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Autor: Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Economía Aplicada. Hacienda Pública – Universidad de Castilla-La Mancha.

El crédito a los sectores es la sangre del sistema económico y el sistema financiero el corazón que bombea este precioso liquido a todo el sistema. Un corazón defectuoso complica la irrigación de los órganos, puede necrosarlos y colapsar el sistema en su conjunto. Es, pues, necesario revitalizar ese corazón y normalizar el crédito para asentar las bases de un crecimiento estable y sostenido y generador de empleo.

 ha reconocido la importancia de un Sector Financiero transparente, bien capitalizado y con capacidad para hacer fluir el crédito hacia todos los agentes y sectores de la economía europea. Para ello, y mientras se desarrolla el proceso de reestructuración en Europa, resulta fundamental un papel activo del  manteniendo sus líneas de liquidez operativas al máximo. Si no existe esta liquidez, la coincidencia en el tiempo de la recapitalización y la reestructuración financiera pueden provocar una contracción excesiva de los balances lo que puede desencadenar una espiral contractiva de de activos, deuda y créditos, comprometiendo la solvencia de las entidades.

El punto de partida del proceso debe ser el reconocimiento de la situación patrimonial de las entidades financieras, es decir, la transparencia en sus cuentas para mantener la confianza de los inversores. Las entidades deben evitar hacerse trampas en el solitario, es decir, deben informar con detalle sobre su estructura de financiación y su solvencia y sus posibles exposiciones a riesgos. En este sentido, se debe vigilar especialmente la calificación y valoración de los activos que conforman su balance. La solvencia esta estrecha e indisolublemente unida a una adecuada valoración de los activos y a un reflejo ajustado en los balances de las entidades. Cualquier sospecha sobre la incorrección en la valoración para evitar el riesgo de las provisiones supone una pérdida de credibilidad de la institución y un riesgo de solvencia a medio plazo, que puede compromete, si se generaliza la práctica, al sistema financiero en su conjunto.

1. La reestructuración del sistema financiero.

Probablemente sea el proceso más complicado al conjugar elementos técnicos y políticos, en muchos casos antagónicos. El sistema financiero español se caracteriza, grosso modo, por el minufundismo institucional. Existe un problema de exceso de instituciones con estructuras comerciales hipertrofíadas para el reducido tamaño medio de las entidades, lo que conlleva una menor eficiencia y productividad, especialmente en el caso de las Cajas de Ahorro. En los últimos dos años hemos asistido a una primera ronda de reestructuraciones y reconversiones que, en muchos casos, han sido más testimoniales que reales o efectiva. El proceso, que arrancó en 2009, ha supuesto que existan 14 entidades frente a las 45 anteriores. La plantilla media de las entidades fusionadas y la red de oficinas se ha recortado un 17% En consecuencia, es necesario llevar a cabo una segunda ronda de reconversiones más exigente y efectiva en el rediseño del nuevo mapa financiero y bancario español. En este sentido, el proceso, que exige también cierta celeridad, obligaría a:

  • Acelerar los procesos de integración iniciados permitiendo una mayor aprovechamiento de las economías de escala.
  • Ajustar las estructuras comerciales mediante reducciones de plantillas y oficinas y la búsqueda de agentes comerciales externos a la estructura administrativa de las instituciones (agentes financieros).
  • Consolidar la profesionalización ´de los órganos gestores y despolitización de los órganos rectores, especialmente en las Cajas de Ahorros.

En definitiva, se trataría de mejorar el gobierno corporativo mediante la generalización de consejeros independientes y directivos profesionales, y perfeccionar los instrumentos y procedimiento de control. No obstante, las instituciones financieras españolas y, especialmente, las Cajas de Ahorros, no sin razón, se vienen quejando de los cambios regulatorios continuos y las modificaciones en los requisitos de solvencia que han introducido las autoridades europeas en el último año. A mediados del pasado año, la  ha obligado a elevar los fondos propios de los grupos sistémicos, poco después de haber realizado los test de estrés a la banca europea. Las exigencias, fijadas por la EBA, son necesarias a medio plazo, pero pueden tener un efecto importante sobre los flujos de créditos a corto plazo. Las estimaciones que la EBA realizó a final de 2011 sobre las nuevas necesidades de capital de los principales bancos españoles para cumplir con la normativa de solvencia se sitúa en 26.170 m€. Las entidades necesitan captar esta cantidad antes de junio de 2012, que trata de reforzar la solvencia y cubrir los riesgos de un deterioro de los balances de las entidades vinculados a las posiciones en deuda soberana de los países con riesgo de impago. Casí todas las instituciones afectadas esperan cumplir los requisitos de solvencia a través de generación de capital, las emisiones de convertibles y mejoras en el balance, así como la capitalización de beneficios.

