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Autor: Rosario Pérez Morote

Nunca había sido tan oportuna, a pesar de constituirse como un hecho totalmente necesario, la noticia que el pasado martes 24 de enero anunció el Gobierno sobre su intención de aprobar durante el primer semestre de 2012 el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y  aplicable a las instituciones públicas.

Dicho anteproyecto de Ley viene a recoger la voz de la ciudadanía ante la necesidad de generar e instaurar la confianza perdida en relación a los responsables de la gestión pública en nuestro país.

En mi opinión no existe nada más deseable que la “Transparencia” sobre la gestión pública ante los ciudadanos, aunque para poder lograrla hemos de plantearnos la siguiente cuestión: ¿los sistemas de planificación, gestión y control existentes actualmente en las administraciones públicas están lo suficientemente desarrollados para generar información útil, fiable y válida, que de forma transparente, sirva para la toma de decisiones, repercuta en la retroalimentación de la prestación de los servicios públicos en aras de mejorar su eficiencia y pueda ser conocida por la ciudadanía?.

Qué mayor transparencia se puede pedir a una administración pública, de cualquier nivel, que aquélla que es capaz de dar respuesta a sus ciudadanos sobre el grado en que se han cubierto las necesidades sociales detectadas; o bien, sobre sí los recursos existentes se han utilizado de la forma más eficiente posible y son suficientes para financiar el coste real de los mismos; o sobre sí se han desarrollado actividades en la prestación de los servicios que no han aportado valor alguno a los mismos; o sobre cuál es coste en el que se incurre para la prestación de los servicios públicos proveniente de otros servicios o áreas transversales ubicados bien en administraciones públicas del mismo nivel o de niveles superiores.

En relación al “Buen Gobierno”, los cargos públicos deben constituir el primer eslabón de la cadena en la labor de llevar a cabo una gestión y un uso austero de los recursos.

Todo ello no será posible sí no se orienta el proceso de planificación y control de las funciones públicas hacia la búsqueda de la mejora continua. Las nuevas tendencias de la gestión pública en los países anglosajones enfatizan la importancia de la planificación por objetivos, de la evaluación de los resultados y de la generación de información relevante, fiable y oportuna sobre la gestión realizada. Todo ello constituye un requisito imprescindible para la modernización de las instituciones públicas. En este sentido es preciso desarrollar modelos de medida de la ejecución y sistemas de información de carácter universal capaces de atender las diferentes necesidades. Los indicadores de gestión son uno de los instrumentos más utilizados para llevar a cabo las actividades de evaluación y control de la actividad pública.

La implantación de una cultura de mejora en la prestación de los servicios públicos encuentra en la evaluación su punto de partida, siendo la comparación con otras administraciones públicas, a través de indicadores, una herramienta fundamental en este propósito. El diseño y la eficacia de éstos exigen un conocimiento profundo de la circulación interna de valores dentro del  y de los servicios públicos, aspectos que hacen necesarios el avance de una contabilidad analítica instaurada de forma obligatoria en nuestras instituciones.

Además, sin la existencia de un sistema de control interno de la gestión que incluya la función de auditoría operativa y sirva de base para la fiscalización externa de la eficiencia, eficacia y economía, nunca se podrá avanzar de forma real y auténtica en la transparencia de las instituciones. En este sentido puede decirse que los procesos de control y medición de los resultados tienen como fin detectar los desfases entre lo planificado y lo conseguido, identificando sus causas para posteriormente iniciar las acciones correctoras o emprender mejores prácticas. Dentro del proceso de control la auditoria operativa está orientada tanto al examen crítico como a la colaboración con la gestión siendo sus conclusiones de utilidad para la mejora de la actividad y para una rendición de información más transparente.

Sería interesante establecer vínculos entre los resultados del informe de auditoría operativa en cada entidad y la financiación recibida desde Administraciones superiores, bien en relación al montante de transferencias recibidas como a la flexibilidad existente para realizar el gasto. El establecimiento de un sistema de sanciones en función de los resultados de la auditoria operativa externa podría constituir uno de los estándares de “Buen Gobierno” de las administraciones públicas que incrementaría la responsabilidad de las mismas. ¿Estarían los Órganos de Control Externo dispuestos a asumir dicha responsabilidad?

Este anteproyecto de Ley se vería fortalecido al favorecer la claridad de los procedimientos aplicados para la prestación de los servicios públicos, la aplicación de códigos éticos, el compromiso de la prestación de servicios de calidad, y en definitiva la orientación expresa hacia el interés general y la satisfacción de las demandas y necesidades sociales, sumándose a una nueva cultura de evaluación y control con la que someter al escrutinio de los ciudadanos a todas las intervenciones públicas.