año 2012 es especialmente complicado, por cuanto habrá que atender vencimiento del orden de 320.000 m€ (30% del PIB), de los cuales 200.000 m€ serán públicos (140.000 m€ de refinanciaciones y 80.000 m€ de déficit del ejercicio, en función de las desviaciones finales del mismo) y más de 100.000 m€ de deuda del sector financiero, según el FMI.

Nuestra prima de riesgo respecto al Bund alemán se ha elevado sustancialmente en el último ejercicio y, a pesar de los Acuerdos de la Reunión de Jefes de Estado y de  para revisar los Tratados de la Unión en materia de estabilidad presupuestaria, este diferencial no ha mejorado, situándose en el entorno de 350 puntos básicos, frente a los 250 con los que se inicio 2011. Pero, además, este diferencial es ficticio ya que la compra de deuda por parte del BCE en el mercado secundario está ayudando a rebajar su coste. El problema fundamental de este crecimiento del diferencial de deuda es que el coste de financiación del sector privado considera como referencia el interés de la deuda pública, por lo que, cuando ésta se eleva, se encarece el tipo de interés de las colocaciones del conjunto de la economía.

El cierre de los mercados mayoristas de financiación está afectando especialmente al sector privado, provocando un efecto contractivo adicional en sectores que dependen de la financiación para su operatividad como es el caso de la construcción, de la inversión de capital y , espcialmente de las PYMES y autónomos. Resulta fundamental para nosotros abrir mercados de financiación de manera que la misma fluya en cantidad y en coste suficiente para reactivar la economía en su conjunto, especialmente el sector empresarial.