2. La recapitalización del sistema financiero.

De acuerdo con los nuevos requisitos de solvencia establecidos a nivel europeo para las entidades sistémicas es necesario proseguir con un proceso de recapitalización buscando en la medida de lo posible que este proceso se haga a través del mercado y sólo subsidiariamente mediante fondos públicos. El Acuerdo alcanzado el 27 de Octubre de 2011 en Bruselas traza las grandes líneas de recapitalización de los bancos sistémicos en la UE. Básicamente, se exige a estas entidades que, antes del 30 de junio de 2012, eleven sus ratios de capital de máxima calidad hasta el 9%. Para ello tendrán que hacer, además, un conjunto de ajustes valorativos más exigentes que la normativa preexistente al tener que valorar a precios de mercado el conjunto de la deuda soberana que en estos momentos suele ser bastante inferior al nominal o valor de adquisición. Este ajuste valorativo se considera temporal debido al comportamiento extremadamente volátil de valor de la deuda soberana. Según estimaciones europeas, la banca española necesitará 26.161 m€ para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia que se añaden a los 6.290 m€ del ajuste en la cartera de deuda. Este impacto reducirá el flujo de crédito a los agentes económicos, obligará a las entidades a recortar dividendos, ampliar capital y/o realizar desinversiones y , en algunos casos, obligará a recurrir a capital público.

En consecuencia, el sector bancario, no así el Gobierno, han reconocido que el saneamiento no podrá realizarse, en su integridad, sin dinero público. Según el Ministro de Economía español, el saneamiento va a requerir, por todos los conceptos, en torno a 50.000 m€ en provisiones adicionales. Aunque se pretende que este coste sea asumido por las instituciones, hay previstos mecanismos de apoyo público a aquellas instituciones que no puedan afrontar por sí mismas la depuración de sus balances. Las estimaciones de ayudas estatales se situarían en un entorno de los 7 a 10.000 m€, que se canalizarían a través del FROB, aunque no es descartable una participación del Fondo de rescate europeo, que cuenta en la actualidad con 440.000m€ y que se prevé incrementar hasta un billón de € (1). Estas ayudas se articularían a través de la suscripción de títulos (participaciones preferentes o bonos convertibles). Es decir, tales ayudas tendrían un carácter transitorio y no serían a fondo perdido ya que el Gobierno obtendría rendimientos a través de cobro de dividendos o intereses.

La parte del león del saneamiento la debería cubrir el propio sector a través de la capitalización de beneficios, aplicación de reservas, ampliaciones de capital y ventas de activos, entre otras fórmulas. También se cuenta con las participaciones preferentes emitidas por las entidades. Evidentemente, no todas las entidades tienen el mismo margen de maniobra por lo que habrá que analizar y segmentar a las entidades en función de su fortaleza y capacidad para afrontar el proceso.

Fijadas las condiciones de recapitalización será necesaria una modificación de la circular del  que fija el sistema de provisiones mínimas frente a riesgos. El BdE ya modificó en 2010 su norma contable sobre dotaciones a provisiones, pero parece necesario volverlas ajustar a las nuevas necesidades. En aquella ocasión, la circular del BdE pretendía incrementar las provisiones por posibles insolvencias por riesgos inmobiliarios hasta el 30% del valor de tasación del inmueble cuando hubiesen transcurrido más de 24 meses desde la adquisición del activo en pago de deudas, manteniéndose el 20% cuando hayan transcurrido 12 meses. Estos incrementos de las provisiones han reducido el volumen de beneficios de la banca, pero han sido necesarios dado que los aprovisionamientos previos fueron aplicados en la primera fase de la crisis inmobiliaria. La medida tenía un doble objetivo: i) crear un fondo de reserva que permitiese a las entidades el afrontar nuevas pérdidas por transmisión de pisos y solares en el caso, habitual, de que el precio de ejecución de los activos sea inferior al de tasación, y ii) incentivar, a través de las elevación de estas previsiones, a las entidades financieras a que se deprendiesen cuanto antes de la importante cartera inmobiliaria que han constituido durante la crisis, con el fin de no lastrar a largo plazo los resultados de la entidad. A pesar de esta normativa más exigente, el estrechamiento de los márgenes financieros del sector bancario, la merma de ingresos de explotación y los elevados coste de amortización de la deuda por las dificultades de endeudamiento exterior y el incremento de la prima de riesgo país como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales, han provocado nuevos episodios de falta de solvencia de algunas instituciones, especialmente Cajas de Ahorros, por lo que se ha hecho necesario abundar en la reestructuración y recapitalización del sistema bancario. En cualquier caso, y con objeto de dimensionar el esfuerzo de saneamiento a realizar, es necesario tener en cuenta que el saneamiento por provisiones específicas realizado por el sector bancario español desde 2008 hasta junio de 2011 se ha estimado en 66.000 m€

En una nueva vuelta de tuerca, el Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, por el cual va a elevar las exigencias de provisiones de los riesgos inmobiliarios que suman, en total, 175.000 m€, sobre una exposición total al sector inmobiliario de 323.000 m€, según datos del Banco de España (2). Esta nueva reforma financiera pretende dar solución (¿definitiva?) a la dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito, por cuanto están generando:

  • Serias dificultades de las entidades para acudir a la financiación mayorista, dada la falta de confianza en la situación patrimonial real de las mismas, y
  • Reducida financiación al sector privado de la economía.

