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Autora: Guadalupe Arce González

Todos estamos preocupados por las distintas medidas con las que nos asaltan los telediarios todos los días para, presuntamente, plantar cara a la crisis. La tijera, que ya es una más de la familia, nos está afectado en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en los que, a mi juicio, son los dos pilares fundamentales del Estado del Bienestar: Sanidad y Educación.

Según la  para la Defensa de la Sanidad Pública, la disminución del presupuesto medio por habitante en Sanidad ha sido de 140,13 euros por año desde 2010. Los recortes no han sido homogéneos en todo el territorio español. Concretamente, el gobierno castellano-manchego puso en marcha el pasado año un plan para ahorrar 400 millones de euros en Sanidad, aumentando la jornada laboral del personal sanitario en 2,5 horas semanales, suprimiendo complementos salariales y reduciendo sustitutos. Por otra parte, algunos hospitales como el de Almansa, Villarrobledo o Tomelloso pasan a ser gestionados por empresas privadas y congelando la carrera profesional de los trabajadores, entre otras medidas.

Ante esta realidad, ¿es posible negar la disminución efectiva de la capacidad y calidad asistencial del servicio público de salud? La respuesta parece ser no, puesto que se están inhabilitando camas e incluso plantas enteras en los hospitales, cerrando consultas en los centros de salud, clausurando quirófanos, retrasando intervenciones, disminuyendo el personal presente en cada guardia y suma y sigue.

Los profesionales están molestos, saturados de trabajo, que en ocasiones les hace hasta rotar de especialidad y lo que es peor, están desmotivados y se sienten utilizados; como una enfermera del Hospital General  comentó: “se aprovechan de nuestra vocación y de nuestra responsabilidad, luego tenemos que cargar con la culpa de las posibles negligencias que pueden surgir tras 24 horas de trabajo seguidas. Los profesionales sanitarios no somos dioses, somos personas”.

Además, la posibilidad de establecer un sistema de copago está encima de la mesa. Y aquí la moneda tiene dos caras:

¿Hay un exceso de consumo? ¿Están la gratuidad y los derechos de los pacientes mal entendidos? Un estudio realizado en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid demostró que el 85% de los pacientes que acuden a urgencias no tienen una patología urgente que requiera dicha atención. ¿Es esta situación consecuencia de una supuesta población híper-demandante? ¿Es útil el copago para eliminar este presunto exceso de demanda?

Los que lo defienden afirman que las urgencias se descongestionarían, las derivaciones al especialista serían más reales, sin mermar la salud de la población. Pero, tenemos que pensar si ello ¿supone establecer una barrera de entrada a las prestaciones sanitarias en segmentos de la población con menos ingresos y una cierta forma de discriminación a los que están más enfermos? ¿No supone esto que la Sanidad deje, en cierta forma, de ser universal? Después de esto, lo que está claro es que los recortes, se reflejen de una manera u otra, no van a afectar por igual a todos los individuos.

Desde los sindicatos de médicos se alega que son conscientes de la situación, pero conocen a la perfección las partidas en las que se puede ahorrar sin perjudicar el funcionamiento del sistema sanitario y sobre todo sin coartar derechos, pero para eso hubiera sido útil que al menos se les hubiera consultado antes de imponer las medidas.

Los planes de austeridad deberían atender a un análisis de los efectos que éstos tendrán en el largo plazo, considerando los costes implícitos en cada una de las medidas aplicadas y no realizarlo de forma compulsiva, con la obsesión de reducción del déficit a toda costa, caiga quien caiga.

Los recortes indiscriminados en Sanidad no son buenos para la salud. Desde mi punto de vista hay que plantearse que atacar a los ejes vertebradores del Estado del Bienestar es declarar la guerra a la universalidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.