La reforma aprobada en el Consejo de Ministros del 3 de febrero se pretende proceder a un saneamiento rápido y profundo del sistema financiero, al mismo tiempo que facilita la puesta en marcha de integraciones viables entre entidades con el fin de conseguir que éstas adquieran un dimensión adecuada a la necesidades de competencia financiera internacional y de eficiencia económica en su gestión. Para ello se pretende que todo este proceso se desarrolle en un plazo de tiempo determinado y breve que no vaya, en los casos más complejos, más allá de dos años.

En concreto, la desagregación de los riesgos es la siguiente:

1.De los activos problemáticos, es decir, de los 175.000 m€ antes citados, 88.000 m€ corresponden al suelo y promociones en curso, que disponen actualmente de una cobertura por aprovisionamientos de en torno al 31% de media.

2.El resto de los activos problemáticos, cifrados en 87.000 m€, disponen de una cobertura con provisiones del 27% de media.

3.No obstante, existen otros 148.000 m€ que no plantean problemas, por el momento, pero que en cualquier momento pueden transitar desde esta consideración a la de problemático, y para ello no existe cobertura alguna en cuanto a provisiones.

Con esta situación de partida, el Gobierno plantea un aumento significativo del saneamiento de los activos bancarios, en torno a 50.000 m€, tanto a través de requerimientos de provisiones como de recursos propios, dotando de un tratamiento específico a cada tipo de activo problemático y haciendo pivotar el esfuerzo en las propias entidades, minimizando la necesidad de aportación de recursos públicos´. En este sentido, y en relación a los activos problemáticos, se plantea una doble acción:

-La dotación de provisiones específicas extraordinarias con cargo a resultados. Su importe estimado total ascendería a unos 25.000 m€.

-Generación de un base de capital, constituyendo un colchón del 20% (suelo) y del 15% (promoción en curso) sobre los activos más problemáticos, es decir, aquellos que tienen mayor incertidumbre en su valoración. Esta base se constituirá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliaciones de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada,…). Su importe total se estima en 15.000 m€

Respecto a los activos no problemáticos ligados a la promoción inmobiliaria, y previendo una posible transformación de estos en problemáticos en un futuro al tener un riesgo más elevado que el resto de la cartera de activos, se exige una provisión genérica de, en torno, a un 7%. Esta provisión se realizará contra resultados, siendo su importe estimado de 10.000 m€.

La fecha límite para realizar estas provisiones y la dotación de capital será el 31 de diciembre de 2012. Con este programa de saneamiento , se lograría una cobertura del 80% en el caso del suelo ( 31% dotación actual, más 29% provisiones adicionales, más 29% de base capital), del 65% en el caso de las promociones en curso (27% de dotación actual, más 23% de provisiones adicionales, más 15% de base capital) y del 35% en el caso de promociones terminadas y vivienda (25% de dotación de cobertura actual más 10% de provisiones adicionales).

Hay que entender que este proceso tiene un carácter extraordinario ya que supone un esfuerzo de saneamiento enorme a las entidades financieras y conlleva un reajuste muy significativo en relación a las valoraciones originarias de las garantías. Por ello, para los activos inmobiliarios que en 2013 y sucesivos pasen a la consideración de problemáticos, así como las nuevas operaciones, se aplicarán los criterios clásicos recogidos en la Circular del Banco de España 4/2004.

El saneamiento de los riesgos inmobiliarios va provocar una importante transformación del mapa bancario español, surgiendo un número menor de entidades con un mayor tamaño. Las estimaciones que se barajan hablan de un sector con entre diez y quince grupos, que se configurarán en función de los distintos procesos de concentración no articulados, pero si tutelados por el Gobierno. En este sentido, es necesario destacar la imposición de un conjunto de reglas de gobierno corporativo de las entidades que resulten de los procesos de concentración.

El Real Decreto Ley 2/2012 prevé un procedimiento para facilitar estos procesos de fusión, reagrupamiento o redimensionamiento del sector financiero español. Para proceder en consecuencia, las entidades en proceso de fusión deberán presentar un Plan de viabilidad de gobierno corporativo que haga posible una rápida y eficiente integración corporativa bajo una misma forma societaria, evitando el régimen de SIP que ha fracasado en muchos casos. Para acogerse a este proceso será necesario una compromiso cierto de ampliación del crédito.

Los plazos para resolver los procesos de fusión son bastante ajustados ya que las entidades deben presentar los proyectos antes del 30 de mayo y las solicitudes deben resolverse en el plazo máximo de un mes.

Como ventajas del procedimiento podemos citar la posibilidad de sanear el deterioro de los activos contra el patrimonio de la nueva entidad y la ampliación de las posibilidades de actuación vía FROB en la financiación del proceso, si empre que resultase necesario, a través de la adquisición de bonos convertibles contingentes (CoCo´s). Para ello, el FROB verá incrementado sus recursos propios, de 9.000 m€ hasta 15.000 m€, manteniéndose el límite actual de endeudamiento en 100.000 m€, con la lógica mejora en su capacidad de endeudamiento, fundamental para reducir el coste de financiación de los instrumentos emitidos por el mismo. Sin olvidar que esta fórmula de apoyo institucional a los procesos de fusión no afecta a los compromisos de déficit público aunque sí puede, en su caso, incrementar los niveles de endeudamiento de las Administraciones.

Este modelo de redimensionamiento pretende la consolidación de un modelo financiero y bancario donde se garantice la pervivencia de las entidades viables, el logro de eficiencia de gestión y la eliminación de excesos de capacidad. En definitiva, se trata de mejorar la confianza y credibilidad del sistema financiero español, despejando las dudas que existen sobre el valor de los activos inmobiliarios y garantizando la viabilidad de las entidades que resulten del actual proceso de saneamiento y consolidación.

Bajo la premisa de que la mayor parte de la reestructuración sea asumida por el propio sector, se podría clasificar el proceso de la siguiente forma:

1.Entidades que podrán cubrir su saneamiento casi íntegramente con cargo a resultados y marginalmente con excedentes de capital, plusvalías por venta de activos:

Se trataría de las entidades más fuertes (Santander,  y ). El plazo para conseguir el saneamiento sería de un año (2012). Además es posible que alguna de estas instituciones pueda hacerse cargo de otras entidades más débiles, en cuyo caso podrían dilatar el proceso un año más. Los nuevos requerimientos de la reforma financiera van a suponer un incremento de provisiones de 6.100 m€ al Santander, 4.000 m€ al BBVA. 4.471 m€ a , 3450 m€ al Popular y 2.369 m € al Sabadell, según comunicación a la CNMV realizada el 7 de febrero de 2011.

2.Entidades que podrán cubrir su saneamiento parcialmente con cargo a resultados, pero también contra capital a través de las reservas y la venta de activos (Ibercaja, ). Estas entidades también podrían entrar en el juego de hacerse cargo de otras entidades más débiles.

3.Entidades viables, pero con dificultades para sanearse con cargo a resultados y/o capital. En este caso, la alternativa que se plantea es la de fusionarse o recibir apoyo público de forma transitoria. En el primer caso, el Gobierno permitiría el saneamiento contra plusvalías derivadas del proceso de fusión, como ha ocurrido en la fusión del Popular y el . En el segundo caso, optarán por pedir fondos al Gobierno a través de la suscripción de títulos como participaciones preferentes o bonos convertibles en acciones, en vez de inyecciones directas de capital. Estos títulos, que computarían como fondos propios, serían asumidos por el FROB o por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de forma transitoria. En esta agrupación estarían todas las Cajas de Ahorros y donde se esperan un mayor volumen de fusiones.

4.Entidades inviables y que deben pasar obligatoriamente por un proceso de fusión por absorción o por subasta (Novocaixagalicia y )

Todo este complejo proceso implicará que, si todo se hace en tiempo y forma, las dificultades de canalización del crédito al sector productivo de la economía seguirán existiendo en un plazo de, al menos, un año. Es decir, ¡hasta que no se llene el pantano, el agua no inundará con su benéfica influencia los campos productivos! Y, por desgracia, el pantano está más vacio de lo que pensábamos.




1) La estabilización de la Eurozona exige elevar con fuerza la capacidad de apalancamiento del Fondo Europeo de Estabilización Financiera pasando de los 440.000 m€ a un billón. Pero además es necesario más protagonismo del BCE aportando liquidez y comprando deuda periférica, lo cual se ha logrado en los últimos meses. A medio plazo, es necesaria más gobernanza económica, es decir, una macroinstitución europea que controle las políticas presupuestarias y coordine las mismas, actuando en estrecha relación con el BCE, así como una Tesoro común que pueda emitir eurobonos. Además, la recapitalización no debe limitarse a la banca sistémica sino ampliarla a toda la banca europea.

2) Los datos se refieren a 30 de junio de 2011.